Los regantes tienden la mano a la CHJ tras la sentencia que anula el cierre de los pozos del Vinalopó

La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y la Marina Baixa planteará a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la puesta en marcha de planes de explotación para cada masa de agua amenazada por las extracciones, que permita la estabilización de los acuíferos del Vinalopó manteniendo al mismo tiempo la agricultura de regadío.

El objetivo de la entidad que preside Ángel Urbina es poder consensuar estos planes con la Confederación Hidrográfica del Júcar aplicando "soluciones sensatas y equitativas para todos" dejando a un lado los procedimientos judiciales. 

Pero si la CHJ decide recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ha anulado su orden de cerrar los pozos, la Junta Central de Usuarios solicitará la ejecución inmediata de la sentencia.

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Del mismo modo, los regantes defienden que los mayores costes que soporten unos usuarios respecto de otros, en función de que puedan recibir o no recursos que sustituyan las extracciones de los pozos o que sean más costosas, se repartan equitativamente entre todos los usuarios de las distintas masas de agua que se vayan a beneficiar de la mejora de los acuíferos. 

Respecto del contenido de la sentencia del TSJ han querido puntualizar desde la Junta General de Usuarios que la situación de sobreexplotación de esas masas de agua está contemplada en el Plan Hidrológico, si bien se constata una tendencia a la estabilización y mejora en todas ellas. Especialmente en las masas de agua de Villena-Benejama, Peñarrubia y Reclot.

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El Plan de Cuenca contempla igualmente las medidas para alcanzar el buen estado cuantitativo de esas masas de agua, señalando que las extracciones deben de ir gradualmente reduciéndose, pero aplicando las medidas previstas en el propio Plan Hidrológico del Júcar.

Concretamente transferencia de recursos Júcar-Vinalopo, incremento de la reutilización de las aguas y puesta en marcha de la desaladora de Mutxamel. De ahí que Ángel Urbina considere que para ir reduciendo el déficit hay que utilizar estos tres recursos, sustituyendo los de estas procedencias por los de los sondeos.

Esto es, se busca reducir las extracciones recibiendo recursos alternativos para mantener la agricultura de regadío y garantizar el abastecimiento.

"Desde la Junta Central siempre hemos propuesto aplicar sensatamente todas las medidas del Plan Hidrológico para mejorar la situación de los acuíferos, que son una reserva estrategica y para ello precisamente se construyó la Conducción General Júcar-Vinalopo. Queremos evitar situaciones injustas, tales como evitar que nuestros usuarios que no cuentan con conexiones que posibiliten recibir recursos alternativos a los de sus pozos, se vean abocados a su cierre o a la eliminación de sus cultivos", añade Urbina.

Del mismo modo se ha planteado al Gobierno central la necesidad de una coordinación real y conjunta entre las Confederaciones del Júcar y del Segura, que permita un trato similar para los usuarios de ambas demarcaciones que compartan el mismo acuífero o masa de agua.

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Estabilización del nivel de los pozos

Como este diario adelantó el miércoles, una de las razones que ha llevado al TSJ a tomar su decisión responde a los informes técnicos aportados por la Junta Central de Usuarios, en los que "se verifica una tendencia a la estabilización del nivel de las aguas de los acuíferos durante los últimos años después de décadas de intensa sobreexplotación, sin que la declaración de riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo haya sido necesaria".

Es más la propia sentencia recoge un análisis geológico que refleja que para el conjunto de la provincia de Alicante se ha producido un descenso muy importante de sobreexplotación, centrada en el Alto y Medio Vinalopó, que ha pasado de una cifra global de 53 hectómetros cúbicos al año -según el Mapa del Agua de la Diputación Provincial de Alicante de 2007- a 28,2 hectómetros cúbicos al año. "Más concretamente, y para los acuíferos afectados por la declaración de la CHJ, se ha pasado de 42,85 hectómetros cúbicos al año en 2007 a 25,69 en 2020, acelerándose esta reducción en los últimos años. Por lo tanto, las evoluciones piezométricas resultantes validan este diagnóstico, e incluso lo mejoran teniendo en cuenta las tendencias de los últimos tres últimos años".

También alude el magistrado ponente del recurso al dictamen pericial del geólogo Miguel Ángel Rodríguez García en el que concluye que "la mayoría de las masas de agua se encuentran en recuperación, es decir, disminuye la sobreexplotación, a excepción del sistema Serral-Salinas, que se encuentra en fase de estabilización, y de la Sierras de Crevillent que se mantiene en sobreexplotación.

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Medidas recogidas en el Plan del Júcar

En su resolución los magistrados del Tribunal Superior de Justicia cuestionan incluso el trabajo realizado por la CHJ al estimar el recurso, "no tanto porque el acuerdo impugnado vaya contra el Plan Hidrológico del Júcar sino por ser innecesario y no aportar ninguna medida para mejorar las aguas subterráneas; es más, la declaración de sobreexplotación sin ninguna medida en el plazo de un año queda sin efecto y las hipotéticas medidas que puede tomar la Confederación ya vienen recogidas en el propio Plan". 

Ese es el punto de inflexión por el que la Conselleria de Agricultura prefirió acogerse a su derecho a no votar. A pesar de ello la exconsellera Mireia Mollà defendió en la reunión la urgencia de analizar el problema y aportar soluciones antes de que la situación fuera irreversible. Todo ello hizo que los representantes de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y el Consorcio de la Marina Baixa se quedaran prácticamente solos al votar en contra de una decisión que ya anunciaron en septiembre de 2020 que recurrirán a la Unión Europea, sin descartar acudir también a los tribunales frente a una medida que calificaron como el "fin de un ciclo que el Gobierno central inició en 2005 con el cambio de la toma del trasvase del Júcar-Vinalopó de Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa".

La sentencia del TSJ refrenda, por tanto, los postulados de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa. Una Entidad Corporativa de Derecho Publico constituida por 41 organismo de abastecimiento entre los que figuran 23 ayuntamientos y 584 entidades de regadío, entre las que se incluyen 44 comunidades de regantes y comunidades generales.

Pero la Confederación Hidrográfica del Júcar no comparte el contenido de la sentencia y ha anunciado que presentará en los próximos días un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Si lo hace la Junta Central de Usuarios solicitará la ejecución inmediata de las resolución judicial.