Nada se sabe, de repente, del plan liderado por el alcalde, Luis Barcala, para que Suma, el organismo dependiente de la institución provincial responsable de gestionar y recaudar los tributos municipales en la provincia, se haga cargo de cobrar los impuestos a los alicantinos a partir de 2023. La presión de la oposición y también de los vecinos ha obligado al ejecutivo local a frenar el proyecto, que estaba previsto que se aprobara en el pleno de este mes.
La Comisión de Hacienda previa al pleno de septiembre, que se ha celebrado a primera hora de este viernes, ha transcurrido sin una sola alusión al proyecto del gobierno municipal, que llegó a protagonizar una reunión informativa con los grupos de la oposición municipal hace una semana. Ni estaba en el orden del día, ni se ha incluido por la vía de urgencia ni tampoco se ha llegado a hablar del tema. Nada.
El silencio del gobierno municipal, cuando tenía que estar tramitando los cambios normativos para la aplicación del nuevo convenio con Suma, evidencia que las críticas han vuelto a hacer mella, trastocando los planes del ejecutivo local una vez más. No es la primera vez que Barcala ha cedido a los pulsos públicos. Durante este mismo mes, en apenas una semana, el gobierno de PP y Ciudadanos tuvo que rectificar hasta en dos ocasiones proyectos impulsados desde concejalías dirigidas por los populares, como fue la ubicación de una pérgola en Villafranqueza y el nuevo diseño de la avenida Aguilera.
Ahora, por el momento, esa presión política y vecinal le ha cambiado los tiempos con su pretensión de entregar a Suma el cobro de los impuestos a cambio de algo más de un millón de euros al año, ya que el expediente no ha pasado por la Comisión de Hacienda previa al pleno del próximo jueves. Y eso que desde el bipartito aseguraron a los miembros de la oposición presentes en la reunión informativa que el asunto se abordaría en la comisión. Al final, no ha sido así. El más que posible bloqueo de la oposición a la hora de aprobar el cambio de gestión ha hecho que el bipartito, por el momento, no haya dado el paso de llegar el expediente a votación. Perder esa votación sería un revés de trascendencia política para Barcala, y más a las puertas de unas elecciones.
Alcaldía asegura que el equipo de Gobierno "explora fórmulas para mejorar la gestión municipal y la cesión a Suma es un asunto en fase de estudio, como muchos otros". Este asunto fue protagonista de una reciente reunión en la que se dio por hecho que el asunto iría al pleno de este mes. Unos tiempos ya descartados. "Tras escuchar a la oposición, la propuesta no ha ido a la Comisión de Hacienda por no estar aún lo suficientemente madura", añaden desde el entorno de Barcala.
Al término del encuentro de la pasada semana, tanto desde la izquierda como desde Vox cuestionaron en voz alta la intención de Barcala de traspasar el cobro de impuestos a Suma, asegurando que no existían informes concluyentes sobre los beneficios para los alicantinos del modelo de gestión. Todos los grupos compartieron serias dudas sobre la conveniencia de cambiar un modelo, el actual, que aseguran que funciona. Y también criticaron en bloque la falta de transparencia del ejecutivo local, que hasta ese viernes no informó a la oposición sobre el proyecto, que desveló este diario a principios de mes. Una semana después de ese encuentro, la oposición no ha recibido oficialmente ninguno de los informes que, según Barcala, justifican los beneficios de externalizar el sistema de cobro.
La portavoz adjunta de los socialistas, Trini Amorós, avanzó tras la reunión que su grupo "no va a consentir que Barcala expolie a los vecinos de Alicante más de cuatro millones por el empeño de traspasar la recaudación tributaria municipal a Suma, un organismo dependiente de la Diputación Provincial". Desde Unidas Podemos, el portavoz, Xavier López, aseguró que la concejala de Hacienda, la popular Lidia López, "no ha dado ni una sola razón de peso para trasladar la gestión tributaria del ayuntamiento al órgano de la Diputación, Suma". También desde la bancada de la izquierda, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, defendió que "si una cosa funciona bien, para qué cambiarla", a la vez que cuestionó el "traspaso de competencias a la Administración provincial".
Pero no solo la izquierda dudaba, y mucho, de la conveniencia de traspasar a Suma el cobro de los impuestos. Tampoco gustó en Vox, clave en muchos de los controvertidos proyectos impulsados por el bipartito, como la ordenanza de mendicidad. El portavoz, Mario Ortolá, afirmó no encontrar "argumentos de peso que determinen que sea necesaria realizar ahora mismo esta cesión".
A ese rechazo también se sumaron quince entidades vecinales de la ciudad, que se han unido para mostrar su oposición al plan liderado por el alcalde, Luis Barcala, para dejar en manos de Suma el cobro de los impuestos municipales. Las asociaciones de Benalúa "El Templete", Virgen del Remedio, Garbinet-Bulevar, Colonia Requena, Gran Vía Sur, Juan XXIII Segundo Sector, Divina Pastora, La Voz de la Florida, San Antón, Alipark, Laderas del Benacantil, Movimiento por Benalúa, Villafranqueza, Doctor Rico y Barrio José Antonio "Sol d'Alacant" han firmado recientemente un documento en el que manifiestan el "total rechazo a esta medida por entender que perjudica gravemente los intereses de la ciudad de Alicante".
