La Generalitat aflora un 23% más de fraude fiscal en Alicante al calor del 'boom' inmobiliario

Los esfuerzos de la Generalitat por combatir el fraude fiscal cosecharon un resultado más que notable durante el año pasado. Especialmente en Alicante, donde el aumento de la actividad inmobiliaria también propició un incremento de los intentos de incumplimiento por parte de los contribuyentes, que fueron detectados por los funcionarios de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV), el organismo dependiente de la Conselleria de Hacienda que se encarga de gestionar los impuestos propios y cedidos con los que cuenta el Ejecutivo autonómico.

Según el balance facilitado por la propia ATV, el organismo dirigido por Sonia Díaz llevó a cabo hasta 17.413 actuaciones de control, comprobación e investigación en la provincia a lo largo de 2022, que permitieron recaudar hasta 42.911.682 euros, un 23% más que en el ejercicio anterior. Una cifra que, además, contrasta con el incremento mucho más moderado, de alrededor del 1%, en que creció la recaudación por la lucha contra el fraude fiscal en el conjunto de la autonomía, que sumó 96,2 millones de euros, de acuerdo con las mismas fuentes.

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La propia Díaz vincula este incremento del fraude aflorado en Alicante al crecimiento que experimentó la compraventa de viviendas en la provincia, que también disparó más de un 30% los ingresos totales de la Administración autonómica en la zona –que superaron los 1.138 millones de euros-, sobre todo por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados, que se abonan con cada una de estas operaciones.

Al respecto, Díaz señala que el fraude aflorado corresponde, tanto a compraventas o transmisiones directamente no declaradas, como a la comprobación de los requisitos para aplicarse los tipos reducidos de estos impuestos de los que disfrutan determinados colectivos, como los jóvenes. Igualmente, también se vigiló la aplicación de determinados beneficios fiscales o, por ejemplo, si la venta de determinadas sociedades encubría en realidad la venta de un inmueble, con el objetivo de ahorrarse impuestos.

En este sentido, la directora de la ATV recuerda que este organismo recibe a diario los datos con las nuevas escrituras que se firman en las notarías o se envían al Registro de la Propiedad, por lo que resulta cada vez más complicado ocultar información a la Administración. Un intercambio de información que, además, no deja de reforzarse gracias a las nuevas tecnologías, que también permiten cruces de datos mucho más rápidos.

Del total recaudado en la lucha contra el fraude en la provincia, hasta 21,7 millones se consiguieron con actuaciones de gestión, es decir, con las comprobaciones masivas que se realizan, por ejemplo, del cumplimiento de los requisitos; mientras que otros 19,3 millones fueron fruto del departamento de inspección. Además, se contabilizaron 672 autoliquidaciones de contribuyentes inducidas por la actuación de ATV, su aportaron otros 1,8 millones.

Herencias

Aunque el mayor aumento en Alicante se produjera por el incremento de la actividad inmobiliaria, a nivel autonómico el mayor resultado de la lucha contra el fraude se produce en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, es decir, el que se paga con las herencias, que aportó hasta 42,3 de los 96 millones recaudados por esta vía. En este caso, la Generalitat se está mostrando especialmente vigilante en la comprobación de que se cumplen los requisitos para aplicarse la deducción en el traspaso de las empresas familiares. Además, un control que se realiza tanto en el momento en que se produce el cambio de titularidad, como a lo largo de los cinco años que deben mantenerse los herederos al frente de la compañía para poder beneficiarse de la desgravación.

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Por su parte, el control de los traspasos de propiedades aportó 36,2 millones de euros a nivel autonómico, mientras que la detección de incumplimientos en el Impuesto de Patrimonio sumó otros 16,5 millones de euros. En este caso, la Generalitat está pendiente de la resolución de hasta 121 expedientes que tiene abiertos por cambios de domicilio ficticios de contribuyentes, que se registran en otras autonomías o en el extranjero para evitarse el pago de este tributo.

Por último, la lucha contra el fraude en el juego aportó algo más de un millón de euros, mientras que las irregularidades afloradas en tributos de carácter medioambiental sumaron una cuota de 61.102 euros.