Recursos Humanos quiere adelantar plazos y se da hasta mayo para hacer fijos a 400 interinos

Adelantarse a los plazos. Es lo que pretende el Ayuntamiento de Elche para hacer fijos a 400 interinos municipales que como mínimo llevan más de tres años trabajando para la Administración local en situación de temporalidad. Algunos, incluso, décadas. La Concejalía de Recursos Humanos ha fijado en el mes de mayo el plazo para culminar los ochenta procesos de estabilización de los empleados lo que implicaría anticiparse siete meses el tope para la toma de posesión que marca la ley del Gobierno central para la reducción de esta situación de provisionalidad en el empleo público.

Por lo pronto, el Ejecutivo local de PP y Vox ha consolidado las primeras veinte plazas por concurso de méritos y esta semana han tomado posesión. Este martes el salón de plenos acogía un acto simbólico presidido por el alcalde, Pablo Ruz, y el concejal de Recursos Humanos, José Navarro, que consistió en el juramento del cargo de cuatro arquitectos, tres arquitectos técnicos, siete ayudantes de jardinería, un delineante, un ingeniero técnico industrial, una inspectora de residuos, dos inspectores de infracciones urbanísticas y un palmerero-jardinero.

Durante la cita, el primer edil destacó el compromiso municipal «sin fisuras con el personal de esta casa» y celebró el primer acto «de muchos centenares que vendrán» para lograr una histórica reivindicación que implica poner punto y final al abuso de la temporalidad en esta Administración. Ruz reconoció que han sido muchos los años «de lucha y de esfuerzo» por parte de los trabajadores y de los sindicatos y que «ahora se recogen sus frutos». Además, subrayó que «sin los funcionarios esta casa no existiría, sin ellos el Ayuntamiento no tendría ni presente ni futuro» y quiso agradecer a la veintena de personas que juraron o prometieron su cargo «su trabajo acreditado».

Un año de incertudumbre

De este modo, los primeros funcionarios que han tomado posesión en sus puestos de trabajo han dado esperanzas a los otros cientos de empleados municipales que esperan con ansias a que les llegue su momento tras dejar atrás un año de mucha incertidumbre. Y es que, en febrero de 2023, una sentencia judicial dictada tras el recurso de una aspirante a una plaza de Técnico de Administración General (TAG) dio al traste con todo el proceso de funcionarización que había iniciado el Ayuntamiento de Elche para que trabajadores interinos tuvieran acceso a una plaza fija en la Administración local. El juzgado anuló las bases consensuadas con los sindicatos, por puntuar cuatro veces más a interinos que trabajaran en el Ayuntamiento respecto a los que vinieran de fuera para concederles una plaza hasta que se jubilen.

A raíz de aquello, todavía durante el mandato anterior de PSOE y Compromís, el equipo de gobierno recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y fundamentó la fórmula escogida para hacer fijos a los interinos en sentencias del Tribunal Supremo, del Constitucional y en un informe de la Secretaría de Estado de la Función Pública del Gobierno de España. Los servicios jurídicos municipales se basaron en jurisprudencia existente para argumentar que «el carácter excepcional de la estabilización del personal permite hacer una diferenciación entre los empleados que trabajan para la Administración pública y los que no».

Desbloqueo

Hubo que esperar al mes de septiembre, ya con PP y Vox al frente del equipo de gobierno, cuando el Ayuntamiento decidió reanudar la estabilización sin esperar a la sentencia judicial con tal de llegar a tiempo al plazo que marca la ley.

El edil de Recursos Humanos anunció una modificación de las bases de la mano de los sindicatos y, a partir de ahí, ya en enero, después del fallo judicial del TSJ que confirmaba la sentencia de 2023, comenzó la firma de los decretos de los diferentes procesos que se fueron enviando en bloques al Boletín Oficial para su publicación.

El fallo de la sentencia de este pasado mes de diciembre anulaba la proporción que valoraba más la experiencia en la Administración local frente a otras por no estar debidamente justificado. «Este es el trabajo que se ha hecho ahora, justificar cerca del centenar de procesos en función de los casos y así minimizar los efectos de posibles recursos que puedan llegar», aseguró José Navarro.