El Síndic apremia a San Vicente a retomar la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas

La desaparición de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA) en San Vicente del Raspeig está generando un problemas para los usuarios y sus familias, lo que redunda a su vez en los centros educativos. Y así lo han hecho constar los profesionales, superados por la situación.

Desde hace meses, el Ayuntamiento no dispone del servicio de la UPCCA que depende de la Concejalía de Bienestar Social y Educación. Está pendiente que salga a concurso para que una empresa vuelva a prestar este servicio, que estaba prorrogado y dejó de prestarse. El departamento jurídico del Ayuntamiento emitió informes negativos a que se llevar a cabo una quinta prórroga.

Los servicios sociales de San Vicente mantienen una lista de espera de dos meses

En enero, profesionales de los servicios de orientación educativa de los centros de educación Primaria e Infantil e institutos de Educación Secundaria, se dirigieron al Síndic de Greuges, Ángel Luna, para denunciar la eliminación de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas explicando que el hecho de que ya no se esté ofreciendo el servicio "provoca un déficit de atención importante" para aquellas personas susceptibles de ser usuarias a las que no es posible ayudar sin esta Unidad.

A la vez, alertados por la precaria situación en la que están trabajando los servicios sociales, especialmente por la falta de personal, advertían de "las graves consecuencias de la continua restricción de los servicios prestados por el Ayuntamiento en el área de Bienestar Social".

"Conflictividad y desigualdades"

Los profesionales advierten de que la falta de una respuesta de calidad ante la merma de recursos provoca que se dé una menor atención a las familias que a su vez, "genera problemas en los propios centros educativos". En su queja al Síndic añadían que se está produciendo "un incremento de conflictividad social y mayores desigualdades". Desde el propio Ayuntamiento se reconoce que no tienen recursos suficientes para la atención en materia de infancia y adolescencia, entre otros campos, para prevenir el absentismo escolar.

El Síndic acaba de resolver la queja. Muestra su preocupación por la desaparición de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas por las consecuencias que los profesionales están denunciado. Le da la razón a los profesionales que reclaman al Ayuntamiento que se reanude el servicio y de nuevo, pide que se dote de personal suficiente a este área tan sensible, entre ellos trabajadores sociales, educadores y psicólogos "para atender todas las necesidades que se puedan detectar".

"La falta de personal conlleva una deficiente prestación de los servicios sociales municipales lo que afecta a los derechos de las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad de San Vicente", advierte el Síndic.

A la mayor urgencia

Ángel Luna apremia al Ayuntamiento de San Vicente a tomar medidas para restaurar cuanto antes la Unidad de atención a las conductas adictivas. Y le insta a activar los mecanismos que sean necesarios para licitar "a la mayor urgencia" la unidad que permite prevenir y actuar con las personas y sus familias en materia de conductas adictivas, "retomando dicho servicio a la mayor brevedad posible dadas las consecuencias personales y familiares que la eliminación de dicho servicio acarrea".

Esta no es la primera vez que el Síndic se dirige al Ayuntamiento por la situación de los servicios sociales. De nuevo, la falta de personal en el área de bienestar social lleva a Ángel Luna a recomendar al consistorio sanvicentero que adopten medidas urgentes para dotar de suficientes empleados el área y asegurar así que se cumplen las obligaciones a las que se comprometió el Ayuntamiento al firmar el contrato programa suscrito con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas el 18 de noviembre de 2021. Un acuerdo que entraba en vigor el 1 de enero de 2021 y finaliza el 31 de diciembre de 2024 y que conlleva la contratación de 18 empleados necesarios para reforzar el área.

El Síndic es conocedor de la situación "límite" de los servicios sociales y que se están prestando los distintos servicios a los ciudadanos de forma precaria, con listas de espera de meses para distintos trámites. Por eso pide que se elabore un plan de choque integral que pueda respuesta a los déficits actuales en la prestación de los servicios sociales de atención primaria básica y específicos, que pueda asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos a las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.

Tirón de orejas del Síndic a San Vicente por la gestión de los servicios sociales

El Ayuntamiento debe ahora remitir en el plazo de un mes un informe en el que manifieste si acepta o no las consideraciones que hace el Defensor del Pueblo Valenciano, y que explique las medidas que adoptará en el caso de aceptarlas.