Los alicantinos destinan un tercio de sus ingresos a la vivienda

Los ciudadanos de la provincia de Alicante destinan de media al pago de la vivienda más de un tercio de lo que ingresan, el límite fijado por los expertos. Un dato que se agrava en el caso de los jóvenes, generalmente con rentas más bajas, que ven considerablemente mermada su capacidad económica. El sector inmobiliario pide mayor seguridad jurídica para los propietarios mientras la juventud reclama controlar la escalada de precios.

El acceso a una residencia propia sigue siendo una de las principales preocupaciones en la provincia de Alicante, donde es necesario destinar una tercera parte de los ingresos medios tanto para acceder a un piso de alquiler -que requiere un 31%- como en el caso de viviendas en propiedad, para las que hace falta invertir el 30%.

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Según los datos de un conocido portal inmobiliario, Alicante es la cuarta provincia de España que mayor esfuerzo económico exige, solo por detrás de Málaga (45%), Baleares (39%) y Barcelona (35%); y por delante de Valencia y Castellón, que no llegan al límite de un tercio de los ingresos al situarse en el 28% y el 19%, respectivamente.

Una estadística que preocupa especialmente a los jóvenes, quienes suelen percibir los salarios más bajos y para los que es necesario destinar un mayor porcentaje al pago de su residencia. Tal es la dificultad que más de 169.000 jóvenes en la provincia de Alicante no se pueden independizar por la situación económica y un 12% de los que lo hacen acaban volviendo al hogar.

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Desde el Consell de la Joventut d'Alacant, su presidenta, Ariadna Vega, advierte de que la situación de los jóvenes es aún peor que la de la media, ya que gran parte de ellos cobra el Salario Mínimo Interprofesional, por lo que el acceso a la vivienda consume en torno al 60% de sus ingresos.

Esta situación, según afirma Vega, «obliga» a muchos de ellos a compartir piso para poder reducir ese porcentaje al 30% que fijan como límite los expertos. Para solventar este problema, la presidenta del CJA admite que «las ayudas están muy bien» pero incide en que el objetivo a largo plazo «debe ir enfocado a que dejen de ser necesarias».

Vega lamenta que muchas personas jóvenes sean incapaces de emanciparse y reclama que los Gobiernos «creen herramientas para controlar y regular el alquiler de la vivienda» ya que para garantizar que la población pueda abandonar el hogar familiar es necesario «poner un tope a los precios».

Aumentar la oferta

Por su parte, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria asegura que el problema de los precios se debe a una falta de stock motivada por la inseguridad de los propietarios. Su presidenta, Marifé Esteso, reconoce que destinar más de un tercio de los ingresos a la vivienda "deja en el aire que una persona pueda cubrir sus necesidades" algo que "no es aceptable", pero lamenta que "el mercado está como está" y que es necesario aumentar la oferta de pisos disponibles.

Para ello, Esteso aboga por eliminar la limitación de la subida de los contratos de alquiler a un 2% anual y dotar de mayor seguridad jurídica a los propietarios, ya que la situación actual "hace que el propietario huya". En este sentido, la presidenta del Colegio de API reprocha a la Administración que "cada paso que da va en contra de que haya más alquiler disponible" puesto que "hace que los propietarios tengan miedo de lo que pueda pasar con sus casas" y aboga por "no intervenir el alquiler", sino permitir que se autorregule. 

De optar por este modelo "libre", defiende Esteso, los dueños de vivienda aumentarían la oferta disponible, lo que "provocaría de forma automática una bajada de los precios debido a la competencia". Además, la representante de los API recuerda que "hablamos de grandes tenedores de vivienda constantemente" pero que la mayoría de los propietarios "son personas corrientes que alquilan una segunda vivienda para completar sus ingresos".

Mismas condiciones

En una situación como la que describe Marifé Esteso se encuentra Pablo L.

Este administrativo de Alicante tiene actualmente alquilada su segunda residencia -una vivienda de tres dormitorios y dos baños- por por 485€ mensuales, un precio situado por debajo de la media en su barrio.

Con la actual limitación del alquiler, que impide subir el coste más allá del 2% anual, Pablo solo podrá modificar esta cifra hasta los 494,70€, un importe que le parece «insuficiente».

El hombre se muestra comprensivo y reconoce que «está bien impedir que algunos propietarios se aprovechen de quien tiene necesidad» pero advierte de que «la inflación afecta a todo el mundo por igual, y yo también necesito aumentar mis ingresos para hacer frente a la subida de la cesta de la compra, la de la luz o la de la gasolina».

Por ello, reclama que se adopten «medidas que diferencien a los grandes propietarios de las familias normales» para «no perjudicar a la clase media».

Los precios siguen subiendo

Mientras tanto, el coste del alquiler y la compra de inmuebles en la provincia sigue subiendo, mes a mes, en la mayor parte de municipios alicantinos.

En la capital, los precios acumulan ya 18 meses consecutivos de aumento y se sitúan casi un 15% más caros que hace un año -en el caso de la compraventa- y un 23% por encima de los marcados en 2022, para el alquiler.

Una situación que se reproduce en la mayoría de localidades alicantinas. Finestrat registra el precio por metro cuadrado más alto para los arrendamientos, que supera ampliamente la media -9 euros por metro cuadrado- al situarse en los 13,6. Por su parte, Benissa, con un coste medio de 3.315 euros por metro cuadrado, es el municipio más caro para comprar por más de 1.000 euros de diferencia respecto a la media de la provincia, que es de 1.982.