Cuando apenas ha pasado un mes desde que el caso Isjoma quedó visto para sentencia en la Audiencia de Alicante, otro juzgado ha abierto diligencias para investigar nuevos fraccionamientos de contratos en los pagos a la mercantil entre los años 2009 y 2015. Una magistrada de Alicante ya ha imputado al que fuera concejal de Atención Urbana y exvicealcalde de Alicante, Andrés Llorens, al empresario de la contrata Isidro García y al que fuera jefe de los talleres municipales Ginés Pérez, por los servicios pagados a la mercantil al margen del contrato que ya tenía con el Ayuntamiento. Los tres ya han sido citados a declarar como investigados por el juzgado, pero todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar. Al menos, mientras esté pendiente la sentencia por la causa principal.
Se trata de una pieza separada que se desgajó del caso Isjoma en el año 2019 y que ha empezado a ser investigado ahora. Inicialmente en estos hechos también estaba investigado el funcionario responsable de Atención Urbana, Víctor López, pero éste falleció el año pasado a causa del covid. En la pieza ya juzgada, se investigaban pagos a la mercantil entre los años 2007 a 2009 al margen del contrato con el Ayuntamiento y que ascendieron a cerca de 841.000 euros. Unos pagos que, para la Fiscalía Anticorrupción deberían haber estado incluidos el contrato principal.
En esta nueva pieza separada, se investigan otros pagos a la mercantil al margen del contrato entre los años 2009 a 2015. Aunque la cuantía está por determinar a lo largo de la instrucción, se estima que los pagos por estos trabajos encargados a dedo rondarían entre los 400.000 y 1,2 millones de euros, indicaron fuentes cercanas al caso. En el año 2009, la mercantil Isjoma volvió a hacerse con la contrata del montaje de escenarios y suministro de sillas para actividades festeras en Alicante, a pesar de haber optado al concurso con una oferta que era casi un millón de euros más cara que la de su principal competidora, la empresa Alavés.
En el año 2015, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anuló la contrata a Isjoma al cuestionar el informe del técnico Víctor López por el que esta empresa ganó el concurso. La sentencia aseguraba que Alavés debería haber ganado y obligaba al Ayuntamiento a indemnizar a la mercantil. Isjoma había venido ganando todos los concursos para la adjudicación del servicio desde el año 1987 y acabó cerrando a raíz de perder la contrata.
En los distintos procesos abiertos por el caso Isjoma, la mercantil Alavés había venido ejerciendo la acusación particular a través del abogado José Alberto Ferrer Pallás. En esta nueva pieza separada, el juzgado no ha admitido su personación y solo ejerce la acusación el fiscal Anticorrupción. Ya en el juicio por la causa principal, la Audiencia no permitió a la mercantil acusar por los presuntos fraccionamientos, limitando su ámbito de acusación solo a lo referido a las irregularidades en el concurso público en el que su oferta quedó rechazada.
Imputaciones y absoluciones
Ésta es la cuarta vez que el que fuera vicealcalde de Alicante durante el mandato de Sonia Castedo, el popular Andrés Llorens, ha acabado imputado en los juzgados. En dos de ellas, salió absuelto. La primera, por las irregularidades en las obras de la Plaza de Magallanes, cuyos trabajos se adjudicaron cuando ya había sido inaugurada. La segunda por los presuntos amaños en las adjudicaciones del Plan E, donde no se vio probada la relación del ex concejal con los hechos. La tercera fue con motivo del caso Isjoma y la sentencia está aun pendiente. Una resolución que marcará lo que pueda ocurrir en el actual procedimiento.
Tras las citaciones a los investigados, la Fiscalía ha reclamado al Ayuntamiento a través del juzgado nueva documentación sobre estos pagos. Ya en el juicio, el fiscal avanzó que en la pieza principal las pesquisas se habían centrado en los años anteriores al concurso bajo sospecha, pero se habían quedado sin investigar otros contratos a dedo a pesar de que fue una práctica con la que se siguió en el Ayuntamiento durante varios años más. Unos trabajos que para la Fiscalía deberían haber estado incluido en el contrato por tratarse de necesidades ya previstas. Al menos, hasta que el TSJ anuló la contrata.
