La constatación de que España está entrando en un nuevo ciclo seco tras el parón de las lluvias que dejaron reservas para aguantar este año sin problemas ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre qué debe hacer la provincia para asegurarse el abastecimiento hídrico del futuro. Coyuntura reforzada ante la evidencia, certificada por los expertos del panel del clima de la ONU, de que todo apunta que la reducción de la lluvias en la cabecera del Tajo será de un 30% en los próximos 25 años. El catedrático de la Universidad de Alicante y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, subraya, en este sentido, que “nos guste más o nos guste menos la provincia de Alicante tiene que trabajar por ser cada día más autónoma y eficiente en sus recursos hídricos y la desalación es una opción que debe aceptarse. El trasvase Tajo-Segura no va a poder seguir como hasta ahora. Por supuesto que es fundamental, pero hay que pensar en la necesidad de incorporar el agua desalada al sistema. Eso sí, a un precio para la agricultura no superior a los 0,25 euros el metro cúbico”.
Olcina avanza que las lluvias en la cabecera del Tajo, desde donde arranca el trasvase, se han reducido en una media de 87 litros/m2 al año comparando con lo que llovía anualmente de media en las series históricas 1940-1979 y 1980-2018. "Esto es un dato irrefutable, no un invento".
El climatólogo insiste en que “hay que cerrar ya el debate político. Por supuesto que no se debe acabar con el trasvase, pero debemos apostar por soluciones sensatas como es utilizar agua desalada pero a un precio que se pueda pagar, sobre todo el campo”. Olcina insiste, por otra parte, en que “tampoco debemos dejar de lado el tema de la reutilización de las aguas residuales que tiene que ser clave en el futuro. Ahora mismo hay técnología para reutilizar en la agricultura este caudal con garantías sanitarias y económicas, pero para ello hay que modernizar plantas en comarcas como la Vega Baja para reutilizar el agua al 100%”.
"Nos guste más o nos guste menos la provincia de Alicante tiene que trabajar por ser cada día más autónoma y eficiente en sus recursos hídricos"
Los expertos calculan que en los próximos 50 años las lluvias se van a reducir en un 30%, la disponibilidad del agua de los trasvases está como está, y el agua desalada tiene todavía precios prohibitivos. Desde la Conselleria de Agricultura se trabaja en dos líneas: el riego denominado «riego deficitario» y en mejorar las técnicas para luchar contra la salinidad. Los principales efectos que se esperan son la reducción de la disponibilidad de agua (más periodos de sequía) y el aumento de la temperatura. Como consecuencia de ello se espera un incremento de la salinización de los suelos que afectará notablemente a los cultivos.
Desde la aprobación de la Directiva europea Marco del Agua la consideración del agua en la planificación territorial ha ido experimentando un cambio en toda Europa y también, aunque con mayores reticencias, en España. El cambio fundamental tiene que ver con la filosofía propia de la planificación.
«Se ha ido pasando de la política de oferta, basada en trasvases y desalación, a considerar clave la gestión de la demanda (ahorro y reutilización de aguas depuradas). Además, un escenario marcado por el cambio climático, con precipitaciones a la baja y cambios en la estacionalidad de las lluvias, con menores precipitaciones en primavera en la Cordillera Ibérica, cabecera de los ríos Júcar y Tajo, obliga a reformular la política del agua en el sureste ibérico y buscar soluciones que permitan afrontar las situaciones de sequía con solvencia», sostiene el catedrático Jorge Olcina.
El propio Plan de la Demarcación Hidrográfica del Segur ha ajustado mucho más los recursos y demandas en la cuenca, y basa la aportación de posibles nuevos recursos a los procedentes de desalación y reutilización de residuales. Esto, más el mantenimiento del caudal medio que está trasvasando en los últimos años el Trasvase Tajo-Segura (en torno a 300 hm3/año), permitía hasta ahora asegurar las demandas en Alicante y Murcia. «Eso sí, es necesario también un debate sobre el futuro de la agricultura en el sureste ibérico, para concretar superficies y producciones que puedan seguir manteniendo el nivel de renta de la agricultura. La desalación para uso agrario debe estar subvencionada por Europa. Nuestro políticos deben luchar para ello», asevera Olcina. Y si esto no se consigue, el profesor plantea, incluso, que se puede aplicar un canon a los usuarios urbanos para que subvencionen el agua de uso agrario.
La agricultura es el segundo sector exportador de la provincia tras el calzado con un crecimiento sostenido desde 2009, justo cuando la provincia comenzó a sentir con mayor crueldad el derrumbe de la construcción. En total, la Comunidad Valenciana mueve al año 3.300 millones de euros siendo las naranjas, limones, pimiento, tomate, lechuga, sandías y uva de mesa, los productos más demandados en Europa, según la Federación Española de Empresas Exportadoras de Frutas y Verduras.
Un 33% de la facturación corresponde a la provincia de Alicante, donde 116.029 familias trabajan directamente o indirectamente en el sector hortofrutícola y, por ende, dependen del agua que llega todos los años desde el Tajo y que se va a reducir, no ya solo por el cambio climático sino por ese empeño del Ministerio para la Transición Ecológica de sanear el Tajo a costa del reducir los aportes del trasvase. Este es el escenario de un sector eminentemente exportador –más de 1.000 millones de euros al año– que tradicionalmente ha estado abandonado y olvidado por la Administración pese a ser capital y clave para la economía de la provincia de Alicante.
Recordar, por otro lado, que Los investigadores de la Universidad de Valencia y la Universidad de Alicante, Álvaro Francisco Morote, Jorge Olcina y María Hernández, galardonados el año pasado con el segundo premio en los ‘Water 2021 Best Papers Awards’, subrayan que la cuenca del Segura ha logrado ser ya una zona menos vulnerable a los fenómenos de sequías por el aprovechamiento de los recursos hídricos procedentes de las desaladoras y de las depuradoras. «A pesar de ser la región más árida de España y con una escasez natural de agua, los esfuerzos realizados en este territorio lo convierten en uno de los mejores adaptados a la escasez de agua, pero debe reutilizarse el agua al 100%", reitera Jorge Olcina.
Los investigadores reclaman, no obstante, «ser críticos y cambiar la percepción de la dependencia exclusiva de las transferencias» del Tajo. Todos los recursos hídricos disponibles, reflejan, deben estar concentrados en un nuevo modelo que combata la escasez: El agua del Tajo será «un recurso no disponible coincidiendo con años de sequía en las cabeceras del Tajo». Por lo tanto, buscan una integración entre los recursos propios, los superficiales, los subterráneos, el agua del Trasvase «cuando sea posible» y el agua desalada para llevar a cabo un nuevo planteamiento que haga a la cuenca del Segura más resiliente. «Los aportes de la citada transferencia se irán reduciendo por episodios de sequía y las nuevas reglas conservadoras de explotación de la cuenca cedente».
Para reducir el precio del agua desalada, apuestan por una mayor eficiencia energética en las plantas de tratamiento que permita reducir los costes de producción, un trabajo que ya está desarrollando, por ejemplo, la Mancomunidad de Canales del Taibilla: «Otra opción es la integración de las plantas desaladoras en un sistema global de gestión del agua». De esta forma, «la desalación formaría parte de un “pull agua’, que incluye recursos hídricos superficiales, subterráneos y aguas residuales regeneradas, las cuales serían consumidas y asignadas a los diferentes usos» como el urbano o el agrícola.
Abandono agrícola y despoblación
Por otra parte, un estudio elaborado por LA UNIÓ de Llauradors revela que las 29 poblaciones en riesgo de despoblamiento en la provincia de Alicante han perdido a lo largo de los últimos veinte años un total de 2.336 explotaciones, lo que supone un 52,5% menos, y 4.559 hectáreas de cultivo, el 27% menos que hace dos décadas.
La organización ha comparado la variación del número de explotaciones y de superficie de cultivo a través de los censos agrarios oficiales comprendidos entre el año 2020 y 1999 de los pueblos con riesgo de despoblamiento del territorio valenciano. También ha utilizado para su estudio el ”Informe sobre el medio rural” del CES-CV de julio de 2020. La variación de cifras del estudio puede variar al alza o a la baja con la actualización de los últimos dos años, de los que no se conocen datos.
Del conjunto de los datos analizado por LA UNIÓ, se desprende que la población en los 172 municipios de la Comunidad Valenciana con riesgo de despoblación con 78.862 habitantes solo representaba el 1,58% del conjunto de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, si se analiza el número de explotaciones agrarias existen 15.038 en esas localidades, lo que supone el 15% del total, cifra que demuestra la gran importancia de la agricultura y la ganadería en esas zonas.
Los pueblos en riesgo de despoblamiento representan el 31,8% de las 542 localidades de la Comunidad Valenciana. La provincia de Alicante cuenta con 29 municipios, el 20,6% del total del territorio valenciano. En el análisis provincial vemos que la provincia de Alicante ha disminuido en 2.336 explotaciones (el 52,4%) y 4.559 hectáreas menos (el 26,9%). La comarca con más poblaciones en riesgo de despoblación en la provincia de Alicante es el Comtat con 14.
Los datos demuestran que la falta de políticas o la ineficacia de estas ha provocado que la gran mayoría de las localidades en esta situación sigan perdiendo población y también uno de los motores para evitar su vacío como es la actividad agraria, puesto que el abandono de explotaciones y superficie sigue al alza. Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, señala que el objetivo del estudio es alertar de que “hay que dar pasos más firmes pues las actuales políticas no están sirviendo para evitar la pérdida de explotaciones y de superficie agrícola de una actividad que es clave para evitar el despoblamiento”.
En este sentido, LA UNIÓ propone que se establezca una intervención territorial para dar apoyo a los cultivos de secano tradicionales y de baja rentabilidad (olivar, frutos secos, viña y cereal), con el objetivo de mantener una actividad económica en zonas con riesgo de despoblamiento.
Del mismo modo la organización solicita incentivos fiscales ambiciosos (fiscalidad diferenciada) para los territorios con riesgo de despoblación que induzcan a particulares y empresas a permanecer en el territorio o a radicar ex novo su domicilio allí.
Así mismo propone que los ayuntamientos de poblaciones en riesgo de despoblación establezcan el mínimo tipo impositivo aplicable en el IBI para todas aquellas construcciones e instalaciones necesarias para el desarrollo de actividades económicas ganaderas y que estos ayuntamientos sean compensados en su reducción de ingresos por parte del Gobierno.
También aboga por conceder ayudas para el alquiler de viviendas para familias con hijos e hijas menores de 16 años que quieran residir en municipios con riesgo de despoblación. Otras propuestas de LA UNIÓ pasan por la exención general de las tasas de precios públicos para empresas y emprendedores en zonas con riesgo de despoblación, a través de una compensación a las administraciones locales que la aplican.
