Casi un mes después de que entrase en vigor la controvertida ordenanza contra la mendicidad y la prostitución, conocida oficialmente como Ordenanza de Convivencia Cívica, la Policía Local de Alicante ha empezado a multar a personas sin techo, que estaban ejerciendo la mendicidad en calles de la capital alicantina. Así se ha podido comprobar la mañana de este sábado en céntricos enclaves de la ciudad, como la avenida Alfonso el Sabio o la Explanada de España.
La norma se aprobó en pleno a mediados de febrero con los votos a favor de los socios del gobierno municipal (PP y Ciudadanos) y Vox, frente al rechazo de la izquierda y también de entidades sociales, Cáritas incluida. Hasta el obispo, Juan Ignacio Munilla, se ha posicionado en contra: "No tienen sentido las ordenanzas municipales que prohíben dormir en la calle".
Este sábado, cuando faltan apenas dos días para cumplirse un mes de la entrada en vigor, agentes de la Policía Local han multado a personas sin recursos que estaban pidiendo ayuda en céntricas vías de Alicante. En Alfonso el Sabio, los policías han sancionado y desalojado a una mujer, que estaba junto a un perro de pequeño tamaño. Tras solicitarle la documentación, los agentes le han dado en mano la multa (levantamiento de acta administrativa, técnicamente). Posteriormente, han obligado a la sintecho a abandonar el lugar. La mujer no ha tenido más remedio que recoger sus escasas pertenencias, introducirlas en un carro de la compra, incluida la botella de agua y un pequeño bebedero para su mascota, además de un cojín y una pequeña manta, y abandonar la céntrica avenida, a la altura de una entidad bancaria y frente a una superficie comercial.
También ha habido desalojos en la calle de las Setas (San Francisco) y otras sanciones en la Explanada de España, según testigos presenciales.
El Ayuntamiento de Alicante, por su parte, alega que “no se ha multado” a la persona, sino que se le ha impuesto un “acta administrativa”. Esa acta, según fuentes policiales, es la habitual propuesta de sanción, que ahora el órgano sancionador (el Ayuntamiento) debe tramitar, decretando si la persona ha cometido una infracción leve, grave o muy grave, con su correspondiente cuantía económica. Además, desde el Ayuntamiento aseguran que han trabajo con “muchos sintecho” durante las últimas semanas.
El alcalde, Luis Barcala, aseguró antes de entrar en vigor la ordenanza que el bipartito de Alicante había trabajado en un "plan" para la implantación de la norma: "Empezaremos con el vandalismo y con los gorrillas, que son un problema de seguridad".
La norma, que incluye multas de hasta 750 euros por dormir o acampar en la calle, se encuentra actualmente recurrida por Unidas Podemos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Recientemente, dentro de los trámites previos a que el TSJ resuelva el recurso de la coalición morada, el Ayuntamiento de Alicante, a través de los Servicios Jurídicos municipales, ha rechazado la petición de una suspensión cautelar de la ordenanza contra la mendicidad y prostitución. El Consistorio alicantino ha negado, por escrito, que el controvertido documento busque "penalizar a las personas sin hogar", sino que defiende que el objetivo es "cohonestar los intereses de todos y cada uno de los usuarios de los espacios públicos y preservar la convivencia entre los ciudadanos". Respecto a los artículos que abordan la prostitución, el Ayuntamiento señala que "es obvio que la preocupación" del recurrente "por los derechos de las mujeres no es óbice para que reconozca que los derechos de los restantes ciudadanos, y en especial los de los menores en edades formativas, también deben ser respetados".
Entre los artículos más polémicos de la ordenanza figuran las multas de hasta 500 euros por el ofrecimiento de servicios o productos, siempre que no hayan sido demandados por el usuario, como tarot, videncia, masajes, tatuajes, espectáculos circenses o de malabarismos, indicaciones de aparcamiento, ordenación y vigilancia de vehículos, limpieza de parabrisas, pañuelos, mecheros o similares, en espacios públicos y a personas que se encuentren en el interior de vehículos privados o públicos, a cambio de una cantidad de dinero o donativo. También se pueden multar las indicaciones de aparcamiento, ordenación y vigilancia de vehículos, limpieza de parabrisas.
Además, se puede sancionar con hasta 750 euros por dormir o acampar en la calle. En concreto, según la redacción de la ordenanza aprobada, está castigado "acampar en las vías y los espacios públicos, acción que incluye la instalación estable en estos espacios públicos, sus elementos o mobiliario de tiendas de campaña, tenderetes, colchones, vehículos, autocaravanas o caravanas, salvo autorizaciones para lugares concretos, y tampoco estará permitido dormir de día o de noche en estos espacios".
Con hasta 3.000 euros está castigado realizar "conductas que, bajo apariencia de mendicidad o de manera organizada, representen actitudes coactivas o de acoso, u obstaculicen e impidan de manera intencionada el libre tránsito de la ciudadanía por los espacios públicos, cuando se ejerzan directa o indirectamente con acompañamiento de menores o de personas con diversidad funcional".
Críticas de "persecución a los más vulnerables" desde el PSOE
La concejala socialista Lola Vílchez ha criticado la “persecución de Barcala a la población más vulnerable”, tras las sanciones policiales un mes después de entrar en vigor la ordenanza. “No entendemos lo que quiere Barcala. Sabemos que esta clase de personas le incomodan, por eso no entendemos que rechazara en el pasado pleno 500.000 euros del Consell para la construcción de un segundo albergue. Es vergonzoso el comportamiento de este alcalde. Estamos dispuestos a llevar este tema donde sea necesario", ha lamentado la socialista tras conocerse las primeras sanciones a personas sin recursos.
Por su parte, también Unidas Podemos ha señalado este sábado que registrará la solicitud de informe sobre las sanciones aplicadas por la “ordenanza de la vergüenza”. El grupo municipal califica de “impresentable” el gobierno del Partido Popular por “alentar a la criminalización de las personas sin hogar” y exige de nuevo la retirada de la norma pendiente de su valoración por el TSJ.
El portavoz municipal, Xavier López, anticipa que su grupo va a “exigir la documentación a la concejalía de Seguridad de las sanciones interpuestas por la Policía Local para saber a cuántas personas sin hogar se les ha aplicado las sanciones recogidas en la ordenanza de la vergüenza y pediremos también información a la edil de Acción Social con la finalidad de conocer si tal y como afirmó Barcala en el pasado pleno se ha abordado cada caso de forma individualizada a través de los servicios sociales”. “No podemos aceptar que simplemente se sancione a las personas que han acabado viviendo en la calle, ni que se las invite a abandonar los espacios en los que habitan sin ofrecerles ningún itinerario de inclusión ni alternativa habitacional, por una norma acordada entre el alcalde y Vox que tiene sus días contados", ha añadido el concejal.
