Nuevo tirón de orejas del Síndic a Igualdad por negar la renta de inclusión reuniendo los requisitos

Nuevo tirón de orejas del Síndic de Greuges a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Ángel Luna reprocha al departamento que dirige Aitana Mas que desoye sus recomendaciones y persiste en denegar la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) a las personas que cumplen con todos los requisitos para recibirla. Del mismo modo, el defensor del pueblo autonómico sostiene que esta prestación no puede desincentivar la búsqueda de empleo, ya que critica que se le niegue a las personas que encuentran trabajos precarios por horas o días. Desde la conselleria se defiende que todavía no se ha implementado la modalidad complementaria de ingresos del trabajo al estar aún pendiente de la aprobación y entrada en vigor del reglamento estatal que desarrollará la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que depende del Ministerio de Inclusión.

La denuncia del Síndic subraya que Igualdad no ha aceptado sus recomendaciones para resolver los expedientes de la RVI de forma favorable una vez que se ha excedido el plazo máximo legal de seis meses. «Se está denegando la ayuda a las personas solicitantes que sí cumplían con los requisitos cuando la solicitaron y durante el plazo máximo que tenía la conselleria para resolver», expresa Luna. El defensor del pueblo autonómico añade que, «debido a la inadmisible demora por parte de la Administración, cuando finalmente resuelve, con un año de retraso en algunas ocasiones, si el ciudadano encuentra trabajo, queda excluido de la aprobación de esta prestación sin posibilidad de recibir la ayuda correspondiente a los meses en que sí cumplía los requisitos».

Queja de oficio

Ante esta situación y las numerosas reclamaciones que se han recibido, la institución que encabeza Luna ha cerrado la queja que abrió de oficio el pasado octubre, ya que considera que denegar la RVI a personas que han trabajado durante un corto periodo de tiempo es una «injusticia» y puede estar «vulnerando sus derechos», al margen del riesgo que supone de desincentivar la búsqueda de empleo ante el temor de quedarse sin la prestación. El propio Luna instó a Igualdad a resolver los expedientes de la RVI de forma favorable excedido el plazo máximo.

El Síndic señala que Igualdad no ha llevado a cabo las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones de la institución de solucionar las demoras en la resolución de las ayudas, unos «importantes retrasos» que son el origen del problema investigado. Al respecto, el defensor del pueblo autonómico señala que «lo único que expone la conselleria es que está trabajando para resolver los expedientes en el plazo legalmente establecido» y declina su petición de aprobar la RVI de estas personas. 

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«Igualdad entiende que, cuando la persona solicitante de la ayuda se encuentra trabajando en el momento que se dicta la resolución, esta no puede acceder a la RVI en sus modalidades de garantía y argumenta que solo podría tener derecho a la modalidad de renta complementaria del trabajo, lo que resulta inviable puesto que dicha modalidad no ha sido aún implementada», incide el Síndic. Para Luna, la posición de la conselleria «no respeta el mandato de la ley de creación de la RVI, impidiendo a personas vulnerables acceder a prestaciones básicas por el tiempo en que no disponen de ingreso alguno».

Reunión

Desde Igualdad se señala que, a petición del propio departamento del Consell, el Ministerio de Inclusión se reunirá el próximo lunes con los representantes valencianos para abordar el cambio de normativa y poder regular la compatibilidad del IMV con los ingresos procedentes de rentas de trabajo o actividades económicas a cuenta propia. La conselleria también argumenta que las exigencias del Síndic responden a cuatro casos de los cerca de 75.500 destinatarios de alguna de las modalidades de la RVI.

En Igualdad, asimismo, hacen constar que los servicios sociales ofrecen ayudas a aquellas personas que lo necesiten durante la tramitación de la renta y aseguran que la RVI no desincentiva la búsqueda de trabajo entre las personas receptoras, ya que se promueven los itinerarios de inserción social y laboral.