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La Fiscalía denuncia a tres alcaldes de Alicante por colarse en la vacunación contra el covid

El Ministerio Público ve indicios de delito de cohecho en la actuación de los regidores de La Nucía, El Poblets y El Verger y archiva las diligencias para los otros ocho investigados, entre ellos el obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante

Los alcaldes Bernabé Cano (PP), Ximo Coll (PSPV) y Carolina Vives (PSPV).

Los alcaldes Bernabé Cano (PP), Ximo Coll (PSPV) y Carolina Vives (PSPV).

El alcalde de La Nucía y diputado provincial por el PP, Bernabé Cano, y los regidores socialistas de Els Poblets y El Verger, Carolina Vives y Ximo Coll, han sido denunciados por la Fiscalía por haberse saltado el turno de vacunación contra el covid sirviéndose de su cargo. El Ministerio Público ha enviado a los juzgados territorialmente competentes las denuncias contra los tres alcaldes por un posible delito de cohecho. A los de la Vila Joiosa en el caso del primero y a los de Dénia en el de los segundos.

Por contra, el fiscal Pablo Romero ha archivado las diligencias abiertas para los otros cinco cargos públicos de los que también se han investigado las circunstancias en que se les administró la vacuna: el obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, Jesús Murgui; el diputado responsable del centro Doctor Esquerdo de la Diputación, el popular Juan Bautista Roselló; el concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Orihuela, José Galiano, del PP; el excomisionado de Sanidad de Torrevieja y edil socialista de Benejúzar, José Antonio García; y quien fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Dénia, Cristina Morera, del PSPV, que dimitió por estos hechos.  

También se archivan las diligencias para el cuñado y la hermana del obispo, así como también para el vicario general Vicente Martínez.

De los cinco, no en todos concurren las mismas circunstancias exculpatorias. Mientras en algunos está justificada la administración de la vacuna por la actividad que desarrollaban, según la información aportada por la Conselleria de Sanidad, en otros, en los que la explicación no sería tan rotunda, no se han encontrado suficientes indicios de delito como para presentar denuncia.

 La investigación comenzó hace cuatro meses después de que dos representantes vecinales, José María Hernández Mata y José Luis Valdés, tuvieran conocimiento a través de los medios de comunicación de estas inmunizaciones supuestamente irregulares y las pusieran en conocimiento de la Fiscalía. 

Una vez judicializados los casos de Cano y del matrimonio formado por Vives y Coll, corresponde ahora a los magistrados que se hagan cargo de la instrucción la práctica de diligencias y la tipificación de unos hechos que la Fiscalía enmarca en el cohecho, pero que bien podrían ampliarse a otros cargos como prevaricación o malversación de caudales, entre otros.

El artículo 422 del Código Penal establece penas que van de seis meses a un año de prisión y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años «a la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera por sí o persona interpuesta dádiva o regalo que le fueran ofrecidos en consideración de un cargo o función». El Ministerio Público considera que la regalo fue adelanto en la administración de la vacuna en consideración a su cargo.

La Fiscalía considera que el regalo fue el adelanto en la administración de la vacuna en atención a sus cargos 

Bernabé Cano recibió la primera dosis el 6 de enero en una residencia de mayores de La Nucía cuyo acceso estaba restringido y a la que el político se había desplazado en compañía de otras personas el día que estaban procediendo a la vacunación de los internos. Cuando la noticia de la inmunización salió a la luz, el PP consideró que tanto el alcalde como su concejal de Sanidad (que no ha sido denunciado) se vacunaron bajo la autorización expresa de los responsables del área de salud. Un departamento dependiente de la Conselleria de Sanidad cuyos informes han sido determinantes para que la Fiscalía presente la denuncia contra el también diputado provincial, que continúa ostentando sus cargos pero tiene retiradas las competencias en la Diputación a raíz de presentarse la denuncia en la Fiscalía por estos hechos.

En el caso de los regidores socialistas de El Verger y el Poblets, quienes también fueron inmunizados en los primeros días en enero, ambos alegaron que se les llamó para vacunarse porque sobraban dosis, versión que a juzgar por la actuación de la Fiscalía debe tener matices. Los dos políticos socialistas, suspendidos cautelarmente de militancia, se vacunaron en su centro de salud junto al jefe de la Policía Local de El Verger y a otros cuatro policías y guardias civiles, según confirmó en su momento el propio Coll. 

La Fiscalía no actúa contra otras personas que hayan intervenido en el proceso de vacunación, lo que podría suceder en el supuesto de que la investigación determine la participación de otras personas en estas vacunaciones presuntamente irregulares.

Las justificadas 

Justificación para recibir la vacuna sí que parece que tienen personajes públicos como el obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, quien se inmunizó junto a su hermana y su cuñado en la Casa Sacerdotal de Alicante, donde no reside pero que sí es su domicilio de referencia para todas las cuestiones relaciones con Sanidad

 Como también se considera adecuada la vacunación del comisionado de Sanidad de Torrevieja, quien dimitió del cargo por estos hechos aunque continúa siendo concejal de Benejúzar, y cuyo despacho se encontraba junto a la Gerencia del hospital, así como la de los populares Roselló y Galiano, por la vinculación laboral del primero al centro Doctor Esquerdo y a la residencia donde fue vacunado el segundo. No se ha detectado tampoco anomalía en la vacunación de la exteniente alcalde de Dénia, Cristina Morera, quien aseguró que fue llamaba a últimas horas de la jornada para que no perdieran dosis que habían sobrado.

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