El juzgado avala la subida salarial de los funcionarios en el Ayuntamiento de Alicante pese al "no" del Gobierno central

La justicia da, de nuevo, luz verde a que el Ayuntamiento de Alicante implante la carrera profesional, una promesa electoral de Luis Barcala en 2019 que en la práctica supone un aumento salarial de los funcionarios municipales por cuestiones como la antigüedad, el puesto de trabajo, la formación, la participación en logros o el desempeño laboral.

Tras el visto bueno de hace un año del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ante el recurso presentado por la Subdelegación de Gobierno contra la puesta en marcha de la carrera profesional en el Consorcio de Bomberos, ahora ha sido el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno el que ha desestimado un nuevo recurso presentado por la Subdelegación del Gobierno, en este caso contra el Ayuntamiento de Alicante por incluir en el Presupuesto municipal una partida de unos 205.000 euros para poner en marcha la carrera profesional, que todavía sigue sin entrar en vigor. El Gobierno defendía que esta figura supone un "incumplimiento de la ley de los Presupuestos Generales del Estado por suponer un aumento salarial de los funcionarios superior al permitido".

El juez, sin embargo, sostiene que el recurso de la Subdelegación debe ser desestimado "teniendo en cuenta que el acuerdo impugnado tiene como finalidad dotar presupuestariamente la carrera profesional en los ejercicios presupuestarios de 2021, 2022 y 2023 cuyo desarrollo reglamentario es preceptivo para el consorcio apelado dicha dotación presupuestaria en modo alguno resulta equiparable a incrementos retributivos puntuales que pueda acordar una administración entendiendo, por ello, que no resulta dicho acuerdo afectado, dado el alcance del mismo, por los límites presupuestarios expresados procediendo, sin más, a la desestimación del recurso interpuesto". Sobre la sentencia cabe recurso ante el TSJ en un plazo de quince días.

Según el titular del juzgado, "una Ley de presupuestos no puede, sin modificar previamente la norma legal que regula el régimen sustantivo de una determinada parcela del ordenamiento jurídico, desconocerlo, procediendo a efectuar una aplicación distinta a la prevista en la norma cuya aplicación pretende". Y es que, según añade, "existe previsión legal que impone a las Administraciones Públicas (en este caso al Ayuntamiento de Alicante) la obligación de reconocimiento y regulación del complemento de carrera profesional y la dotación presupuestaria establecida al efecto en modo alguno resulta equiparable a incrementos retributivos puntuales que pueda acordar una administración, por lo que el acuerdo plenario impugnado no se ve afectado (dado su alcance) por los límites presupuestarios analizados".

Nueva reunión en el Ayuntamiento

La sentencia se conoce en plena batalla entre el Ayuntamiento y los sindicatos por las cuantías y los tiempos de la implantación de la carrera profesional, que ha acabado con la ruptura de la parte social. De hecho, en la reunión de este miércoles, tras el último encuentro en el que el Ayuntamiento puso sobre al mesa una propuesta rechazada por los cinco sindicatos con representación municipal, no ha habido una propuesta general de los sindicatos, como sí sucedió antes de las elecciones. En este caso, UGT, CSIF y FESEP se han unido para realizar un planteamiento, que supondría pagar 10 millones en 2028, frente a los 7,5 millones en 2029 de la oferta inicial del gobierno local. "Tras recibir la propuesta sobre la carrera profesional por parte del Ayuntamiento y considerar las cantidades insuficientes y los plazos muy largos, los tres sindicatos proponemos unas cantidades consensuadas y estudiadas para abrir un canal de negociación. Partiendo de que al igual que toda la parte social nos gustaría que se aceptara nuestra propuesta inicial de doce millones, entendemos que sería una imposición el no movernos de la primera propuesta, ya que el ayuntamiento ha subido su propuesta inicial", según han afirmado en un comunicado conjunto tras la reunión de este miércoles.

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Desde el SEP y CC OO, que tienen mayoría en la Mesa Negociadora, han subrayado que tras la reunión de este miércoles "ha quedado de manifiesto la ruptura de la unidad sindical respecto a la negociación de la Carrera Profesional en el Ayuntamiento de Alicante". "CCOO y el SEP-CV nos hemos mantenido firmes en la propuesta acordada por todos los sindicatos el pasado mes de abril, en la cual acordamos una implantación al 100% de la carrera profesional en el año 2026, con una cantidad que ronda los diez millones de euros", han apuntado, a la vez que han añadido: "Sin embargo, los sindicatos CSIF, UGT y FESEP han presentado una propuesta de manera unilateral, sin contar con CCOO y el SEP-CV, en la que proponen una cantidad de cinco millones de euros para los próximos tres años", añadiendo además "la solicitud de un compromiso en el año 2027 con el equipo de Gobierno saliente, para incrementar en los dos siguientes años la cuantía en cinco millones más".

"Sin freno"

Por su parte, a través de un comunicado, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ha felicitado de la respuesta judicial, que se suma también a otra reciente sentencia contra un recurso presentado por el sindicato SPPLB. "Teníamos dos procedimientos jurídicos que podían condicionar el futuro de la carrera profesional: uno interpuesto por un sindicato que cuestionaba el reglamento sin el cual no puede aplicarse la carrera y otro interpuesto por la Subdelegación del Gobierno de España que, directamente, se negaba a aplicar y pagar la carrera profesional", ha explicado Barcala, quien ha agregado que "ninguno de esos dos procedimientos ha supuesto freno para que el equipo municipal de Gobierno siguiera progresando en la total implantación, que hemos avanzado en la fijación de factores y en el acuerdo de cantidades y plazos de aplicación".

Según Barcala, "el Ayuntamiento ha ganado ambos procedimientos porque hemos defendido el trabajo realizado, la voluntad de implantar la carrera profesional y la legalidad y legitimidad de la plantilla municipal para ser reconocido este derecho". La puesta en marcha de la carrera profesional en Alicante es una promesa que Barcala, ya como alcalde, firmó con los sindicatos en la campaña electoral de 2019, que todavía no se ha implantado pese a las continuas protestas sindicales, que llevaron a la convocatoria de la primera huelga de la plantilla municipal en la previa de las últimas elecciones municipales.