Una organización usaba una nave en Elche para almacenar químicos sin regular

La Guardia Civil sitúa una nave de Arenales del Sol dentro de un entramado internacional que traficaba con productos fitosanitarios que no estaban sujetos a control alguno, ha informado este jueves el Ministerio del Interior, lo que podría causar un daño a la salud y al medio ambiente. En el marco de la operación “Kaltegarria” se ha detenido a seis personas (cinco en España y una en Francia), "integrantes de una organización criminal internacional dedicada a la adquisición, almacenaje y comercialización de productos fitosanitarios de uso profesional, sin estar debidamente autorizada", se explica en un comunicado.

Además del registro en Elche se han realizado otros tres en la localidad de Irún (Guipúzcoa) y un quinto en la localidad francesa de Castres en los que se han intervenido más de 26 toneladas de productos fitosanitarios no regulados, cerca de 20.000 euros en efectivo y siete vehículos. Además, se han bloqueado multitud de activos financieros, incluyendo 14 cuentas bancarias. El valor de los bienes intervenidos supera el millón de euros.

Tres millones de beneficio

Se estima que esta organización criminal habría obtenido un beneficio ilegal cercano a los tres millones de euros, derivado de la venta ilícita de los citados productos químicos en territorio nacional, así como a diversos países del continente europeo, destacando Francia. A los detenidos se les acusa por la Guardia Civil de varios delitos de pertenencia a organización criminal, contra el medio ambiente y los recursos naturales, contra la salud pública, de riesgo catastrófico, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Vegetal

La operación se ha desarrollado en el contexto de la sanidad vegetal, actividad dirigida a proteger los vegetales y sus productos de los daños producidos por las plagas, malezas y organismos que causan enfermedades.

La Guardia Civil recuerda que "España es el primer productor de la Unión Europea de frutas y hortalizas y uno de los principales a nivel mundial, encabezando, además, el listado de exportadores de la UE en el sector hortofrutícola y siendo uno de los tres primeros exportadores mundiales junto con China y EEUU. Esta posición de predominancia en el mercado puede causar un impacto muy significativo en la seguridad y salud de las poblaciones, así como en el medio ambiente, si se emplean sustancias fitosanitarias no autorizadas.  Los fabricantes y comercializadores de productos fitosanitarios ilegales, en muchas ocasiones integrados dentro de organizaciones criminales, así como los usuarios finales, aceptan de manera consciente dichos riesgos. La principal motivación que impulsa la comisión de estos delitos es la existencia de una demanda por parte de un sector de la agricultura de estos productos ilícitos, ya sea por la tradición de uso del producto o por la efectividad del mismo, reportando este comercio cuantiosos beneficios ilícitos a los infractores". El marco normativo imperante a nivel europeo y a nivel nacional, prohíbe o restringe la comercialización y el uso de ciertos productos fitosanitarios, con la motivación de la protección medioambiental y del usuario final.

Productos fitosanitarios

"Los productos fitosanitarios son mezclas químicas que contienen sustancias activas y otros ingredientes, cuyo objetivo es proteger los vegetales de organismos nocivos. Contribuyen a aumentar los rendimientos en la agricultura y ayudan a asegurar una buena calidad en los alimentos. Pero al mismo tiempo, su utilización puede tener efectos desfavorables en la producción vegetal y también puede entrañar riesgos para los seres humanos, animales y el medio ambiente. La toxicidad de estos productos puede ser muy elevada tanto en las personas que los manipulan como en los consumidores; explica el comunicado, que asegura que "la aplicación de un producto legal con fines distintos para los que fue diseñado, puede suponer una pérdida total de los cultivos tratados. En el medio ambiente, la aplicación de dichos productos representa un riesgo para la calidad del suelo, de las aguas y su biodiversidad".

 La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Irún (Guipúzcoa), coordinada de forma conjunta por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil con la (Oficina Central de Lucha Contra los Ataques al Medio Ambiente y la Salud Pública (OCLAESP) de la Gendarmería francesa y apoyada por Europol.

Han colaborado en la operación la Oficina Francesa de Biodiversidad (OFB) del Ministerio de Transición ecológica y de la Cohesión de territorios y del Ministerio de Agricultura, y la Brigada Nacional de Investigaciones Veterinarias y Fitosanitarias (BNEVP) del Ministerio de Agricultura de Francia. También han participado diversas unidades de las Comandancias de Guipúzcoa, Alicante y efectivos del Servicio Cinológico de la Guardia Civil.