Educación reclama al Gobierno que asuma la financiación para aplicar la Ley Orgánica del Sistema Universitario

La Conselleria de Educación, Universidades y Empleo ha mostrado su disconformidad con el plan del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para aplicar la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU) y ha exigido a la ministra Diana Morant que asuma la financiación necesaria para su aplicación. 

Así lo ha señalado el director general de Universidades, José Antonio Pérez, tras la reunión que ha tenido lugar este jueves en el ministerio junto a representantes del resto de comunidades autónomas para analizar el primer borrador para la estabilización de 4.200 nuevos profesores ayudantes doctores en los próximos cuatro años, necesarios para compensar la reducción de la dedicación docente que la LOSU impone a los profesores asociados.

En concreto, para la Comunidad Valenciana la adecuación de sus universidades públicas a las exigencias establecidas en la LOSU tendrá un coste estimado de 35 millones de euros.

Insuficiente

En este sentido, la propuesta del ministerio, "además de insuficiente, resulta parcial ya que solo se centra en la adecuación de la carga docente y la dedicación de los profesores asociados sin plantear soluciones al resto de cuestiones que demanda el cumplimiento de la norma estatal", señala Educación en un comunicado.

“Reclamamos al Gobierno que asuma la financiación que supone adaptarnos a esta nueva norma. Las autonomías no tienen que asumir el coste de una ley estatal que se ha aprobado sin previsión económica” ha manifestado José Antonio Pérez. 

En este sentido, el director general de Universidades ha señalado que “la ministra Diana Morant debe ser realista y no lanzar medidas sin ser consciente del coste económico que va a tener y cómo eso va a afectar a las diferentes comunidades. Además, en una primera reunión indicaron que la Administración central asumiría 2/3 partes del total y, en esta ocasión, se indica que el ministerio solo asumirá las 2/3 partes durante la primera anualidad, recayendo en las comunidades autónomas el resto del coste en las siguientes anualidades”.

“Es sorprendente que el ministerio haya propuesto un sistema de reparto en el que el peso de la financiación para aplicar la ley recaiga en las comunidades autónomas” ha añadido Pérez. 

Descontento

Por otra parte, el director general ha señalado el descontento de los asistentes a esta reunión de trabajo ya que durante la sesión, cuando aún no habían intervenido todos los sectores implicados, "se ha conocido la publicación de una nota de prensa desde el ministerio dando por supuesto un acuerdo con las comunidades autónomas que ni se había tomado, ni la comisión de trabajo tenía capacidad" para adoptar.

“Sin duda, esta filtración ha suscitado el desconcierto de los representantes de las comunidades autónomas, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y los propios sindicatos que, durante su intervención, habían expresado su disconformidad con la propuesta del Ministerio” ha añadido José Antonio Pérez. 

Por último, el director general de Universidades ha lamentado “la falta de previsión, la improvisación y el escaso rigor del gabinete que dirige Diana Morant, que ha quedado de manifiesto al conocer los asistentes a la comisión de trabajo que las disposiciones transitorias que van a permitir dilatar la aplicación de una parte de la LOSU ya se habían mandado al Congreso, ya que se iban a realizar en el texto de la futura ley que regulará las enseñanzas artísticas y el plazo para la presentación de enmiendas a este texto legal concluye este mismo sábado”.