La Comisión Europea apremia al Ayuntamiento de Alicante a promover soluciones para acabar con el sinhogarismo antes de 2030

En esa respuesta fechada el pasado 9 de septiembre, el comisario europeo de Justicia, el belga Didier Reynders, recuerda que "la Carta solo es aplicable a los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la UE", mientras que la polémica ordenanza -prosigue el texto- "no parece estar relacionado". En tales casos, según el comisario, "corresponde a los Estados miembros, y en particular a sus autoridades judiciales, garantizar el respeto de los derechos fundamentales previstos en su Derecho nacional y en sus compromisos internacionales".

Pero más allá de las competencias directas de la Comisión, Reynder recuerda que "España firmó en 2021 la Declaración de Lisboa sobre la Plataforma Europea para Combatir el Sinhogarismo, que establece el objetivo de acabar con el problema del sinhogarismo de aquí a 2030, de modo que nadie duerma a la intemperie por falta de alojamiento de emergencia accesible, seguro y adecuado ni se discrimine a nadie debido a la situación de carencia de hogar".

La Declaración, según apunta la Comisión, "compromete a las autoridades nacionales, regionales y locales a promover la prevención del problema del sinhogarismo, el acceso a una vivienda permanente y la prestación de servicios de capacitación a las personas sin hogar".

En la respuesta de la Comisión sobre la ordenanza de Alicante, también apunta que "el Plan de Acción en materia de Integración e Inclusión 2021-2027 reconoce que los migrantes y los ciudadanos de la UE de origen migrante a menudo sufren discriminación directa o indirecta o racismo cuando buscan una vivienda o un empleo".

En la pregunta, los eurodiputados Manu Pineda y Sira Rego pretendían que la Comisión entrada en el fondo, con cuestiones como la "valoración de la ordenanza y otras similares que claramente vulneran los derechos humanos en la Unión Europea". En el cuerpo de la pregunta, los eurodiputados recordaban que "en febrero, el gobierno de la ciudad de Alicante, del Partido Popular y Ciudadanos apoyados por el partido de ultraderecha de Vox, aprobó la Ordenanza de Convivencia Cívica, por la que se podrá multar con hasta 3 000 euros a personas sin hogar y mujeres en situación de prostitución".

El documento, según añadían, "no solo afecta a estas personas vulnerables, sino también a personas migrantes y al colectivo LGTBI", ya que, "bajo el pretexto de la convivencia, fomenta la discriminación en materia de igualdad, diversidad sexual y migración.

A su vez, en la pregunta, señalan que "el Observatorio Hatento advierte de que el 47% de las personas en situación vulnerable han sufrido algún tipo de incidente o delito de odio por el hecho de no tener un hogar y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictaminado que "este tipo de ordenanzas violaban el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos", sobre el derecho al respeto a la vida privada y familiar.

Casi seis meses en vigor

Un año y medio después de que el gobierno municipal de PP y Ciudadanos lanzaran la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución, la controvertida norma, rechazada por la izquierda y por entidades sociales, Cáritas incluida, y criticada hasta por el obispo, entró en vigor a finales de marzo.

Entre las más polémicas, multas de hasta 500 euros por el ofrecimiento de servicios o productos, siempre que no hayan sido demandados por el usuario, como tarot, videncia, masajes, tatuajes, espectáculos circenses o de malabarismos, indicaciones de aparcamiento, ordenación y vigilancia de vehículos, limpieza de parabrisas, pañuelos, mecheros o similares, en espacios públicos y a personas que se encuentren en el interior de vehículos privados o públicos, a cambio de una cantidad de dinero o donativo. También se pueden multar las indicaciones de aparcamiento, ordenación y vigilancia de vehículos, limpieza de parabrisas.

Además, se puede multar con hasta 750 euros por dormir en la calle. En concreto, según la redacción de la ordenanza aprobada, está castigado "acampar en las vías y los espacios públicos, acción que incluye la instalación estable en estos espacios públicos, sus elementos o mobiliario de tiendas de campaña, tenderetes, colchones, vehículos, autocaravanas o caravanas, salvo autorizaciones para lugares concretos, y tampoco estará permitido dormir de día o de noche en estos espacios".

Primer (y último) balance

Dos meses y medio después de que la controvertida ordenanza contra la mendicidad y la prostitución entrase en vigor, el bipartito de Barcala hizo un primer, y por ahora último, balance: "Se han saldado con 94 sanciones por diferentes conductas incívicas durante abril y mayo. Los agentes de la Policía Local han tramitado 80 denuncias a aparcacoches -también conocidos como “gorrillas”-, cuatro por miccionar en la vía pública y 10 por ruidos y a transeúntes desnudos".

Esto significaba que el resto de actas levantadas por agentes de la Policía Local, como la registrada a una mujer que pedía en la avenida Alfonso el Sabio finalmente no se tramitaron, pese a que los agentes recurrieron a la polémica norma para obligar a la persona a levantarse y dejar de pedir dinero. En ese arranque de entrada en vigor, también se sancionó a un hombre por pedir en la Explanada. Otra acta de denuncia levantada de la que tiene constancia este diario fue a mediados de mayo a un joven con discapacidad que pedía en un semáforo de la avenida de México con el argumento de que "obstaculizaba" el tráfico.

Al mismo tiempo, según el gobierno municipal, los agentes "han informado durante ese período a 51 personas que ejercían la mendicidad en lugares de tránsito público de los recursos sociales que presta el Ayuntamiento para recibir las ayudas necesarias, así como la disponibilidad de un lugar para pernoctar durante un primer mes". De hecho, prosiguieron desde el ejecutivo de Barcala, "el Ayuntamiento ha creado un grupo de la Policía Local adscrito a la Concejalía de Acción Social para atender a las personas desfavorecidas".

Del medio centenar de personas sin hogar a las que se le "han ofrecido estas ayudas sociales" en esos primeros dos meses de aplicación de la ordenanza, siempre según los datos del Ayuntamiento, "tres de ellas han aceptado este apoyo para salir de la mendicidad".