En plena polémica por el desplazamiento a Elche de personas sin hogar que huyen de la ciudad de Alicante tras la aprobación de la ordenanza de mendicidad, el Ayuntamiento de Alicante ha hecho un nuevo balance. Eso sí, parcial, haciendo alusión exclusivamente a las atenciones sociales que han impulsado desde que entró en vigor la controvertida norma y sin hacer mención a las acta levantadas ni a las denuncias tramitadas.
La nota enviada por el gobierno municipal arranca con una inexactitud temporal: "El Ayuntamiento de Alicante cumple un año desde la entrada en vigor de su Ordenanza de Convivencia Cívica". La norma, sin embargo, entró en marcha a finales de marzo de 2022, por lo que lleva aplicándose poco más de siete meses.
Según la concejala de Acción Social, Julia Llopis, "se han ayudado a 27 personas sin hogar a salir de la calle, a las que a su vez se les ha ofrecido protección social y ayudas económicas a través de la intervención de los servicios sociales y de la Policía Local de Alicante". No hace alusión, por tanto, a las personas atendidas, dentro de las competencias del área municipal, antes de que entrarse en vigor la ordenanza aprobada por PP, Ciudadanos y Vox.
La edil Julia Llopis se ha mostrado "muy satisfecha" con el trabajo desarrollado en estos meses: “La ordenanza es una herramienta que nos ayuda a acercarnos a las personas sin hogar y desde los servicios sociales hemos podido ofrecer una mejor atención para prestar protección a las personas en riesgo de exclusión social y darles un mayor acceso a los recursos tanto de ayudas económicas como del CAI”.
La concejala ha dado datos de algunos de los casos atendidos por "la Policía Local y los Servicios Sociales", como el de un hombre de "80 años que ejercía la mendicidad y tenía graves problemas físicos por su avanzada edad y caminaba con un andador". "Esta persona se encontró en la calle después de que le vendieran su casa, y gracias a la intervención municipal se le ayudó a salir con la coordinación de la Policía Local, los trabajadores sociales del CAI y el Centro Social 4, logrando tramitarle una ayuda de dependencia por discapacidad y proporcionarle una residencia donde vivir", según el comunicado municipal.
Asimismo, según continúa el documento, "se prestó auxilio y rescató a una persona que era obligada a mendigar en las calles céntricas de la ciudad", tal y como informó este martes la Policía Local y la Policía Nacional, que decidió actuar en un caso en el que ha habido cinco detenidos en aplicación del Código Penal, por pertenencia a organización criminal y trata de seres humanos. "La Policía logró liberar a esta víctima junto con los servicios sociales, a la cual se la ayudó y facilitó asistencia médica y posteriormente fue trasladada a una casa de acogida adecuada a sus necesidades", prosigue la nota.
Según el Ayuntamiento, "desde la entrada en vigor de la ordenanza también se ha ayudado a otro hombre de 47 años que pernoctaba en la playa de la Albufereta y ocasionaba problemas en la red ferroviaria del TRAM, con numerosas intervenciones de la Policía Local en conflictos con viandantes y comercios cercanos, viajeros y personal de FGV, al que se logró facilitarle una ayuda médica y psiquiátrica".
Además, sigue el comunicado, "se ha intervenido con otras cuatro personas que vivían en la calle y sufrían graves problemas de alcoholismo, adicción a drogas y salud mental, algunos con actitudes violentas que han recibido ayuda médica y psiquiátrica para ser atendidos y salir de la calle".
Nueva Brigada de Policía Local-Acción Social
Por otro lado, el concejal de Seguridad, José Ramón González, ha explicado que "la Policía Local ha creado un grupo de intervención, junto con los técnicos de Acción Social, en el marco de la puesta en marcha de la Ordenanza de Convivencia Cívica". En total, desde la creación de la brigada policial de Acción Social, "se han hecho cerca de un centenar de salidas con los agentes y trabajadores sociales especializados en personas son hogar de los Equipos de Calle del CAI-Albergue".
En estas salidas, según el Ayuntamiento, "se visitan asentamientos chabolistas y tiendas de campaña de personas sintecho diseminadas por Alicante". "La Policía Local y los trabajadores sociales también recorren la ciudad, entrevistándose con las personas sin hogar. En estas visitas se trata de dialogar con ellas para conocer sus situaciones personales, y poder así trabajar de forma continua con un seguimiento, con el objetivo de prestarles ayuda e ir resolviendo sus problemas para poder sacarles de la calle, y revertir su situación como personas sin hogar", añaden desde el Ayuntamiento.
Por último, el comunicado finaliza asegurando que estos equipos han ayudado para que "personas sin hogar contacten con doce familiares de diversos municipios y países donde estas personas tenían vínculos logrando ayudarles y que se junten con ellos". "Así como se realizaron gestiones para documentar a ocho personas sin DNI ni pasaporte, que no podían acceder a ayudas sociales, a los que se les ayudó a su vez a gestionar ayudas sociales y a poder salir d la calle", según el bipartito.
"Intento de blanqueo"
Para el portavoz municipal de Unidas Podemos, Xavier López, los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Alicante suponen un "intento de blanquear la aprobación y aplicación de la ordenanza de convivencia, adjudicándole a una norma que vulnera los derechos humanos las intervenciones sociales que el Ayuntamiento está obligado a hacer". "El gobierno de Barcala mantiene en un cajón el Plan de Inclusión y se ha negado reiteradamente en el pleno a la puesta en marcha de una estrategia local contra el sinhogarismo. Su única política hacia este colectivo es la presión policial para que se marchen del término municipal de Alicante y por eso vamos a mantener la presión a través del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia para que se derogue cuanto antes", ha añadido López.
Plan de acción en Elche
Mientras el Ayuntamiento difundía el comunicado con las actuaciones que vincula a la entrada en vigor de la ordenanza, la concejala y portavoz de Compromís en Elche, Esther Díez, explicaba los dispositivos articulados en la vecina localidad para atender a las personas sin hogar, tanto a las que residen en Elche como las que han llegado en los últimos meses procedentes de Alicante.
La edil, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Alicante en la que ha estado acompañada por el concejal Rafael Mas, ha contado que el Ayuntamiento de Elche tiene en marcha un plan municipal para atender a personas sin hogar, sin necesidad de aprobar "ninguna ordenanza de la vergüenza". "Nosotros trabajamos conjuntamente con entidades sociales como Cáritas, Cruz Roja o Elche Acoge, con las que desarrollamos acciones de atención inmediata y también labor de integración psicosocial", ha señalado la edil, quien ha apuntado que en Elche, en lo que va de año, se han atendido a 439 personas sin hogar.
Por su parte, el concejal Mas ha anunciado que su grupo municipal promoverá que se ponga en marcha en Alicante un plan de atención a personas sin hogar, que debe empezar con un estudio riguroso de las personas que viven en las calles de la ciudad de Alicante. "Luego hay que promover la coordinación con las redes solidarias existentes, dotándolas de recursos económicos. También pedimos que el albergue municipal abra el pabellón todo el invierno para ampliar la capacidad de refugio, más allá de las inclemencias meteorológicas", ha señalado el concejal, quien ha vuelto a anunciar que si Compromís regresa al gobierno tras las elecciones de mayo de 2023 derogará la ordenanza vigente en Alicante.
