Ni uno, ni dos, ni tres… 22 años con sus correspondientes doce meses se cumplirán el próximo mes de agosto -sí, en apenas tres semanas- del día que el aeropuerto de Alicante-Elche rebasó la barrera de los seis millones de pasajeros al año. Una cifra a partir de la cual la Comisión Europea, ese gobierno de gobiernos que ha empezado a girar millones de euros a España para apoyar la salida de la crisis en la que nos han metido el covid y la guerra de Putin contra Ucrania (y contra el mundo en general), recomienda que los aeropuertos tengan conexión ferroviaria para su óptimo funcionamiento y el confort de los viajeros. Pues bien, el aeropuerto de Alicante-Elche, quinto de España, tras el paréntesis de las restricciones del covid (ojalá no vuelvan porque de esa no nos sacaría nadie) sigue sin tener, ni siquiera, un anteproyecto al que agarrarse cuando el tufo prelectoral empieza a impregnarlo todo.
Para muestra, la visita de hace unos días a València de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, otra responsable del Ministerio, de las que debe pensar que la Comunidad Valenciana se acaba en Almussafes, que anunció para este semestre la licitación de la redacción del proyecto de la primera fase de la demandada conexión ferroviaria al aeropuerto de Alicante-Elche. Sánchez -que no Pedro- no se había preparado la visita y hasta el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tuvo que echarle una mano para que pareciera que la ministra decía cosas convincentes.
Puig se refugió en la frase tópica y fácil: “Ahora hay voluntad política”. Al jefe del Consell, del que nadie duda que llama en cuanto puede a las puertas de los ministerios, se le olvidó que el primero que metió en el cajón la iniciativa fue su compañero de partido, José Blanco, que fue quien, en 2010, en pleno cataclismo de la crisis provocada por la explosión de la burbuja inmobiliaria, paró el proyecto. Hoy, a pocos meses ya de que la maquinaria política de las elecciones autonómicas de 2023 esté engrasada, vuelen las promesas. Puig sabe que necesita a Madrid para luchar contra la candidatura de Carlos Mazón, que solo con enseñarle el listado de agravios lo tiene fácil, pese a que muchos de ellos lleven también la firma de los gobiernos del PP.
Al día siguiente de la visita de la ministra Sánchez -el apellido compartido con el presidente es mera coincidencia, pero bien podría ser una metáfora- el alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ponía al frente de la pancarta aprovechando la protesta de los vecinos del sur reclamando al Gobierno que no se le ocurra conectar el aeropuerto con tren pasando por San Gabriel. De estas, hasta la primavera de 2023, las vamos a tener de todos los colores. Si al menos sirven para al fin dejar el aeropuerto a 10 minutos en tren de Alicante y Elche, bienvenidas sean.
Lo grave es que el aeropuerto siempre puede esperar. Y como recordaba al principio, van para 22 los años desde que un agosto del 2000 la terminal alcanzase los seis millones de pasajeros -cifra que, salvo por la pandemia, se ha ido superando cada ejercicio- y a partir de la cual la propia Comisión Europea, por criterios técnicos y no políticos, establece que los aeropuertos deben contar con un enlace ferroviario con su entorno. Ni el Consell, centrado en la ampliación de la exitosa red del TRAM hacia el norte, ni mucho menos el Ministerio de Transportes, que tiene el proyecto en el cajón desde hace 12 años, tienen prevista, a medio plazo, acometer la conexión del aeropuerto por ferrocarril con las dos localidades que le dan su nombre, y eso que el tren de cercanías con Murcia pasa desde sus inicios a solo dos kilómetros de la pedanía ilicitana de Torrellano.
Agosto volverá a pasar en blanco. Justo, además, cuando se cumplen 19 años desde que arrancó a funcionar la primera línea del TRAM que unía Porta del Mar, en la playa del Postiguet, con El Campello. En total, desde aquel 15 de agosto de 2003 se han transportado más de 120 millones de pasajeros, pero no se ha planificado nunca la extensión hacia el sur, algo que tampoco está previsto a medio plazo, ya que la Generalitat se va a centrar en la prolongación del tranvía hacia el hospital de Sant Joan, Mutxamel y el hospital de San Vicente.
Uno de los escollos del proyecto para enlazar el tren con el aeropuerto es la retirada de las vías que pasan por la costa a la altura del barrio de San Gabriel. Tras conocer los planes de Fomento de postergar esta retirada a una segunda fase de la variante, precisamente la que ahora se estudia, el Ayuntamiento de Alicante alegó en contra. El concejal de Urbanismo, Adrián Santos, presentó una serie de alegaciones al proyecto «Estudio Informativo del Ramal de Conexión entre la línea actual Alicante-Murcia y la variante de acceso al aeropuerto de Alicante» entre las que se solicitó que la retirada de las vías de la primera línea de costa se realice en la primera fase de las obras y no en la segunda. El Ayuntamiento entiende que llevar a una segunda actuación sin fecha la eliminación de las vías del ferrocarril de la franja costera sur es contraria a la estrategia de desarrollo de la ciudad.
La paralización de la licitación de obras pública en la provincia mantiene bloqueados por la crisis económica asociada al coronavirus un total de 17 proyectos de infraestructuras que corresponde ejecutar a diferentes administraciones por un valor aproximado de 3.222 millones de euros, según estimaciones de la Federación de Obra Pública de Alicante. Actuaciones que de ponerse en marcha tendrían en efecto motor para la economía provincial, al facilitar empleo directo e indirecto a 80.000 trabajadores de forma permanente. Por cada un millón de euros invertidos en infraestructuras se generan y mantienen entre 23 y 25 empleos. El grueso de la licitación corresponde al Gobierno central (2.532 millones) y el resto se reparte entre el Consell y la Diputación. ¿Algo más que añadir para sonrojar a nuestros gestores de la Administración?
La provincia necesita, por ejemplo, una inversión urgente de 750 millones de euros para evitar que la autovía Alicante-Villena y la circunvalación de Alicante, las más conflictivas, se colapsen completamente en los próximos diez años, aunque ambas presentan ya serios problemas de congestión. En concreto, las «nuevas» carreteras debieran estar completamente operativas en 2029, cuando se estima que la A-31 soportará un tráfico de 65.102 vehículos diarios, un 15% pesados, y la ronda de Alicante (A-70), 76.302 vehículos, un 8,5% pesados. Las carreteras soportan un tráfico anual de 13.644 vehículos por kilómetro, 36,5 millones de movimiento de coches, camiones y autobuses todos los años. La red viaria de la provincia está compuesta por 2.678 kilómetros, de los que 673 kilómetros son del Estado, 979 de la Generalitat y 1.026 de la Diputación.
El Gobierno se gastó más de 600 millones de euros en 2010 para, prácticamente, construir un nuevo aeropuerto y 12.000 millones de euros en conectar Madrid, Alicante y Valencia con el AVE, pero fue incapaz de completar la inversión con los doce kilómetros que separan la estación-término del aeropuerto. Error grave, no ya solo por la condición de puerta de entrada y salida de millones de turistas, sino también porque en la terminal trabajan cerca de tres mil personas que deben utilizar el poco eficiente transporte público o el coche particular para acceder a las instalaciones. El aeropuerto tiene construida desde 2011 la estación, pero nunca se ha conectado con Alicante y Elche. A nadie se le cae la cara de vergüenza, pero, no se preocupen, que en los próximos meses nos llegaran la soluciones desde todos los flancos políticos.
