Pasan las doce y Alfonso el Sabio se queda desértica, es la hora del inicio del toque de queda. Apenas asoma un furgón de la policía y un taxi espera en la parada de la avenida. Nunca antes había habido noches de fin de semana con tanto silencio. Nadie camina. En las escaleras de una entidad bancaria situada junto al Mercado Central, asoman dos bultos. Son las pertenencias de Pedro y su madre, de más de setenta años. Ambos descansan, él tumbado y ella en una silla; la estampa recuerda a una abuela cualquiera en invierno sentada en la mecedora del salón con la bata de estar por casa. En Alicante viven 195 personas en la calle, según el último recuento. Durante las restricciones de horarios para frenar la propagación del coronavirus, ellas siguen haciendo frente a la vulnerabilidad que supone no tener un techo.
El pasado 25 de octubre, la libertad de horario se volvía a reducir. Tal y como pasó con el confinamiento, la orden de cumplir con el toque de queda estaba ahora asentada: desde ese día nadie circularía por la calle entre las 00 y las 6 horas salvo motivo justificado. Uno de estos motivos, aunque no recogido junto al de la compra de medicamentos, trabajo nocturno o asistencia de mayores, es vivir en la calle.
«De momento no nos están poniendo ningún problema», cuenta Pedro junto a su madre dormida. Según explica, ambos llevan tres meses en la calle, desde que tiraron abajo el lugar donde dormían en un pueblo de Valencia. Eligieron Alicante para trasladarse porque uno de sus hermanos vive aquí. «Vivir en la calle es muy difícil. Nos acostumbramos poco a poco», cuenta este hombre de 40 años. Todos los días duermen a las puertas del BBVA. Su madre, por la edad, podría optar a una plaza en una residencia, pero prefiere no abandonar a su hijo, quien presenta problemas de alcoholismo. Descartan hacer uso de los recursos de pernocta porque, cuentan, el ambiente no es agradable, además de haber tenido una disputa con otro de los usuarios.
A Moraima sí que le gustaría una de estas plazas bajo techo, pero le es imposible. En el Centro de Acogida e Inserción (CAI) para las personas sin hogar de Alicante, no admiten animales, y esta mujer de 65 años tiene dos perros. «Es la familia que uno tiene. No podría darlos a una perrera, no sería capaz», señala.
Moraima llegó de Cuba el pasado diciembre. Después de estar unos meses en casa de una amiga, y una vez se decretó el estado de alarma, tuvo que salir. Un señor le acogió unos días, hasta que finalmente se vio aquí, en el refugio improvisado que muestra una de las imágenes que acompaña a esta información.
Ella no había estado nunca antes en esta situación. «Es la primera vez que vivo en la calle. Para mí es horrible porque nunca he vivido así, pero no hay otra. Pensé que podía tener otras posibilidades», explica Moraima sobre su decisión de venir a España. Ha intentado legalizar su situación en el país, pero no le resulta posible. El motivo de su salida de Cuba tiene que ver, según explica, con una serie de dificultades derivadas de ser homosexual.
Cumple las normas de límite de horario dentro de sus plásticos, ubicados en la pinada del Monte Tossal. «No salgo en las horas en las que no puedo salir, por eso no he tenido ningún problema», apunta. «La policía pasa por aquí y nos apoya mucho. Nos dicen: ‘cualquier situación que tengan, nos avisan’», cuenta sobre la posición de los agentes de la Policía Local. «Vienen de madrugada, siempre están dando vueltas por aquí», añade.
Su testimonio en relación a la actuación de la policía concuerda con el del resto de personas sin hogar con las que ha hablado este diario este fin de semana. Todas ellas admitieron permisividad y no haber recibido ninguna propuesta de sanción.
Así lo explican también Víctor y Pedro. Ellos se han instalado en un pequeño rincón de las inmediaciones del estadio José Rico Pérez, de donde temen que se les desaloje con motivo del inicio de la liga. «Durante el confinamiento me tiré aquí tres meses encerrado. No me dejaban salir. Solo hasta el monasterio -parroquia de San Pablo- y luego de vuelta», asegura Pedro, que este pasado jueves cumplió 51 años. El coronavirus no está en su lista de preocupaciones, tampoco poseer un certificado de no vivienda para evitar posibles sanciones derivadas del estado de alarma o el toque de queda, como han promovido algunas ONG en las calles de Barcelona para proteger al colectivo. «Preferiría que el ayuntamiento abriera para nosotros los pisos en los que no vive nadie», zanja contundente.
A Víctor sí que le llamaron la atención los agentes hace unas semanas. «Me preguntaron qué hacía en la calle y les expliqué que estaba volviendo al sitio donde dormía. ‘Venga, aire’, me dijeron. Si vas andando por la calle, te van a parar», cuenta esta persona sin hogar. Víctor usa todos los días las mascarillas que le entrega Cruz Roja. Durante el confinamiento, se encontró mal y acudió a un centro sanitario. Allí le realizaron la prueba PCR y el resultado fue negativo. «Lo que quiero es solucionar mi vida, mi salud. Salir de la calle», explica este sin techo, quien recibe atención en la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) de Alicante.
También en un refugio improvisado, María (47) y su pareja pasan la noche del toque de queda. No hay nadie en la ladera de la montaña, el silencio es absoluto. Se les escucha conversar en tono de susurro dentro de su espacio. «Desde que empezó el tema del coronavirus, las cosas han cambiado mucho. Antes venía gente a ayudarnos con comida, ahora ya no vienen. Prefieren no acercarse», explica María, que lleva en la calle desde 2016. La policía, lejos de sancionarles, también pasa por este rincón y les recuerda que pueden avisarles ante cualquier situación complicada. En cuanto a la pandemia, les preocupa «porque está muriendo mucha gente», aunque lo que más les inquieta en este momento es la idea de un hogar: «Quiero una casa donde poder estar, aquí se pasa muy mal», cuenta la mujer.
Una nueva ordenanza municipal contra la mendicidad y la prostitución, que se encuentra en trámite aunque todo apunta a que saldrá adelante con el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox, propone sancionar a las personas que duermen en la calle, a las que el gobierno local hace referencia con el término «acampadas ilegales». Reacción solidaria, asociación que trabaja con personas sin hogar, intervino en el último pleno del Ayuntamiento de Alicante, donde afirmó que «aprobar esta ordenanza es criminalizar la pobreza, culpar al que duerme bajo las estrellas porque no tiene una alternativa» e invitó a los dirigentes a que salieran una noche con ellos para ver la situación de los «invisibles». «¿Acaso creen ustedes que estas personas duermen en la calle por gusto?», reflexionó en voz alta la portavoz de la entidad social.
