Castedo lleva a Barcala ante el Síndic por ocultar documentos sobre el abogado del caso PGOU

El defensor del pueblo valenciano admite la queja de la exalcaldesa y reclama al bipartito un informe del expediente solicitado en septiembre

Barcala y Castedo, en un encuentro en noviembre de 2018.  | JOSE NAVARRO

Barcala y Castedo, en un encuentro en noviembre de 2018. | JOSE NAVARRO / c.pascual

C. Pascual

C. Pascual

Hasta el Síndic de Greuges ha acudido la exalcaldesa Sonia Castedo por la falta de respuesta del Ayuntamiento, dirigido por Luis Barcala, ante la documentación pedida sobre la contratación de un abogado para defender los intereses municipales en el caso del PGOU, del que ha salido absuelta Castedo. La exregidora sospecha de irregularidades en el proceso para externalizar la acusación particular, que se impulsó durante el gobierno del tripartito.

Todo surge el pasado mes de julio, cuando Castedo pide una serie de documentos oficiales sobre la contratación de José María López Coig como abogado del Ayuntamiento, que ejerció como acusación particular y que supuso un gasto de más de 40.000 euros a las arcas municipales. Desde el Ayuntamiento se remitió parte de la documentación solicitada por Castedo en septiembre, pero no toda. Por eso, la exalcaldesa volvió a dirigir una nueva solicitud al gobierno municipal a finales de ese mes, en la que requería cinco documentos: inicio del expediente en Contratación «motivando la necesidad» del contrato en los términos previstos la Ley de Contratos del Sector Público, registro de entrada de la petición de provisión de fondos del letrado designado, acuerdo económico de Intervención relativo a la adjudicación, documento de Intervención relativo a la necesidad de tramitar un procedimiento negociado (dado que el coste superaba el contrato menor) y la autorización, disposición y reconocimiento de obligación del pago de la factura de 15 de julio de 2021 de 10.030 euros.

Esa petición, sin embargo, aún no ha obtenido respuesta por parte del gobierno que lidera Luis Barcala, pese a «haberse superado el plazo establecido por la administración (treinta días)» y a que, tras siete llamadas a Alcaldía «siempre se comunicaba que la documentación sería entregada al día siguiente». Ante esta queja, el Síndic ha reclamado al bipartito «un informe detallado y razonado sobre los hechos», junto con su valoración sobre la posible afectación al derecho de acceso a la información pública de la exalcaldesa.

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