El pleno de la Diputación vuelve a la provincia: de las paradas del AVE a las urgencias y el agua

Tras unos meses en los que los plenos en la Diputación de Alicante habían girado más en torno a cuestiones de la política nacional, como las rebajas de las penas de los delitos de sedición y malversación, la conocida como ley del «solo sí es sí», casos de corrupción de fuera de la Comunidad Valenciana, con algunas salvedades como los presupuestos de la institución provincial o las aportaciones del Estado a la provincia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, en la primera sesión del año los diputados volvieron a poner el foco en distintas cuestiones que afectan a la provincia: desde la petición del PP de Murcia de suprimir las paradas de AVE de Elche y Orihuela al inminente traslado de la coordinación de Urgencias a Valencia, pasando por el agua. 

El pleno fue uno de los más cortos de los últimos tiempos. Apenas duró 45 minutos. Desde el entorno del Palacio Provincial se sostiene que esta va a ser la tónica de los últimos meses que le quedan al actual mandato, con los partidos más pendientes de su preparación de las elecciones autonómicas y municipales que de atender a la gestión del día a día de las instituciones. La sesión también había llegado marcada por un cambio de fechas con la que el PP trató de evidenciar la política sobre la defensa de los recursos hídricos que se hace desde cada una de las formaciones. 

En principio, se tenía que haber celebrado el pasado día 11, pero fue aplazada hasta este lunes por la manifestación de los regantes por el trasvase Tajo-Segura. Desde el equipo de gobierno, formado por PP y Cs, se justificó la presencia del presidente, Carlos Mazón, en Madrid porque sostienen que la defensa del agua ha sido una prioridad en la institución provincial durante el actual mandato. Los grupos de izquierda de la oposición, PSPV-PSOE y Compromís, volvieron a acusarle, a raíz del cambio de fechas del pleno, de usar la Diputación en beneficio de sus intereses electorales. En un pleno de guante blanco, el único punto de fricción se produjo al final, cuando el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, afeó a Mazón la contratación del último asesor por parte del PP, el exalcalde de Callosa de Segura Javier Pérez Trigueros, que llegó a ser condenado a tres años de inhabilitación para cargo público.

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El pleno contó con solo dos mociones. La primera que se debatió fue formulada por el grupo socialista en apoyo a las paradas del AVE en Elche y Orihuela. La diputada del PSPV y alcaldesa oriolana, Carolina Gracia, explicó que se solicitaba la rectificación al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, por las declaraciones en las que abogó por prescindir de ambas paradas. La propuesta salió adelante por unanimidad de todos los grupos políticos, tras incluirse una enmienda del grupo popular que insta al Consell a reclamar al Gobierno de España el mantenimiento de las paradas intermedias de Orihuela, Elche, Alicante y Valencia en la línea de AVE Madrid-Murcia, así como la ampliación de las frecuencias.

La diputada socialista, y también alcaldesa de Orihuela, destacó en su intervención que han querido «reivindicar y tomar una posición clara en defensa de los intereses de la provincia», antes de resaltar que desde el grupo socialista celebran que «el resto de los grupos políticos hayan respaldado la moción». Por parte del equipo de gobierno tomó la palabra el diputado popular Juan de Dios Navarro, que expuso la enmienda del PP y puso en valor la importancia de «defender estas paradas y reivindicar mayores inversiones para poder dar un servicio de calidad y progresar como provincia».

El pleno de la Diputación también aprobó una moción presentada por el equipo de gobierno en la que se reclama la reapertura inmediata del CICU de la provincia de Alicante, que fue cerrado por la Conselleria de Sanidad el pasado día 11. Sorprendentemente, esta moción contó con el apoyo de Compromís, mientras que el PSPV votó en contra. El portavoz popular, Eduardo Dolón, trasladó el apoyo de la institución provincial a los trabajadores del servicio y denunció «opacidad y nula voluntad de diálogo» por parte de la Generalitat en esta cuestión.

«Esta medida va en contra del consenso existente en la Comunidad Valenciana de descentralizar recursos con el propósito de acercar al ciudadano servicios de referencia», indicó Dolón, que añadió que, previamente a la eliminación del CICU en Alicante, se había dado un primer paso en el «desmantelamiento» con el cierre el pasado mayo del Servicio de Emergencias Sanitarias de Alicante. En defensa de la actuación de la Generalitat, el portavoz socialista, Toni Francés, apuntó que «se ha ampliado el número de trabajadores, se está modernizando el servicio y ahora se puede dar respuesta a situaciones que antes no se podían corregir».