Al bipartito de Alicante no le gustan los pulsos en público. No quiere ruido. Huye de él, o al menos lo intenta. Se ha visto durante todo el mandato, pero se ha evidenciado especialmente estas dos últimas semanas. En el horizonte, las elecciones municipales de finales de mayo de 2023, donde Barcala pretende revalidar por segunda vez su puesto al frente del Ayuntamiento.
En apenas cinco días de calendario, el gobierno de Barcala no ha tenido problemas en rectificar hasta en dos ocasiones proyectos impulsados desde concejalías dirigidas por el PP. Ha hecho suya aquella frase, atribuida a Napoleón, de que "una retirada a tiempo...", ya sea en el intento de convertir Aguilera en una avenida de seis carriles de circulación o de colocar una estructura frente a un bien cultural en el intento de ampliar las zonas de sombra.
La primera marcha atrás, de la dos recientes, se conoció el jueves 25 de agosto. Ese día, el bipartito anunció que cambiaría de ubicación la pérgola que tapaba la ermita de Sant Antoni Abad de Villafranqueza para así calmar la crispación vecinal que se desató en el barrio alicantino. La instalación para dar sombra se prevé recolocar en otro espacio del entorno sin impacto visual. Una rectificación en toda regla del bipartito horas después de que trascendiera el malestar vecinal por el armazón que ocultaba el Bien de Relevancia Local. El Ayuntamiento invirtió unos 400.000 euros en unas obras de mejoras en la plaza.
La rectificación llegó después de quejas registradas en el Ayuntamiento y de que la asociación de vecinos considerase en público que la pérgola, que cuando saltó la polémica llevaba un mes instalada, atentaba contra el edificio. El bipartito intentó, y por el momento consiguió, que la polémica saliera de los focos cuanto antes.
Apenas cinco días después, este pasado martes, llegaba otra marcha atrás del bipartito, de mayor calibre si cabe por la relevancia del proyecto. El pulso tampoco se prolongó en el tiempo. Sólo pasó un día desde que el Colectivo Social por Benalúa, una entidad que agrupa a la asociación de vecinos de Benalúa “El Templete”, la asociación de vecinos “Parque del Mar”, la asociación de comerciantes de Benalúa, la AMPA del CEIP Benalúa, la Foguera Benalúa, Alicante Vivo y la asociación de comerciantes Mercados Municipales de Alicante, expresara públicamente su "total desacuerdo" con el proyecto impulsado por el gobierno de Barcala para implantar el carril bus en la avenida Aguilera hasta que el concejal de Transportes, Manuel Villar, anunciara que se cambiaría el diseño para atender al deseo social: ni tantos carriles de circulación ni mantener las aceras estrechas.
Este viernes, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ratificó en una comparecencia pública la rectificación, la segunda en pleno ocaso de agosto. Habrá un carril menos de los proyectados inicialmente para así ampliar el espacio para el peatón. No es lo que querían los vecinos en su plan más ambicioso, pero es renunciar a que el proyecto sea "solo de Transportes", como argumentó el concejal Villar para justificar un diseño que iba totalmente en contra del discurso del propio alcalde de buscar una "ciudad más amable, con espacio para el peatón". Esa corrección sobre la marcha obliga a los técnicos a ajustar el diseño, ya que las obras están a punto de ser adjudicada a Pavasal por un precio inicial de 483.866 euros que cuanta con financiación europea y que se tendrá que incrementar "porque las aceras valen más que el asfalto".
El enmendarse la plana busca minimizar al máximo cualquier desavenencia pública. El bipartito de Barcala no quiere pulsos con los vecinos, y aún menos con la proximidad de las urnas. Ahora, a la primera, llega la renuncia. Cuando las elecciones se veían más lejanas, la defensa de los proyectos se alargaba, aunque finalmente se cediera también a la presión social.
Esa lección, repetida durante el mandato, el bipartito la interiorizó con el intento de implantar la zona azul y naranja en el barrio de Carolinas. Ahí la tensión se prolongó más. La rectificación, que terminó por llegar, no fue inmediata. El ejecutivo local intentó defender la iniciativa, que llevaba meses anunciada, alegando que la había pactado con la Junta de Distrito, para finalmente acabar cediendo cuando el vecindario y los comerciantes alzaron la voz.
El anuncio también llegó tras la comparecencia pública de una reunión de la Junta de Gobierno. En ese caso,o el concejal de Tráfico, José Ramón González, avanzó que la implantación de la zona azul y naranja en calles de Carolinas Altas tendría, al menos, que esperar. Poco después llegó la renuncia definitiva a un proyecto que empezó a dejarse ver en el barrio, con señales verticales y líneas de aparcamiento pintadas de color azul, que con el tiempo volvieron a su blanco original con su coste de por medio.
La paralización del proyecto se supo apenas una semana antes de que el sistema de regulación del aparcamiento se pusiera en marcha, al principio sin multas. Las críticas que arreciaron de comerciantes y vecinos, con una exitosa recogida de firmas de por medio, tumbaron la idea. De hecho, ese rechazo ha llevado al gobierno municipal a ni plantearse extender la zona azul a calles otros barrios. Ante el estrépito en Carolinas, ni se ha vuelto a activar ese proyecto. En un cajón aguarda mejores momentos.
Estas pueden ser tres de las cesiones más simbólicas del bipartito ante los vecinos, aunque son otras las que han trascendido durante este mandato, como la relativa al intento frustrado de instalar un ecoparque en la mediana de Vía Parque a la altura de Benisaudet. Como los vecinos rechazaron la ubicación, la instalación se acabó por proyectar en el entorno de Villafranqueza.
Y así otros proyectos tumbados por los vecinos. Donde la presión social no tuvo ningún efecto fue en la Zona Norte, antes, durante y después la pandemia. Las amargas quejas de los residentes en entornos como Colonia Requena o Virgen del Remedio contra las políticas del bipartito apenas surtieron ningún efecto. Lo que evidencia que la presión, también, va por barrios.
