Nuevo choque entre el Ayuntamiento de Alicante y la Subdelegación del Gobierno por la presencia policial

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante y la Subdelegación del Gobierno han vuelto a protagonizar un nuevo encontronazo. El motivo de la discordia en esta ocasión es la presencia policial en Playa de San Juan. El ejecutivo de Barcala ha reclamado un refuerzo de la presencia de efectivos y la convocatoria urgente de la Junta Local de Seguridad, con el objetivo de que se impulsen medidas “contra el aumento de los robos, asaltos y otros delitos en uno de los barrios más poblados de la ciudad”. Ante esto, la respuesta del subdelegado del Gobierno en Alicante no se ha hecho esperar. Juan Antonio Nieves critica que se utilice la seguridad con fines partidistas. “Qué trabajen como hacen todos, para unir, no para destruir”, ha manifestado.

Coto a los robos

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha exigido este lunes el “urgente” refuerzo de la presencia policial en Playa de San Juan “para poner coto a la ola de robos, asaltos y otros delitos que afectan a la seguridad ciudadana” que asegura que se han registrado en los últimos días en uno de los barrios más poblados de la ciudad. Calero ha reclamado la convocatoria urgente de la Junta Local de Seguridad para impulsar cuantas medidas sean necesarias con el objetivo de “frenar este incremento de la inseguridad en la zona de playas de Alicante y otros municipios limítrofes”. El edil de Seguridad ha solicitado la presencia de un mayor número de agentes en Playa de San Juan ante “el repunte de los casos de robos en domicilios, establecimientos y vehículos de alta gama”.

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El también concejal de Recursos Humanos ha recalcado que el Ayuntamiento y la Policía Local están en contacto con el Cuerpo Nacional de Policía para colaborar en la persecución de estos delitos. “Es necesario que el Gobierno refuerce la presencia de policías nacionales en Playa de San Juan para combatir este repunte de la delincuencia organizada y luchar contra estas bandas internacionales de atracadores que cometen sus crímenes habitualmente durante la noche”, ha manifestado. Calero ha reclamado igualmente una convocatoria extraordinaria de la Junta Local de Seguridad para abordar este asunto “sumamente preocupante” y propiciar la cooperación y la coordinación entre las fuerzas y cuerpos policiales. “Necesitamos que el Gobierno se tome en serio de una vez a Alicante y dote a la ciudad de efectivos”, ha recalcado.

Demanda

Ante estas manifestaciones, el subdelegado del Gobierno ha reaccionado señalando que cuando un ayuntamiento de la provincia cree necesario celebrar una Junta de Seguridad se tiene que poner en contacto con la Subdelegación para que se atienda su demanda. “No nos consta ninguna petición del Ayuntamiento de Alicante. Seguramente se deba a que están utilizando, una vez más, con fines partidistas un tema tan importante como es el de la seguridad”, ha declarado Nieves. El subdelegado le reclama al Partido Popular “más responsabilidad” y “trabajo para solucionar los problemas”. Por último, Nieves ha defendido que “el Gobierno de Pedro Sánchez se toma muy en serio la ciudad de Alicante y la provincia” y ha recordado que desde 2016 el número de efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ha incrementado en 686, lo que supone un 15 % más.

La presencia policial en Playa San Juan supone un nuevo encontronazo entre el Ayuntamiento de Alicante y la Subdelegación del Gobierno, tras otros choques previos protagonizados por cuestiones como los puntos violeta o la carrera profesional de los funcionarios. En el primero de los casos, la Subdelegación del Gobierno asumió el pasado mes de abril la instalación de puntos violeta contra la violencia machista en la romería de Santa Faz después de que el Ayuntamiento hubiera optado por no habilitarlos. Podemos denunció entonces “un boicot bochornoso a las políticas de Igualdad por parte del gobierno de Barcala”. En cuanto a la carrera profesional de los funcionarios de la Corporación, el Ejecutivo central demandó ante los tribunales un acuerdo del pleno del Ayuntamiento alicantino, con el argumento de que vulneraba la legislación, al suponer un incremento retributivo superior al establecido por ley del 2 por ciento. Barcala lamentó entonces que, a través de la Subdelegación del Gobierno, el Ejecutivo no quisiera “que en Alicante se pague la carrera profesional”.