El futuro de la transparencia en la administración: régimen sancionador e inteligencia artificial

Diez años de la Ley de Transparencia, a debate en Alicante. El "II Congreso de Transparencia", organizado por la Diputación provincial, ha reunido este martes en el ADDA a cerca de 200 asistentes, en su mayoría técnicos y representantes públicos de los ayuntamientos de la provincia, y a expertos en derecho, informática, comunicación y nuevas tecnologías procedentes de todo el país que se han dado cita para debatir en qué punto se encuentra la vigencia de esta norma estatal y cuáles son las necesidades que presenta después de su puesta en marcha.

La necesidad de que se abra un debate sobre la modificación de la ley que incluya un régimen sancionador que garantice la correcta aplicación de la norma por parte de las administraciones públicas, entidades y personas físicas que tienen obligado su cumplimiento ha centrado la primera ponencia de la jornada. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla y miembro del Comité de Expertos para la tramitación de la Ley de Transparencia estatal, Emilio Guichot, ha analizado los avances que ha introducido la aprobación de la primera ley de transparencia de 2013, en concreto, en todo lo que se relaciona con la aplicación de los derechos, generación de confianza

En su intervención, Guichot resaltó cómo la crisis económica y política, junto con el movimiento ciudadano del 15-M, pusieron en el centro de atención la necesidad de transparencia en la gestión pública. "La transparencia se convirtió en una prioridad en un momento crucial para el país, cuando la sociedad demandaba mayor claridad en las actuaciones del gobierno. Sin embargo, hemos observado una preocupante falta de cumplimiento de las resoluciones por parte de las entidades públicas. Es necesario incorporar un régimen sancionador efectivo en la ley para garantizar su aplicación", añadió el catedrático.

El profesor subrayó que, si bien se han logrado avances significativos en la creación de portales y en la cultura de transparencia en la administración, el problema radica en los incumplimientos y la falta de respuesta a las solicitudes de información por parte de las entidades públicas. "La transparencia debe convertirse en un derecho efectivo para los ciudadanos, respaldado por un sistema sancionador que asegure el cumplimiento de las resoluciones de los consejos de transparencia. El establecimiento de sanciones es crucial para garantizar la efectividad de la ley y el acceso a la información por parte de la ciudadanía", aseguró Guichot.

Una propuesta que ha sido recogida por el resto de ponentes que han participado también en la mesa debate “Transparencia, datos y fuentes abiertas, inteligencia artificial y análisis de la información”. En ella, Concepción Campos, doctora en Derecho y experta en gestión pública y funcionaria de administración local con habilitación de carácter estatal, recogió el testigo de su compañero Guichot para resaltar la necesidad urgente de incluir un régimen sancionador en la ley de transparencia para garantizar su cumplimiento efectivo. "La falta de consecuencias por incumplir la ley hace que esta se incumpla, generando desconfianza en la ciudadanía. Es esencial vincular la transparencia con la lucha contra la corrupción y el fraude. Un régimen sancionador sería un paso crucial para asegurar el cumplimiento y fortalecer la confianza en las instituciones", señaló Campos

Además, Campos destacó el potencial de la inteligencia artificial para mejorar los niveles de transparencia. Hizo referencia a la aplicación Minerva de la Agencia Tributaria, que utiliza IA para identificar posibles conflictos de interés entre personas dentro de la administración y los contratistas. "La tecnología nos ayudará a automatizar la publicación de información y simplificar la comprensión de documentos jurídicos complejos", señaló. La doctora en Derecho aseguró que, si bien es crucial incluir la IA y la tecnología en la ley de transparencia, también se requiere un cambio cultural y el compromiso institucional con la asignación de recursos adecuados para garantizar su implementación efectiva.

Precisamente, el uso de la inteligencia artificial centró para favorecer la administración pública centró el resto del debate en la mesa. En ella, Jaime Gómez-Obregón, ingeniero de Telecomunicaciones, enfatizó la importancia de integrar la inteligencia artificial en la ley de transparencia para fortalecer la confianza ciudadana. "El uso de las nuevas tecnologías y la IA es fundamental para aumentar la transparencia y generar mayor confianza en la ciudadanía para ello utilizamos modelos predictivos y de inteligencia generativa para cumplir con nuestras obligaciones legales en materia de transparencia y mejorar la accesibilidad a la información básica", explicó Gómez-Obregón

Además, Gómez-Obregón destacó la implementación la nueva asistente virtual del Ayuntamiento de Alicante basada en la inteligencia artificial que facilita la navegación y la tramitación de asuntos administrativos. "Estamos muy orgullosos de cómo la inteligencia artificial está contribuyendo a simplificar y mejorar la experiencia de los ciudadanos en sus interacciones con la administración pública", concluyó el ingeniero.

Del mismo modo, Javier Morales, jefe del Servicio de Innovación en el Ayuntamiento de Alicante, resaltó el impacto positivo del asistente con inteligencia artificial implementado en la administración municipal. "Gracias al asistente con inteligencia artificial, hemos experimentado un incremento notable en el número de solicitudes y trámites, llegando a gestionar hasta 2.000 solicitudes al mes en el último año. Esta tendencia refleja una creciente adopción de los canales digitales por parte de los ciudadanos", destacó Morales.

Receta para la fortaleza

En la segunda ponencia del evento se profundizó en la importancia de mejorar la transparencia en las administraciones públicas como elemento clave para fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones y preservar los valores democráticos fundamentales. En este sentido, Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y miembro del Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana, destacó la importancia de la transparencia para generar confianza ciudadana y puso como ejemplo al gobierno del Botànic en la Comunidad Valenciana, que implementó medidas significativas para recuperar la confianza ciudadana, pero subrayó que aún existen desafíos por enfrentar.

Por otro lado, Cotino analizó el problema que existe en torno al lenguaje administrativo, enfatizando la necesidad de simplificarlo para mejorar la comprensión por parte de la ciudadanía. "El lenguaje administrativo debe ser entendible para todos. Si el ciudadano no comprende la información, no hay verdadera transparencia", expresó. Además, mencionó la relevancia de tecnologías como ChatGPT para simplificar términos jurídicos y hacerlos accesibles a diferentes tipos de personas, lo que representa un avance significativo en este aspecto.

El catedrático analizó el tema de la cita previa como un avance en el acceso a los servicios administrativos, aunque reconoció que su implementación no está exenta de desafíos. "La cita previa es un paso adelante en el contacto con la administración, pero su mala gestión puede generar problemas para los ciudadanos", afirmó. En este sentido, destacó la necesidad de medidas excepcionales para garantizar su eficacia y evitar obstáculos en la prestación de servicios públicos. "La desinformación y la opacidad en el uso de algoritmos representan desafíos importantes, para ello en la Comunidad Valenciana se ha creado la primera ley que exige transparencia en los algoritmos, fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas", señaló Cotino.

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