Alicante ejecuta dos desahucios al día por la falta de pisos sociales y de informes de vulnerabilidad

El drama de los desahucios no da cuartel. A pesar de que sigue vigente la moratoria aprobada por el Gobierno durante la pandemia para evitar que familias vulnerables vayan a la calle, la realidad es que los juzgados de la provincia siguen ejecutando desahucios. Un desalojo que en muchas ocasiones se ejecuta sin que se haya podido articular ninguna de las medidas sociales previstas en el decreto. En muchos casos, los informes sociales que se deben aportar en el juicio dependen de unos servicios sociales saturados y con largas listas de espera y las viviendas sociales que deberían acoger a estas familias ni están, ni se las espera. 

Los juzgados del partido judicial de Alicante recibieron el año pasado una media de dos órdenes de ejecución de desahucios al día, con más de 700 sentencias dictadas. Uno de cada cuatro se deben a impago de alquileres y el cuarto por la hipoteca. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que son muy pocos los procedimientos que se registran por «okupaciones» ilegales de vivienda, aunque ocasionalmente hay alguna en pisos vacíos propiedad de entidades bancarias y fondos buitre. 

Desahucian a una familia con dos menores en Alicante

Pero el goteo persiste en casos de ciudadanos particulares. Esta misma semana un juzgado de Alicante ha paralizado por segunda vez el desahucio de Josefina que vive de alquiler con sus dos hijos, uno de ellos en silla ruedas, en el barrio de Los Ángeles . «Durante la pandemia me quedé sin trabajo y tuve varios retrasos en el pago del alquiler. El propietario me dijo que me fuera buscando otra vivienda, a pesar que yo le dije que quería pagar todo. Yo sé que ésta no es mi casa», explicó Josefina a este diario. Una vez que terminó el tiempo del contrato la maquinaria para proceder al desalojo se ha puesto en marcha, Hasta en dos ocasiones se ha conseguido frenar el desahucio, la primera cuando se planteó ante el juzgado la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban Josefina y sus hijos. «Yo quiero pagar pero también me tienen que dar alguna alternativa, porque los precios que hay ahora mismo yo no los puedo asumir», aseguró. Esta misma semana el juzgado iba a acometer la orden por segunda vez pero el abogado Antonio Lucas planteó que aun no se había pronunciado sobre la situación de vulnerabilidad, motivo por el se volvió a paralizar.

Goteo de casos

Esta marcha atrás se produjo un día antes del desahucio de un hombre de 73 años , que se saldó con varios heridos, entre ellos el edil de Esquerra Unida Manuel Copé. cuando la Policía intentó despejar el camino a la comisión judicial para que se pudiera ejectuar el lanzamiento. Asimismo esta misma semana, también ha saltado el caso de otra mujer a la que tras su desahucio el Ayuntamiento de Alicante realojó en un hostal junto a su marido y a sus dos hijas , pero ahora se va a quedar en la calle porque la coporación le ha dicho que no puede seguir pagando. Situación que les aboca a quedarse en la calle.

«Nos venden que los desahucios están paralizados, pero lo cierto es que hay un goteo continuo y hay desalojos muy a menudo, tanto de pisos propiedad de fondos buitre como de particulares», aseguró a este diario Raúl Font miembro del Sindicat de Barri de Carolinas que en los últimos meses ha protagonizado varias protestas de movilización ciudadana con los que han podido frenar algunos desalojos. Font señaló que existen listas de espera de años de personas que están esperando un alquiler social. «No piden que se les regale nada, sino un arrendamiento normal que puedan asumir», dijo. También instó a que la sociedad haga autocrítica porque, a su juicio, detrás de la subida de precios están el crecimiento de la vivienda turística. «Hay particulares que hacen negocio con un bien básico. Gente que tenemos cerca y deben ser conscientes de que el mercado somos todos», aseveró. Font lamentó que para las viviendas sociales hay listas de espera de años. Los alquileres han subido más de un diez por ciento en un año y ya se sitúan en torno a los 1.400 euros mensuales de media.

La moratoria en los desahucios está prorrogada hasta diciembre de 2024 y se aplica cuando la persona que va ser desalojada justifique que se encuentra en situación de exclusión social. «No es un proceso automático. Esto se tiene que acreditar en el juzgado y el propietario por su parte también tiene que acreditar que se encuentra en esa situación, ya que ha habido casos en los que la persona que se iba a desahuciar tenía más recursos que su arrendador», explicó a este diario José Vicente Puchol , miembro de la sección de Derecho Civil del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante y experto de propiedad horizontal. Ha llegado el juicio y todavía los Servicios Sociales no habían dictado el informe de vulnerabilidad.

Aunque aún falta por hacerse pública la estadística del Consejo General del Poder Judicial con los datos del total del año 2023, las fuentes judiciales consultadas por este diario señalaron que la tendencia ha sido de ligero descenso. Aun así, la provincia de Alicante está a la cabeza en número de desalojos en toda la Comunidad Valenciana. A pesar de que el ritmo de desahucios ha bajado este año, se estima que el descenso ha sido del 16,4 por ciento. Hay un promedio de 300 órdenes al trimestre. La presidenta del Colegio de Procuradores, Pilar Fuentes, que suelen estar a pie de calle en cada caso de desahucio señaló que ellos sí han notado un descenso de los desalojos.

Informes de vulnerabilidad

En los casos en que se detecta una posible vulnerabilidad en el momento en que se va a ejecutar el desahucio y el juzgado no se ha pronunciado, el desalojo suele quedar paralizado para dar traslado al juez y que lo haga. En el caso de que haya habido un pronunciamiento expreso y el magistrado no haya visto acreditada esa vulnerabilidad el desalojo se acaba ejcutando. A juicio de Puchol esos infomes se están retrasando, hasta el punto de que se llega a juicio sin que se disponga del documento. "Tendrían que estar en diez días, pero se tarda mucho más". Puchol evidenció la saturación que tienen los servicios sociales municipales ante el gran número de solicitudes. "En Alicante están desbordados, pero otras ciudades más pequeñas tienen menos casos, pero también menos medios", dijo.

En su opinión, otro de los problemas es que la Administración Pública no ha introducido el número suficiente de viviendas sociales. "Para crear más pueden tardar unos cinco años y hoy por hoy no se están construyendo", dijo. En este sentido recordó que hahay numerosos casos de quejas ante el Síndic de Greuges de afectados porque se reúnen requisitos pero no hay viviendas.

El tenso desahucio de un hombre de 73 años en Alicante deja entre los heridos al concejal de Esquerra Unida

El letrado señaló que por protocolo en el caso de grandes tenedores que piden el desahucio se debe acudir a una mediación para intentar dar una solución extrajudicial. Aunque algunos de los arrendatarios se eían obligados a acreditar que no eran grandes tenedores. "Se intenta establecer un equilibrio entre los derechos de los inquilinos y de los arreendatarios, porque tambien un particular no tiene por qué asumir la falta de medios de la Administración dejándoles que se queden en la casa, señaló.

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