Inflación y eficiencia económica

Existen algunos principios básicos en economía que, ante los problemas de crecimiento y del bienestar en el escenario internacional y la incertidumbre que provoca el desarrollo del conflicto bélico en Ucrania, parece oportuno recordar. Nos referimos principalmente a la utilización eficiente de los recursos, a la organización de la economía a través de los mercados y a su intervención gubernamental.

Los recursos de una economía (siempre escasos no lo olvidemos), están utilizándose eficientemente cuando se aprovechan todas las posibilidades de hacer que alguien mejore sin que nadie empeore. Generalmente son los mercados, que tienden el equilibrio a través de los precios, quienes tiene la capacidad de hacer que los recursos se utilicen adecuadamente.  

Sin embargo, cuando esto no se consigue, cuando aparecen efectos secundarios, se precisa la intervención de los gobiernos a través de política públicas que corrijan la utilización de los recursos para hacerlos más eficientes.

Las perturbaciones de oferta de los productos energéticos, especialmente el gas y el petróleo han originado un efecto inflacionario en muchos productos de consumo ordinario (alimentación, vestido y calzado, electricidad, etc.) al haberse trasladado a su producción el alza de sus precios, de forma que la inflación en España con datos del INE del último mes es del 5,7% y la subyacente ( la que exceptúa los alimentos y la energía) del 7 %.  

Así pues, la alta inflación que estamos padeciendo está originando disfunciones en la economía que tienen efectos globales con ganadores y perdedores. Un fallo de mercado con efectos en la distribución desigual de la renta, y que en las sociedades democráticas se corrige por medio de la acción gubernamental a través del principio de equidad y mediante cambios en la política económica.

¿Qué política, principalmente fiscal, sería la más adecuada para no distorsionar más los mercados y que el principio de eficiencia no se viera más afectado? 

No parecen adecuadas aquellas herramientas que se aplican para controlar los precios o la imposición de subidas máximas, posibilidad que vienen anunciando desde esferas del Gobierno y que, tal y como estamos observando en los alquileres de viviendas, suponen escasez de oferta y mayores subidas de las que se hubieran producido si no hubiese intervenido el Ejecutivo limitando la libre evolución de su precio en los contratos en vigor. Un control de precios también puede suponer un desajuste en los márgenes de algunas empresas al no poder soportar el aumento de los precios en los inputs que intervienen en la fabricación de sus productos.

Tampoco parece aconsejable una política de reducción de impuestos indirectos que gravan el consumo o las bonificaciones a los carburantes ya que no es progresiva al beneficiar tanto a las rentas altas como a las más bajas. Solo en el caso de los carburantes parece más adecuado las dirigidas al transporte por el efecto beneficioso que tiene sobre los costes en la cadena productiva del resto de sectores.

Mientras la oferta monetaria es vigilada por el BCE a través de los tipos de interés a fin de combatir la inflación, y mientras esta ha disparado los ingresos financieros del Estado por una mayor recaudación en el IVA, lo que venimos proponiendo es trasladar estos ingresos “caídos del cielo” a los contribuyentes con rentas más bajas, como a pensionistas o a los asalariados por debajo de un determinado umbral. Estamos hablando, en efecto, de deflactar el IRPF en algunos tramos impositivos. 

Seria, a nuestro entender, la mejor fórmula para seguir manteniendo el poder adquisitivo de los colectivos más vulnerables sin que se vea distorsionado el libre juego de la oferta y la demanda y por tanto la eficiencia económica, es decir, que alguien mejore sin que nadie empeore.