Mazón pide a Ximo Puig unificar sus recursos contra el Gobierno por el recorte del trasvase del Tajo-Segura

El presidente de la Diputación Provincial de Alicante quiere coordinar con el President de la Generalitat Valenciana las estrategias procesales de ambas instituciones en el recurso contencioso administrativo contra el establecimiento de los caudales ecológicos en la nueva planificación del trasvase del Tajo-Segura.

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La controvertida medida aprobada por el Gobierno de España a través del Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, que entró en vigor el pasado 11 de febrero, fija un recorte de agua trasvasada de 7 metros cúbicos/segundo para destinarlo a caudal ecológico hasta el 31 de enero de 2025. Cantidad que aumentará a los 8 metros cúbicos/segundo en 2026 y alcanzará el techo de 8,65 metros cúbicos/segundo en 2027. En total 105 hectómetros cúbicos menos de agua al año, lo que supone dejar sin recursos hídricos a más de la mitad de la zona de regadío del sur de Alicante.

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Tras tener conocimiento de la intención de la Generalitat Valenciana de emprender acciones legales contra el real decreto solicitando además medidas cautelares, el popular Carlos Mazón se ha dirigido al socialista Ximo Puig para comunicarle la "conveniencia" de coordinar sus actuaciones en este litigio.

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La Diputación de Alicante también va a interponer recurso contencioso administrativo frente a lo que sus responsables consideran "un hecho de la mayor gravedad para el tejido socioeconómico de la provincia de Alicante". Por ese motivo Mazón ha mostrado a Ximo Puig su interés por conocer el informe del ejercicio de las acciones de la Abogacía de la Generalitat (art. 5.2. de la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de Asistencia Jurídica a la Generalitat) así como los fundamentos y periciales en que se vaya a fundamentar la acción emprendida por el Consell y la petición de tutela cautelar.

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Sobre este asunto el presidente de la Corporación provincial considera que la solicitud de medidas cautelares, por cualquiera de las partes, puede condicionar el ejercicio de la pretensión del Ministerio para la Transición Ecológica para el resto, "por lo que resulta imprescindible alcanzar un suficiente nivel de armonización de las estrategias procesales".

Asimismo ha puesto a disposición el departamento jurídico de la Diputación Provincial de Alicante, y cuántos informes obran en su poder, para coordinar las acciones jurídicas "ante tan crucial momento para la provincia y por tanto para la Comunidad Valenciana", concluye en su carta Carlos Mazón.

Rigor científico

El dirigente alicantino ha manifestado al respecto que “sería imperdonable no sumar esfuerzos e ir juntos en la defensa del trasvase”, y ha advertido de que un error o “patinazo por parte de la Generalitat Valenciana” en la reclamación de la cautelar “nos puede afectar a todos”. “Puedo entender que el señor Puig no quiera ponerse en la foto, pero es muy importante y conveniente que los servicios jurídicos de ambas Administraciones se sienten y se coordinen”, ha añadido.  

El presidente de la Diputación ha insistido, una vez más, en que “la solución al trasvase Tajo-Segura no está en el diálogo ni en la negociación política sino en el rigor científico”. De ahí que Carlos Mazón mantenga que “por muy amable que sea el diálogo y la negociación, en una materia como el agua la única solución está en el rigor, en los informes hidrológicos y técnicos que justificaran la toma de decisiones”. Aunque también se ha preguntado: “¿qué datos le han llevado a Ximo Puig a abstenerse en el Consejo del Agua y a no opinar ante un recorte no acreditado que ha supuesto el mayor hachazo al trasvase Tajo-Segura de su historia?”.