Negocios del puerto de Alicante que no bajan los brazos

Cinco días. Desde el pasado jueves un total de cuatro negocios de la zona del puerto de Alicante no pueden abrir al público debido a que sus locales han sido vallados por la concesionaria, Marina Deportiva, con motivo de unas obras de mejora que se van a llevar a cabo en la zona.

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La mercantil sostiene que el acuerdo de cesión de los locales caducó el pasado 13 de septiembre, tras 30 años de concesión por parte de la Autoridad Portuaria a la citada empresa, pero los propietarios de los establecimientos difieren e insisten en que, como la concesión se prorrogó de forma automática por 15 años más, sus contratos deben hacerlo de igual manera.

Ante la falta de entendimiento, la situación se ha saldado con el vallado perimetral de los negocios «rebeldes» y una denuncia por coacciones contra Marina Deportiva, presentada por el letrado Vicente Buades, quien sostiene que los locales a los que representa no pueden trabajar desde el pasado jueves, por lo que están perdiendo clientes y dinero: «Los dueños de estos establecimientos no son grandes empresarios, no son ricos. Son personas que necesitan los ingresos que generan para poder llegar a fin de mes», sostiene.

Fátima, que se hizo cargo de una hamburguesería en la zona durante la pandemia, asegura que ha tenido que hacer «muchas jornadas de 15 y 20 horas para poder llevar dinero a casa» y lamenta que «para nosotros, no poder abrir es una pérdida muy grande». Además, afirma que el cierre de los locales se llevó a cabo «sin previo aviso, sin una notificación oficial ni nada» por lo que tanto ella como sus compañeros de otros establecimientos ya habían contactado con sus proveedores para la entrega del género, que han tenido que congelar para evitar que se pierda.

Sin acuerdo

En cuanto al estado de los trámites de la denuncia por coacciones, los afectados se han concentrado este lunes frente a los juzgados con dos pancartas que rezaban «Marina Deportiva nos coacciona». Según el letrado Vicente Buades, la postura de la concesionaria se basa en un informe jurídico contratado a un bufete externo «que tiene tanta validez como el informe que pudiera redactar yo» y confía en que en los próximos días el juzgado resuelva sobre las medidas cautelares solicitadas por los demandantes.

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En este sentido, la demanda reclama al juez que requiera a la empresa «de forma urgente» la habilitación de un paso de entrada y salida a los citados locales, además de que cesen «en cualquier acción que impida la actividad de los negocios de los denunciantes».

Los afectados argumentan que el caso de coacciones es «más que evidente», dado que las obras que se están llevando a cabo en la zona (un requisito indispensable para la prórroga de la concesión de la Autoridad Portuaria) no afectan a todos los negocios por igual.

Buades señala que «los trabajos ni siquiera han comenzado» pero que el vallado instalado se ha colocado de tal forma que afecte únicamente a la actividad de aquellos establecimientos que «se han negado a ser expulsados de sus negocios».

Por su parte, fuentes de la concesionaria consultadas este lunes por INFORMACIÓN señalan que el asunto es «jurídicamente claro» y que no existe «lugar a dudas» con la situación en la que se encuentran los locales cedidos para su explotación comercial: la concesión habría llegado a su fin el pasado 13 de septiembre.