Setecientos mil metros cuadrados de un ambicioso plan urbanístico de Elche, en el aire

El desarrollo del sector urbanístico MR-10, en la playa de La Marina, en Elche, se encuentra entre los 16 de la Comunidad Valenciana afectados por el PATIVEL (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral), una norma dictada por la Generalitat Valenciana que desde hace ocho años pone freno a la construcción con una medida de protección tierra adentro en una franja de 500 metros de amplitud, lo que acabó en los tribunales. Los promotores recurrieron la norma y las sentencias del TSJ dictadas hasta ahora, que habían sentando un criterio en contra de la norma, se han topado con el Supremo y con una resolución de la que ha sido ponente Carlos Lesmes, quien ha vuelto a dar la razón a la Generalitat y a esa defensa medioambiental a ultranza que propugnaba.

Son casi 700.000 metros cuadrados los afectados en el citado sector urbanístico que aguardan desde 1998, cuando el PGOU autorizó sobre ellos la construcción, un proyecto que, tras esta resolución, obliga a retrotraer los autos al TSJ para que se dicte una nueva con base en las conclusiones que ahora se han adoptado. De estos terrenos se viene hablando desde 2007, entre protestas vecinales de afectados y quejas de los promotores, a través de una Agrupación de Interés Urbanístico, La Vila de la Marina, creada tres años más tarde, a la cual le ha sido imposible la construcción pese a que el PSOE, en 2006, cuando se aprobó el desarrollo, llegó a asegurar que eran un modelo urbanístico a seguir por la gran cantidad de zonas verdes que se iban a crear, preservando la zona colindante a la playa y la pinada. Sobre este asunto también se pronunció en su momento la entonces portavoz del PP en Elche, Mercedes Alonso.

Agrupaciones

La sentencia rechaza los argumentos que sirvieron al TSJ para tumbar el PATIVEL, dando por buenos los argumentos de las distintas agrupaciones de interés urbanísticos, cada una de las cuales recurrió defendiendo su proyecto de la norma con carácter individual. Pero en todas ellas se usaba un argumento similar, asegurando que lo aprobado por el Consell era nulo porque faltaban estudios económicos o informes de impacto (género, familia, infancia y adolescencia). Lesmes da por buenos los argumentos de la Generalitat frente a sentencia que era contraria al PATIVEL autonómica, entendiendo que no se iba a aprobar un plan de ordenación urbanística, ergo no era necesario dichos estudios.

Los magistrados dicen que no es lo mismo una ordenación territorial, que es lo que se pretendía por la Generalitat Valenciana, que una ordenación urbanística, por parecidos que fuesen los conceptos. La Generalitat, y esta quizá sea la cuestión fundamental, tiene por objeto con el PATIVEL establecer unos criterios generales para la ordenación del suelo, no para su transformación. "Distinción conceptual que resulta fundamental", dice Lesmes.

Ordenación

El error del TSJ, entiende el Alto Tribunal, ha sido considerar al PATIVEL un "plan urbanístico y no un plan de ordenación", aplicándole el régimen jurídico de uno al otro. En La Marina hace tres largas décadas que no se construye en la "joya de la corona". La inversión millonaria prevista, los puestos de trabajo que se iban a crear y las oportunidades de nuevos negocios vuelven a ser una ilusión. Mientras, la pelota del MR-10 vuelve al TSJ para, siguiendo los criterios del Supremo, probablemente enterrar el sueño urbanístico. Y mientras, los ecologistas y muchos vecinos que protestaron durante años, felices.

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