Los constructores culpan al bajo importe de los contratos de los retrasos en las obras públicas de Alicante

La patronal considera que los concursos de las administraciones deben revisarse de acuerdo con la situación actual del mercado

La escasez de mano de obra y el incremento del coste de los materiales, otras de las razones

Las obras del fondo de saco de la Rambla con la Explanada, unas de las que se han retrasado.

Las obras del fondo de saco de la Rambla con la Explanada, unas de las que se han retrasado. / Alex Domínguez

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

En los últimos años, las obras públicas en la ciudad de Alicante son casi siempre sinónimo de retraso. Buena parte de los trabajos de remodelación que se han ejecutado recientemente han sufrido diferentes contratiempos que han derivado en necesarias ampliaciones del plazo de ejecución. Una circunstancia que, para los constructores de la provincia, no es casual, sino que se debe en gran medida a lo «ajustados» que son los importes de los contratos públicos que ofrecen las distintas administraciones.

Para Javier Gisbert, presidente de la Federación de Empresas de Obras Públicas (Fopa), las licitaciones de los ayuntamientos, por norma general, son «muy ajustadas al coste de las obras», lo que arroja como resultado «márgenes de beneficio muy estrechos». Este problema, según Gisbert, deriva en un «reducido espacio de maniobra» a la hora de revisar los precios cuando surgen inconvenientes o contratiempos.

«En las obras públicas, igual que en las reformas de las casas, es muy habitual que haya sorpresas», apunta el presidente de Fopa, por lo que «si las empresas no pueden negociar con los ayuntamientos el sobrecoste de estos inconvenientes, muchas veces el beneficio es demasiado escaso para el riesgo que conlleva». Para Gisbert, este es el motivo principal de que «muchos contratos hayan quedado desiertos» en los últimos meses, una circunstancia que se ha producido especialmente en el último semestre de 2022 y el primero de 2023, pero que sigue dándose en buena parte de las administraciones locales de la provincia de Alicante.

En este sentido, el representante de la patronal de constructores destaca que «la Ley de Contratos del Sector Público nos deja muy encorsetados porque está mal diseñada en muchos aspectos», lo que conlleva que «en muchas ocasiones sea más fácil rescindir un contrato y rehacerlo».

Por todo ello, Gisbert considera que, a día de hoy, gran parte de los contratos de obra pública que se ofrecen están «desactualizados del contexto actual» y conviene «adecuarlos a la situación del mercado», donde también están interviniendo en los últimos años diversos condicionantes. En concreto, conflictos como la crisis derivada del coronavirus o la del Mar Rojo y la guerra en Ucrania, han traído consigo un incremento disparado del coste de diversos materiales. Algo que igualmente ha repercutido en la viabilidad de los proyectos en marcha.

Una visión que comparten diversas compañías constructoras consultadas por INFORMACIÓN, que consideran que mientras los precios del mercado han evolucionado en forma de incremento durante los últimos años, los contratos públicos o no lo han hecho o el crecimiento se ha producido a un ritmo muy inferior, lo que dificulta cumplir con lo estipulado. Además, han señalado que los estrechos márgenes convierten las obras públicas, incluso las más «sencillas» desde un punto de vista técnico, en un producto al que únicamente pueden optar las mayores empresas.

Sin mano de obra

Al problema de la redacción de los pliegos se suma, según el presidente de Fopa, la escasez de mano de obra. Un inconveniente que «es común a muchos sectores, como los transportistas o la industria» por lo que «no se debe a una cuestión de salario». Este hecho impide que las compañías puedan contartar personal de refuerzo para «dar un empujón» a los trabajos a medida que se acerque la fecha límite para la ejecución de las obras.

Al respecto, Gisbert apunta que en la provincia de Alicante los albañiles están «muy bien remunerados» en comparación con otras regiones españolas como la vecina Valencia, pero que el problema reside en que «la profesión no resulta atractiva para los jóvenes, que ya no se interesan por los oficios y apuntan más hacia los trabajos cualificados».

Los sueldos en el sector oscilan entre los 15.876 euros de un trabajador en formación, hasta los 37.586 de uno titulado

Unas condiciones que mejoraron este mismo viernes cuando los sindicatos UGT y CC OO, y las patronales Fopa, Provia y Fecia aprobaron las nuevas tablas salariales que se aplicarán este año y que incluyen un aumento de las remuneraciones por todos los conceptos del 3,75%. Un acuerdo adoptado con el objetivo de hacer más atractivo este oficio, ante la citada escasez de mano de obra que afecta a muchas compañías de la provincia, provocando que algunas de ellas ya estén buscando profesionales en el extranjero.

Con ello, el sector confía en poder hacer frente al menos a uno de los problemas que está encontrando para cumplir con los plazos de las obras públicas. El otro factor, el de los contratos, dependerá de los ayuntamientos, según señalan.

Alicante, donde cumplir el plazo es la excepción

La capital de la provincia ha afrontado numerosos proyectos de obras públicas en los últimos dos años, sin embargo, es más sencillo contar los que han acabado a tiempo que los que han necesitado o bien una prórroga o una revisión de precios e incluso ambas. En la lista: la plaza de San Blas, el Pitiu Rochel, el fondo de saco de la Rambla con la Explanada, las obras del entorno de la Escuela de Idiomas, el eje de las avenidas Jijona y Maestro Alonso, el de la avenida de la Constitución, Canalejas, la plaza Músico Óscar Tordera Iñesta, la de San Antonio, el último tramo de la calle Castaños...