ORIHUELA

La interventora bloquea el acuerdo para que Orihuela recupere el valor de las fincas que ocupa el Colegio Santo Domingo

El obispado ofrece una parcela de 500 metros cuadrados en Las Espeñetas y las obras para su adecuación como almacén del museo arqueológico y otra finca de 1.300 con cinco plantas de edificabilidad en el Palmeral

A cambio el centro concertado religioso obtendría la propiedad de 2.622 metros cuadrados de patios y pistas deportivas que son municipales y que ocupa de forma irregular desde hace 20 años

La habilitada advirtió en un informe de reparo contra el acuerdo que la diócesis no acredita la titularidad de los bienes que ofrece

Parte de los terrenos de propiedad municipal que el Colegio Diocesano Santo Domingo ocupa como patios y pistas deportivas

Parte de los terrenos de propiedad municipal que el Colegio Diocesano Santo Domingo ocupa como patios y pistas deportivas / Tony Sevilla

D. Pamies

D. Pamies

El acuerdo de permuta para que el Ayuntamiento de Orihuela recupere el valor de los 2.622 metros cuadrados que el Colegio Diocesano de Santo Domingo ocupa de forma irregular desde hace dos décadas como patio y pistas deportivas está paralizado por un informe de reparo suspensivo de la interventora. Este documento fue firmado el 26 de mayo, dos días antes de las elecciones municipales.

Pese a que ese informe en contra de la habilitada nacional cuenta con otro de discrepancia de un técnico municipal que avala el acuerdo y permitiría levantar el reparo legalmente, ni la alcaldesa en funciones Carolina Gracia (PSOE) quiso actuar cuando ya estaba de salida, ni el actual primer edil Pepe Vegara (PP) se ha atrevido durante estos meses a firmarlo tal y como quedó planteado por el anterior gobierno municipal.

Servicios jurídicos

En principio existiría algún tipo de "recomendación" de los servicios jurídicos externos municipales al gobierno local para evitar el acuerdo -mientras el centro sigue haciendo uso de las instalaciones-, por la responsabilidad penal personal que asumiría el primer edil si las condiciones de la permuta se mantenían tal y como se plantearon, pese a la existencia de un informe que avala la operación tras la advertencia de la habilitada nacional.

Unas propiedades por otras

El acuerdo de permuta permitiría al centro concertado retener el uso que realiza desde hace veinte años de las pistas deportivas y el patio ya con su título de propiedad. Esas fincas de 2.622 metros fueron aportadas en su día por el Ayuntamiento a la Universidad de Alicante con el objetivo de que levantara su campus en Orihuela a finales de los años noventa. Pero al no llevarse a cabo este proyecto universitario fueron ocupadas por el centro religioso. En el expediente esta superficie ha sido valorada en 532.000 euros.

A cambio el obispado se comprometía a aportar al Ayuntamiento la compra de un edificio en una parcela de algo menos de 500 metros cuadrados ubicada en el barrio de Las Espeñetas para su uso como almacén y talleres del museo arqueológico municipal. También a sufragar su adecuación para ese uso con una inversión total valorada en 300.000 euros, entre el precio de la parcela y los edificios y su adecuación.

Solar junto al palmeral

El acuerdo se completaría con la aportación de la Iglesia al Ayuntamiento de un solar junto al IES Gabriel Miró junto al Palmeral. Una parcela con forma triangular de 1.335 metros cuadrados y valorada en algo más de cien mil euros que ahora se emplea como aparcamiento pero cuya calificación como suelo urbano le confiere una edificabilidad de cinco plantas. La suma del valor de todas esas propiedades y la reforma que ofrece el obispado sería equivalente a las que quiere retener el Colegio Diocesano.

El informe de la interventora indicaba que en el expediente el obispado no acreditaba mediante un certificado la titularidad de los inmuebles que ofrecía al Ayuntamiento y que el expediente no verificaba que el valor de los bienes a permutar se encontraran en la misma zona de los que se va a quedar el colegio. Con lo que se desconocía si el valor asignado a cada una de las fincas es el correcto. De hecho, en la propuesta del obispado se indica que las parcelas para el almacén del museo arqueológico las "tiene apalabradas" para su inscripción en la notaría y para el caso del suelo junto al IES Gabriel Miró matiza que sí cuenta con la propiedad pero es necesario definir los lindes con los vecinos.

Mientras que el informe de discrepancia negaba esas deficiencias y concluía que el expediente estaba completo.

Retomar la tramitación

Por su parte, José Aix, portavoz de Ciudadanos, señaló a preguntas de INFORMACIÓN sobre este asunto que es hora de que el Ayuntamiento de Orihuela retome el acuerdo de permuta tanto para que el uso que el colegio histórico da a esos terrenos tenga continuidad, como para que el Ayuntamiento vea compensado patrimonialmente esa entrega.

Indicó que como responsable del área de Patrimonio en el anterior mandato dejó el acuerdo ultimado para que saliera adelante en unas condiciones mucho más justas para el municipio, frente a la propuesta inicial que planteaba el Partido Popular para que el Ayuntamiento como compensación se quedara con la propiedad de la iglesia de San Agustín, que amenaza ruina, como parte del pago de las fincas del centro escolar.

Fuentes del actual equipo de gobierno de PP-Vox indican que se está trabajando para que el acuerdo pueda ir finalmente a pleno aunque no precisan si modificando el expediente para ajustarlo a las indicaciones de la interventora o salvando el reparo con la firma del alcalde.

Sin alquiler

El obispado esquivó la toma de posesión y recuperación de los terrenos que iba a llevar a cabo el municipio con un acuerdo transitorio en el que debía aportar un arrendamiento al Ayuntamiento mientras no se rubricara el acuerdo de permuta. Ese alquiler no se llevó a cabo precisamente porque se inició el expediente de permuta. Con lo que el Colegio Diocesano nunca ha llegado a compensar al municipio por el uso irregular que realiza. Todo el proceso de permuta ha estado además bajo la lupa de la Oficina Anticurrpción y Prevendión del Fraude de la Generalitat.

DESFASE DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN UN AYUNTAMIENTO CON EL MOTOR GRIPADO

<strong>Orihuela es municipio de Gran Población</strong> desde hace trece años lo que le permite legalmente contar con más medios para gestionar su administración local. Sin embargo su estructura de funcionamiento no se ha adaptado a esa legislación.

El secretario general del pleno ejerce la función de velar por la legalidad de los puntos que allí se debaten, pero también y al mismo tiempo, la de órgano de apoyo a la junta de gobierno local y la dirección de la asesoría jurídica, apoyada a su vez con servicios jurídicos externos. En este último caso además con competencias en los expedientes de contratación.

Los municipios de gran población - o Gran Ciudad- se dotan de plazas específicas para distribuir y especializar todas esas competencias: en este caso faltan por incorporar las de director de la Asesoría Jurídica y Órgano de Apoyo a la junta de gobierno local. Incluso se pueden crear las de directores generales de libre designación del alcalde para reforzar la jefatura de las principales áreas municipales.

En los últimos ocho años los equipos de gobierno que se han sucedido en el Ayuntamiento han intentado resolver esta anomalía, normalmente a través de la Concejalía de Personal que ejercía Ciudadanos, con la modificación de puestos de trabajo, una herramienta perfectamente legal para adaptar la gestión a las necesidades de un ayuntamiento que es el sexto por tamaño en la Comunidad Valenciana y que cuenta con más de 900 empleados.

Esos intentos sin embargo han chocado de lleno con los informes en contra del propio fedatario municipal, que también es miembro de la mesa de contratación. El funcionario, que no recibe mayor retribución por sumar más competencias, las obtuvo por decreto de la mano del que fuera alcalde del tripartito de izquierdas Monserrate Guillén.

La transversalidad de las competencias del secretario se suma a las funciones de la interventora municipal, con una trayectoria conocida por el su rigor en la fiscalización económica de la gestión de las administraciones municipales en las que ha ejercido.