Los vecinos de Urbanova en Alicante, divididos por las reformas financiadas con fondos europeos

El proyecto para la rehabilitación de viviendas en Urbanova con fondos Next Generation tiene divididos a los vecinos. En la Junta General del pasado abril, los residentes votaron en contra del proyecto que originalmente se aprobó para, con un presupuesto cercano a los 13 millones de euros, llevar a cabo la adecuación de 470 inmuebles en esta zona de Alicante. Casi 9 de esos 13 millones de euros están autorizados por la Conselleria de Vivienda para ser financiados con fondos europeos. Un dinero que se plantea para la rehabilitación integral y dotación de medidas de eficiencia energética de las diez torres de las fases 5 y 6 del complejo de Urbanova.

Las obras son exigidas por el Ayuntamiento de Alicante, ya que algunos de los inmuebles de la comunidad sufren desprendimientos y filtraciones. La opción de la rehabilitación por casi 13 millones de euros incluía la aportación de fondos europeos condicionados a trabajos de eficiencia energética, y fue la opción originalmente aprobada por los vecinos.

El pasado abril, la comunidad de propietarios de las fases 5 y 6, acordó por mayoría simple cesar al administrador de la comunidad, además de a la secretaria, la presidenta y los vocales. Lo hicieron con 193 votos a favor de un total de 376 propietarios con derecho a voto, ligeramente por encima del 50%, con 171 votos en contra y 8 abstenciones.

Resultado similar obtuvo la votación para la nulidad de los acuerdos aprobados en las juntas de abril, mayo y julio de 2022, en las que se establecieron los acuerdos para renovar los edificios con los mencionados fondos europeos, con 193 votos a favor, 172 en contra y 7 abstenciones. Además, se acordó también la nulidad de "cuantos acuerdos y contratos dimanen de los acuerdos anulados, incluida la pérdida de eficacia y vigencia, resolución o rescisión, de los eventuales contratos firmados con empresas constructoras, rehabilitadoras, arquitectos, aparejadores y, en general, empresas o profesionales del sector de la construcción". También aprobaron contratar a un abogado "que se encargue de velar por los intereses de la comunidad ante el Ayuntamiento".

Algunos propietarios —se puede apreciar en el acta— propusieron además otro punto, el de la aprobación de un presupuesto extraordinario de 7.500.000 euros para la ejecución de las obras "impuestas por el Ayuntamiento de Alicante para su inmediata realización, en evitación de eventuales responsabilidades patrimoniales, ejecuciones subsidiarias y, en su caso, multas colectivas" o, en una opción "B", para la aprobación de un presupuesto de 12.842.500,01 euros, de los que 8.900.000 euros serían financiados con los fondos Next Generation y con "la diferencia que tendría que ser abonada por la comunidad". 182 vecinos votaron a favor de esta segunda opción y solo 5 lo hicieron a favor de la primera, con otros 163 propietarios decantándose por descartar ambas. La opción "B" fue la mayoritaria aunque no alcanzó la mayoría simple de los propietarios con derecho a voto, que era de 189.

Perder fondos europeos

Los partidarios de seguir adelante con la rehabilitación sostienen que están en riesgo los casi 9 millones de euros de ayudas europeas, lo que consideran una "oportunidad única" para subsanar los problemas que presentan los edificios. Y es que el expediente del Ayuntamiento de Alicante impone la realización de estas obras que afectan a la seguridad de los edificios. De hecho, el propio gobierno local podría ejecutar subsidiariamente las obras, lo que supondría la imposición de multas colectivas a los propietarios.

Además, estos vecinos consideran que no sólo está en riesgo la subvención, sino también la posibilidad de que la mercantil encargada de las actuaciones considere que hay un incumplimiento de los acuerdos originales por una decisión unilateral de la comunidad de propietarios y exija el pago del lucro cesante. Mientras, los vecinos consideran recurrir el último acta de la junta de propietarios, correspondiente al 8 de abril de este año, que se sumaría a los recursos ya existentes por las actas del pasado 2022.

Por su parte, los partidarios del "no" sostienen que hay "trampa" en las propuestas que ofrece la mercantil, ya que en la última junta se propuso una votación que consistía en tres opciones: rehabilitación con ayudas, rehabilitación sin ayudas y abstención.

Los del "sí" mantienen que revocar esa decisión supone un perjuicio personal para cada uno de los propietarios: "El proyecto fue merecedor de una subvención de 8,9 millones de euros, lo que quiere decir que para mi vivienda hay un monto de 18.000 euros. Esto no era una expectativa de derecho, era una subvención concedida, y rechazarla nos supone un perjuicio más el [posible] lucro cesante de los firmantes, más la multa del Ayuntamiento", explica Felipe, uno de los propietarios partidarios de realizar la reforma.

Las ayudas podrían acabar en los tribunales, ya que los que proponen cancelar los contratos sumaron una mayoría simple en la última asamblea. Por contra, los propietarios que quieren realizar la reforma con los fondos europeos —que sumaron más de un 40% de votos en la última asamblea— consideran que es una oportunidad histórica y subrayan que los contratos ya estaban firmados.