Barcala conversa con el interventor municipal, en una imagen reciente en el salón de plenos / Jose Navarro
Que el bipartito de Luis Barcala no consiguiera aprobar el Presupuesto 2023 fuerza a la tercera modificación de crédito del año. El gobierno popular impulsa un nuevo ajuste en las cuentas prorrogadas de casi 49 millones de euros, principalmente para hacer frente a gastos corrientes, como la factura de la luz, el pago a las contratas y a los funcionarios, además de mantener la bonificación para el transporte público.
El ejecutivo local se ha reunido con los cuatro grupos de la oposición para plantear una modificación que se prevé aprobar en una comisión de Hacienda que tendrá lugar este jueves, 20 de julio. El ajuste previsiblemente se llevaría al pleno ordinario de julio, el primero del mandato, que se celebrará el 27 de julio, aunque no está descartado que se convoque uno extraordinario.
El cambio en el Presupuesto, que sería el tercero de este año tras el primero para no comprometer obras cofinanciadas por Europa y el segundo para pagar subvenciones a dedo, incluiría unos 13,3 millones para poder pagar la factura de la luz, 3,8 millones de euros para poder hacer frente al pago de las nóminas hasta final de año ante la subida del IPC, unos 6,5 millones donde se incluirían los fondos necesarios para mantener la bonificación para el transporte público, unos tres millones para contratas públicas y más de 22 millones para la compra de vehículos para la Policía Local (2,9 millones), 2,5 millones para actuaciones en instalaciones deportivas (Pitiu Rochel), 2,4 millones para centro educativos (traslado de la escuela municipal Siete Enanitos) y 5,5 millones de obligaciones pendientes de aplicación (OPA), donde se incluyen ayudas por el covid.
Para ajustar el Presupuesto, el gobierno de Barcala tendrá que recurrir a los fondos acumulados en el Ayuntamiento por falta de ejecución, que alcanzaron los 122 millones a principios de este año, tras los más de 50 millones de euros de superávit. A ese dinero ya recurrió para la anterior modificación de crédito, que permitió pagar subvenciones nominativas a más de cuarenta entidades, entre ellas las Hogueras de San Juan. Esa segunda modificación se sumó a su vez a los 9,7 millones de la primera modificación de créditos, cuya tramitación se inició también antes de las elecciones municipales, para atender obras de reurbanización vinculadas a la futura Zona de Bajas Emisiones. Esos dos ajustes, que se abordaron en un pleno extraordinario a una semana del 28M, salieron adelante por casi unanimidad. El primero, el relativo a las obras, solo encontró el "no" de los entonces dos ediles de Vox y el segundo, de ayudas a entidades, la abstención de Unidas Podemos.
La oposición municipal, desde los grupos progresistas a Vox, se encuentra "estudiando" la documentación facilitada por la Concejalía de Hacienda, ahora dirigida por Toni Gallego. Así lo reconoce la socialista portavoz socialista, Ana Barceló. "Estamos viendo los papeles porque hemos pedido ampliación de la documentación. La mayoría es para gasto corriente, obligaciones pendientes porque el presupuesto vigente se ha quedado desfasado al no aprobarse el de 2023. Hay una subvención que no vemos clara. Veremos nuestro voto", ha señalado la socialista.
Desde Compromís, el portavoz Rafa Mas, descarta que su grupo vaya a bloquear la iniciativa plenaria del gobierno de Barcala, aunque ha subrayado que estarán "vigilantes con el pago a las contratas, sobre todo a la limpieza viaria y recogida de residuos". "También nos preocupa el pago de la factura de la luz ante la falta de iniciativas en favor de la transición ecológica", ha añadido.
Por último, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha destacado que el ajuste presupuestario se basa en "obligaciones del Ayuntamiento por lo que hay poco margen de valoración". "Es una cantidad muy importante, más de 47 millones de euros, pero está claro que hay partidas que necesitan mayor grado de información y desde la concejalía se han comprometido a hacerlas llegar en la próxima Comisión de Hacienda", ha apuntado Copé, quien ha vuelto a defender "la necesidad de valorar para su remunicipalización varias partidas, como por ejemplo la de dirección de obras". Según el grupo, "crear un par de plazas fijas de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico supone una disminución del gasto que ahora va a significar unos 300.000 euros".
