Una reflexión
Maria Loreto Pitaluga Poveda
Hace dos semanas, se pudo frenar el desahucio de una familia, arraigada en Mutxamel desde hace diecisiete años, compuesta por dos adultos y dos niños. (Diario INFORMACIÓN 21/09/2023).
El desahucio se ha suspendido por el momento, por extrema vulnerabilidad. El Ayuntamiento no puede ofrecer alternativa habitacional a personas en esta situación, porque no dispone de viviendas públicas para alquiler social.
Parece una burla a la ciudadanía que una semana mas tarde, el pleno del Ayuntamiento de Mutxamel, apruebe un gasto 2,5 millones de euros para comprar una casa señorial del siglo XVI,
que estaba en manos privadas. Puede que lo sensato hubiera sido dedicar parte de ese dinero a la compra de viviendas propiedad de bancos, que las hay en el municipio; algunas construidas y okupadas, otras en estructura y paralizada su construcción desde hace años, con la finalidad de tener un parque de vivienda pública.
Seguro que habrán buenas razones, algunas discutibles, para incrementar el patrimonio municipal con un bien al que luego habrá que dar algún uso, una costosa rehabilitación y mantenimiento, para conservarlo en buen estado.
Resulta curioso que la propuesta se haya aprobado por el P.P, con el voto a favor de los dos únicos concejales, de Podemos y Compromís. La pasada legislatura, se sugirió a uno de ellos que presentara una propuesta al Pleno para firmar un convenio con la Consellería de Vivienda de la G. V., para dotar al municipio de vivienda pública para alquiler social, tal y como han hecho otros municipios. La sugerencia cayó en saco roto.
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