Elche gastará casi 4 millones en tecnología que apenas aprovechará para reducir la contaminación del tráfico

Implantar la tecnología que requiere la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Elche va a suponer un desembolso de casi 4 millones de euros. En 2024, si todo marcha según lo previsto, el Ayuntamiento ilicitano recibiría de fondos europeos para esta iniciativa un máximo de 2,7 millones. En 2025 podría recibir otros 200.000 euros adicionales. El resto deberán soportarlo las arcas municipales. Y todo ello para que luego no haya multas y, por tanto, no se sancione si se contamina.

El Ayuntamiento ilicitano acaba de sacar la licitación de este contrato, por importe máximo de 3,8 millones que incluye, por ejemplo, la instalación de cámaras lectoras de matrícula. Pero si el conductor o propietario del vehículo incumple las restricciones de la ZBE (léase aquí acceder con un coche contaminante o no autorizado) no va a ser penalizado de ningún modo, tal y como han reiterado desde el equipo de gobierno local, conformado por PP y Vox, y pese a denunciar esta situación la oposición, PSOE y Compromís.

Obligación

Lo cierto es que Europa obliga a poner en marcha en ciudades de más de 50.000 habitantes un plan específico para luchar contra la contaminación, el cambio climático y avanzar en la sostenibilidad.

PP y Vox están totalmente en desacuerdo con esta medida, pero se ven en la obligación de cumplir con esta normativa, de ahí que no tengan más remedio que seguir adelante con este proyecto y sacarlo a concurso.

El contrato tiene como objetivo gestionar la ZBE, la cual obliga a establecer un conjunto de procedimientos que permitan la detección de los vehículos no autorizados e iniciar los procedimientos sancionadores automatizados derivados del incumplimiento de la normativa (ordenanza de ZBE).

Este sistema de gestión consta de tres actuaciones principales. Para empezar, se requiere el despliegue de una infraestructura que permita la detección de los vehículos y el tratamiento automatizado de los datos, lo que implica cámaras, sensores de aforo, redes de comunicaciones y sistemas informáticos, entre otros.

Tiempo real

También abarca este contrato la operación y el mantenimiento del sistema en tiempo real y todos los días del año. Y es que el conjunto de sistemas y equipos suministrados deben estar optimizados para obtener tiempos de respuesta muy bajos adecuados «en una actividad crítica y con una determinación de responsabilidades muy clara», según se recoge en la memoria justificativa del contrato.

Y la tercera pata no puede olvidar la asistencia técnica por parte de especialistas con experiencia que apoyen a los técnicos municipales en las labores de dirección de obra, control y auditoria de los trabajos llevados a cabo de suministro, instalación y puesta en marcha de todos los elementos que componen el sistema de control.

«La complejidad técnica del proyecto, que implica la integración de múltiples equipos y sistemas de diferentes fabricantes, el requisito de un funcionamiento en tiempo real durante 24 horas durante los 365 días del año y la necesidad de una continua evolución del sistema que requiere actuaciones en múltiples equipos para ajustar el sistema automático de control, no permite una división de responsabilidades clara que permita individualizar prestaciones sin comprometer el resultado final», se indica en la mencionada memoria.

El contrato también incluye nueva señalización viaria, un plan de comunicación e incluso atención ciudadana, entre otros elementos. Esta prestación debe estar en vigor antes de 2025.

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