Los juzgados de la provincia de Alicante tardarán un año en remontar los efectos de la huelga

La huelga de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que mantiene paralizados los juzgados de España termina su cuarta semana, sin visos de que el colectivo y el Ministerio de Justicia cierren un acuerdo. Las posturas están muy enquistadas y lo que los LAJ considera una actitud arrogante por parte del Gobierno Central, no está ayudando a templar los ánimos. En la provincia de Alicante, los paros han supuesto la suspensión de más de cinco mil actuaciones procesales.

Unos aplazamientos que van a dejar en una delicada situación a la ya colapsada agenda de los tribunales, que estaba hasta arriba de señalamientos. Los efectos pueden ser comparables a los que ya tuvo en su día la pandemia, cuando la situación sanitaria obligó a la suspensión de los plazos procesales. Es la huelga más larga que ha sacudido a la Administración de Justicia, un sector en el que no eran habituales este tipo de movilizaciones. Hasta ahora había habido paros puntuales, pero nunca se había registrado un paro tan prolongado.

El colectivo de LAJ mantiene desde el 24 de enero una huelga indefinida para reclamar al Ministerio de Justicia que les pague por el aumento de funciones que han tenido que asumir desde el año 2009 en las sucesivas reformar procesales que se han ido aplicando. En la provincia de Alicante por cada semana de huelga se han suspendido un promedio de 1.150 actuaciones procesales a la semana. De todos estos juicios suspendidos, un total de 400 eran pleitos laborales, según indicaron fuentes del Palacio de Justicia, una materia muy sensible, dado que muchos de los interesados suelen ser personas que se encuentran en una situación laboral complicada.

En la provincia de Alicante, el índice de seguimiento fue este viernes en la provincia un 77% de una plantilla formada por 171 profesionales. Con estos paros quieren dejar constancia que si ellos paran, los juzgados se paran.

"Lo que se está suspendiendo ahora, a no ser que sea urgente, no va a poder se va poder señalar al menos hasta dentro de un año". Las fuentes judiciales consultadas por este diario señalaron que los tribunales podrían tardar entre nueve meses y un año en conseguir ponerse al día con los retrasos que ahora se están generando. "En el Ministerio de Justicia parece que no son conscientes de que una vez que se para la maquinaria, luego cuesta mucho volver a ponerla en marcha", señalaron fuentes del comité de huelga.

Los juzgados tan solo están atendiendo asuntos urgentes que afecten a causas con preso, o bien con menores de edad y actuaciones sometidas a plazo que puedan causar un perjuicio irreparable. Por este motivo, se están celebrando juicios de causas con detenidos. Desde que ha empezado la huelga ya se han celebrado dos juicios con jurado popular por distintos crímenes cometidos en La Vila y El Campello. El tener a alguno de sus encausados entre rejas le ha evitado ser pasto de las suspensiones provocadas por los paros. No ocurrió así con el sorteo del jurado de la repetición del proceso por el llamado caso Sala, el asesinato de la viuda del expresidente de la CAM y por el que está acusado su yerno.

Conflictos y quejas

Los efectos de la huelga están causando muchas quejas en el Palacio de Justicia sobre todo de ciudadanos y profesionales que se encuentran con su juicio suspendido por la huelga, sin que le hubieran avisado. Tanto el colegio de la Abogacía como el de Procuradores lo han venido reclamando de que empezó el conflicto, que se avise con antelación para evitar desplazamientos innecesarios. Los convocantes de la huelga han trasladado a los LAJ esa misma petición. Pero sin embargo, parece que la solución a este problema es complicada. "El LAJ decide al principio de la jornada si va a secundar o no los paros. Es algo que no se puede prever", señalaron las fuentes judiciales consultadas por este diario. Sin embargo, una situación que ha generado conflictos ha llegado cuando uno de los afectados por la suspensión pidió un justificante para el trabajo y se encontró con que no se lo podían dar porque debía firmarlo el LAJ y éste se encontraba de huelga.

La propia consellera de Justicia, Gabriela Bravo, esta misma semana intervenía en el conflicto y afeaba a los responsables del Ministerio por haberse negado durante más de un mes a reunirse con el comité de huelga, consciente de que todas las suspensiones a causa de estos paros acabará pasando factura a la Generalitat. Las competencias en Justicia están transferidas a la Comunidad Valenciana en cuanto a funcionarios y medios materiales; pero las referidas a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y creación de juzgados, siguen en manos del Ministerio.

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Por eso mismo, Bravo recordó que ella les recibió a los quince días, a pesar de que no tenía competencia alguna en el conflicto. Una situación que está abriendo un nuevo frente contra el Ministerio de Justicia, desbordado durante las últimas semanas por las polémicas con la Ley del "sí es sí" y la reforma del delito de malversación y sedición. A cada semana que va pasando, se da por hecho de que va a ser necesario algún plan de choque para tratar de poner los juzgados al día y paliar los efectos de estos días de parón, tal y como ya se hizo en su día con la pandemia del covid. Desde el comité de huelga se considera al Ministerio de Justicia como responsable de la situación por haberse negado en redondo a negociar con ellos.