Barcala pudo evitar el «caso pérgola» si hubiera aplicado los controles europeos

El «caso pérgola» se hubiera podido evitar si el Ayuntamiento de Alicante hubiera aplicado para los contratos menores el mismo protocolo antifraude que exige la Unión Europea para la gestión de los fondos Next Generation. Lo que para unos puede ser exceso de celo, para otros habría supuesto evitar un conflicto de intereses y el paso por los juzgados alicantinos. 

La Junta de Gobierno del pasado martes aprobó un «Análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia». Lo que a priori eran unas «medidas preventivas» se han traducido en un breve lío interno, pues el viernes desde vicesecretaría municipal se tuvo que enviar una aclaración a los trabajadores para indicarles que el procedimiento solo afectaba a los contratos vinculados a subvenciones europeas y que las contrataciones de mayor cuantía como las menores habituales restantes seguían sujetas a la Ley de Contratos. 

La diferencia no es una nimiedad, pues de un plumazo se han evitado controles y una tramitación que lleva pareja las declaraciones de conflicto de intereses. El «caso pérgola», de acuerdo con las declaraciones de los jefes de servicio ante el juzgado ha puesto de manifiesto una supuesta falta de control en el cruce de contratos entre áreas. Además, sacó a la luz la relación entre el edil ya dimitido Manolo Jiménez y el contratista que realizó el trabajo. La UE fija hasta 16 pasos en cualquier contrato y no es que el protocolo fuera desconocido para los responsables municipales, pues, aunque la orden cobrara fuerza publicitaria a través de un correo masivo a los trabajadores con labores de contratación, las directrices estaban publicadas en la web municipal desde el 8 de marzo de 2022. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que Europa aprobó para salir de la crisis del covid, nació con unos férreos controles que todas las administraciones públicas han debido aplicar y conocer. 

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En este sentido, el área que dirige Toño Peral puso en marcha el mecanismo y, en concreto, el «modelo de declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI)» recoge en su tercer punto las especificaciones de lo que representa un conflicto de intereses. Así «deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento las autoridades y el personal al servicio de las administraciones en quienes se den circunstancias» tales como «tener interés personal en el asunto» o «relación de servicio con persona natural o jurídica interesadas directamente en el asunto o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar». 

Esta declaración que se explicita en un modelo reglado y público tiene una doble dirección, pues también se le pide que lo complete el adjudicatario. 

En este sentido, e independientemente de que la orden está circunscrita a los fondos europeos, la aprobación de la Junta de Gobierno llevó parejas unas instrucciones internas (vía correo electrónico) que no se acabaron de entender en la casa consistorial. Además, levantaron las sospechas en el seno de los de los grupos de la oposición por varias cuestiones. La primera porque la medida aprobada tenía un carácter retroactivo que iba hasta enero de 2023. 

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Retroactividad

¿Qué sentido tiene aprobar unas medidas que ya imperaban desde marzo de 2022?, se cuestionan desde el grupo socialista hasta el punto que lo que se debería interpretar como medidas de transparencia y control no se terminan de entender. La portavoz del principal partido de la oposición, Ana Barceló, remitió por registro una pregunta para saber qué contratos menores de los más de mil aprobados en lo que llevamos de año se ven afectados por este control europeo. Es más, el Plan de Medidas Antifraude de hace dos años se modificó el 7 de febrero de 2023. Junto a este documento, hay una relación de acciones como la declaración institucional antifraude, las herramientas de evaluación de riesgos o los indicadores de fraude. Todos estos canales dependen del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) del Ministerio de Hacienda. Un dato: de acuerdo con los informes públicos de este servicio, el Ayuntamiento de Alicante no hace consultas desde 2010. 

Pendiente de firma

Otro de los puntos que prevé el control europeo es la creación de un comité antifraude. Este órgano colegiado está compuesto exclusivamente por las jefaturas de servicio de algunas áreas. El único punto que queda por cumplir de este protocolo es la adhesión al Protocolo de Colaboración Funcional con la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana (AVAF). La web municipal lo publica y está aprobado por pleno, pero está pendiente de firma, es decir, no tiene validez. 

Cuando entre en vigor el acuerdo, la supervisión afectará a todo la contratación pública en caso de que se produzca alguna denuncia, al margen de la procedencia del dinero y, de hecho, la Agencia viene colaborando con Fiscalía en investigaciones, aunque este aspecto escape, hoy por hoy, a lo sucedido en el caso pérgola.

La Agencia Valenciana Antifraude registró 91 denuncias en la provincia

Durante el primer semestre del año 2023, la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) recibió un total de 91 denuncias contra administraciones y empresas de la provincia de Alicante, de las 295 que se presentaron en la Comunidad Valenciana. Es tan solo un 2% más frente al 30% que creció en el ámbito autonómico. 

En el histórico de la provincia alicantina, se observa un crecimiento anual sostenido. Así en el año 2020 se presentaron 70 denuncias de las 226 registradas ; en el año 2021 se alcanzaron 102 de las 359 totales y, en el año 2022, fueron 136 de las 453. Por lo tanto, en este primer semestre de 2023 ya se han presentado más denuncias en la Agencia que en todo el año 2020.

Con respecto a las materias de las que son objeto este tipo de quejas, nuevamente las relacionadas con la gestión de recursos humanos son las más numerosas ya que representan un total del 51% (47). En segundo lugar, es el urbanismo con un 14% de las denuncias y en tercer lugar la contratación pública con un 8%. Un detalle a destacar es que, en el primer apartado, la Agencia Valenciana indica en su estadística que 35 de las 47 denuncias hacen referencia a procedimientos de selección y provisión de personal.

El canal más utilizado vuelve a ser el buzón de denuncias de la Agencia, representa el 78% en la provincia de Alicante, es decir, 71 de las 91 denuncias presentadas. En la Comunidad, esta cifra se eleva hasta las 261 de las 295 acusaciones. El correo electrónico fue la segunda vía con un 5%.

En lo que respecta a la gestión de los expedientes abiertos por la Agencia hasta el 30 de junio se habían resuelto 79 en la provincia de Alicante) y se han publicado seis resoluciones finales de investigación. 

Como novedad reseñable apuntar que la AVAF recibió cinco nuevos encargos de informes periciales de distintos órganos judiciales y fiscalías, mientras que durante este mismo periodo se completaron seis informes periciales en lo que va de año.