Toque usted a otra puerta

Imagen del desahucio que esta semana se saldó con siete heridos en Alicante.

Imagen del desahucio que esta semana se saldó con siete heridos en Alicante. / Pilar Cortés

Silvia Castell

Silvia Castell

En el partido judicial de Alicante se dictan dos órdenes de desahucio cada día. Son más de 700 al año. En lo que va de 2024 hemos asistido a un incesante goteo de casos con un denominador común: ninguna de las familias afectadas ha podido acceder a una alternativa habitacional. Es la cruda realidad de una ciudad donde la falta de políticas públicas deja en desamparo situaciones de emergencia.

Pagar la factura de un hostal durante 15 o 20 días a una familia que ha sido desahuciada sirve de bien poco si, transcurrido ese tiempo, se le empuja a rehacer las maletas y buscarse la vida. Esa es la tesitura a la que se enfrenta un matrimonio con dos menores que, recientemente, ha sido expulsado de su vivienda. Todavía hoy continúa a la espera de conocer si su Ayuntamiento, el que preside el popular Luis Barcala, les facilitará una solución habitacional a medio plazo. Por el momento, y sólo debido a la presión mediática, le ha alargado la estancia en el hostal una semana más. No obstante, y esto es lo más preocupante, se ha anunciado que no podrán acceder a una vivienda social porque hay otras 92 familias en lista de espera que tienen preferencia porque su situación es incluso más grave. Cabe recordar que el alcalde, en el último pleno, se comprometió a resolver la situación de ese matrimonio con dos menores. Ahora, en cambio, ha quedado desacreditado al hacerse evidente su falta de capacidad para pasar de las palabras a los hechos.

¿Cuántas familias se encuentran en situación de emergencia habitacional en una ciudad con los servicios sociales colapsados por la falta de inversión municipal? Se desconoce. Desde que gobierna el señor Barcala se mantienen bloqueadas las listas para inscribirse como solicitante de vivienda pública. Es más, hasta hace pocos días el Patronato de Vivienda mantenía un vergonzante cartel pegado a su puerta que advertía, sin medias tintas, que si necesitas una vivienda tienes dos opciones: contactar con el EVHA (Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo) o con la empresa que gestiona el programa de alquiler asequible. En pocas palabras, te invitaban a largarte de allí y tocar a otra puerta.

Señor Barcala, mirar a otro lado, obviar que existe un problema grave de acceso a la vivienda, no transforma la realidad. No voy a exigir al gobierno municipal que solucione este asunto de hoy para mañana; sería una utopía populista. Lo que sí haré será reclamarle que dé pasos firmes para implantar políticas de vivienda efectivas a corto, medio y largo plazo.

Gran parte de los foros jurídicos e inmobiliarios coinciden en que la escasez de vivienda pública y la falta de suelo son factores determinantes para resolver la encrucijada del mercado inmobiliario en grandes núcleos urbanos.¿Qué ha hecho el gobierno local para revertir esta situación estructural? Desde luego, mucho menos de lo que debería. En cinco años no se ha construido ni una sola vivienda pública y para 2024 sólo se ha contemplado la rehabilitación de 10 viviendas en San Gabriel, tras haber rechazado las enmiendas del grupo socialista para la construcción de más de 150 viviendas públicas para alquiler. Hablamos de proyectos que ya fueron redactados por el Ayuntamiento, que sirvieron en su día como anuncio. Y en eso se quedaron, en un titulares vacíos. Tampoco se han adoptado decisiones para garantizar la disponibilidad de suelo y, ahora, se ha dicho que se pretende liberar terreno para la construcción de vivienda y que se impulsarán varios planes parciales. Más anuncios.

Es evidente que ninguna de las soluciones planteadas se ejecutarán a corto plazo. Por tanto, el alcalde no tiene otra opción que cumplir con la obligación de las administraciones públicas de ofrecer una solución habitacional a familias en situación de extrema vulnerabilidad que no pueden acceder al mercado privado del alquiler. El señor Barcala debe salir de la parálisis y ofrecer respuestas a la ciudadanía afectada por la brecha social. Es inaceptable que los envíe a tocar a otra puerta.