PSOE y EU, a la carga contra el edil de Policía de Vox en San Vicente

Los socialistas insisten en que el alcalde no normalice que comparte gobierno con un concejal que podría haber permitido un presunto “trato de favor” con las remuneraciones de algunos agentes

Esquerra Unida sostiene que Adrián García debe aclarar públicamente "porque vulnera el derecho a la información"

Cuartel de la Policía Local en San Vicente del Raspeig

Cuartel de la Policía Local en San Vicente del Raspeig / INFORMACIÓN

L. Gil López

L. Gil López

El PSOE y Esquerra Unida de San Vicente del Raspeig han cargado contra el edil de Policía, Adrián García, de Vox, tras la resolución del Síndic de Greuges, que confirma la falta de transparencia y la vulneración al derecho de información por parte del concejal.

El PSOE insiste en que el alcalde, Pachi Pascual (PP), debe reconsiderar la decisión de mantener a García al frente de sus competencias en el Ayuntamiento, después de que el Síndic de Greuges haya publicado una resolución en la que habla de un posible “trato de favor” del edil con las remuneraciones de algunos agentes locales.

El documento, consultado por el PSOE y hecho público por la sección sindical de UGT en el Consistorio, utiliza términos como “irregularidades” y “falta de transparencia” para referirse a la gestión del edil de extrema derecha en dicha cuestión, por lo que el PSOE considera que existen “suficientes motivos” para su cese inmediato.

“Consideramos un hecho grave que el defensor del pueblo valenciano haya emitido una resolución que tilda de poco transparente la gestión del concejal de Vox al frente de la Policía Local. Esto, sumado al episodio de intimidación protagonizado por Adrián García a nuestro asesor socialista por la publicación de una nota de prensa, tiene la suficiente importancia para que el alcalde reconsidere la opción de cesar de sus competencias", sostiene el portavoz adjunto del PSOE, Bruno Radermecker.

Precisamente, el edil progresista recuerda que Óscar Lillo (PP), cuando estaba como portavoz popular en la oposición, encabezó varias notas de prensa pidiendo responsabilidades al entonces alcalde, Jesús Villar, basándose en unas resoluciones del Síndic “mucho menos graves” que la que se ha conocido esta semana.

En concreto, Lillo se refería a las conclusiones emitidas por el órgano consultor de la siguiente manera: "Es lamentable ver cómo el nombre del Ayuntamiento de San Vicente aparece en los registros públicos que figuran en la web de Síndic de Greuges como entidad que no responde o incumple las recomendaciones del mismo”.

Por ello, y para ser consecuente con el argumento del PP en la oposición, el PSOE pide al alcalde que no normalice compartir gobierno con un concejal que “podría haber permitido un presunto trato de favor con las gratificaciones de algunos policías, algo que es inadmisible".

“Pachi Pascual ha evidenciado, de nuevo, una clara debilidad política hacia su socio, pues esto deja claro que el PP está sometido por Vox a la hora de tomar decisiones de calado en la gestión”, agrega.

Para finalizar, el PSOE recuerda que Jesús Villar retiró las competencias a concejales del equipo de gobierno cuando hubo que tomar decisiones en momentos puntuales por, precisamente, cometer presuntas irregularidades durante el primer mandato. “Los socialistas seguimos tendiendo la mano al alcalde para alcanzar acuerdos puntuales en asuntos de calado para el municipio, lejos de extremismos y comportamientos inaceptables”, finaliza la nota de los socialistas. 

Gestión inadecuada

Por su parte, Esquerra Unida-Podem ha solicitado al alcalde que tome medidas "inmediatas" y convoque una Comisión Informativa Especial para esclarecer los hechos, "asegurar la transparencia en todas las acciones llevadas a cabo por el concejal de extrema derecha y depurar responsabilidades si fuera necesario".

El grupo de izquierdas confía que, en esta ocasión, el primer edil popular actúe "correctamente" para poner fin a una posible "gestión inadecuada" de un concejal del equipo de gobierno.

"No se puede permitir que la actitud de un responsable político cause un ambiente de trabajo inapropiado y tenso entre los empleados de su concejalía. Ni mucho menos, que no dé cumplimiento al derecho de acceso a la información que otorga la ley", afirma EU en un comunicado.