Los amarres con tarifas para Tabarca, en el aire un año después al no resolverse la concesión

El proyecto del campo de boyas ecológicas para regular con tarifas los amarres en la isla de Tabarca está enquistado desde hace un año y sin visos de que pueda ser una realidad en el corto plazo. La Conselleria de Transición Ecológica asegura que tiene proyecto pero que la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, sigue sin aprobar la solicitud de concesión para que se pueda ejecutar el plan del Consell sobre la reserva marina.

 En vista de las fechas que son, a escasos dos meses de la temporada alta, y a las puertas de la campaña electoral, clubes náuticos como el de Santa Pola, así como usuarios de embarcaciones y vecinos de la isla presienten que este verano no será realidad esta regulación, por lo que volverían a sufrirse capítulos de masificación que los residentes llevan años reivindicando que amainen. 

Precisamente se cumple más de un año desde que en abril trascendiese que la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat había tramitado esta solicitud ante Costas. Fuentes de este departamento autonómico sostienen que la administración central no les ha dado explicaciones concretas a este retraso para dictaminar si se aprueba o no la petición de ocupación de dominio público marítimo terrestre. 

Reunión fallida

Es más, explican que esta pasada semana había prevista una reunión entre el secretario autonómico de Transición Ecológica y técnicos de la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre, que finalmente se ha aplazado, y donde se quería tratar el tema para buscar soluciones. Este diario ha tratado de contactar con Costas para conocer los motivos de esta paralización, sin éxito. 

Mientras desde la conselleria sostienen que el proyecto está redactado, pendiente de licitación y que la ejecución sería de uno a dos meses para instalar dos campos «con una previsión inicial de 121 boyas». 

Desde el club náutico de Santa Pola sostienen que desde hace prácticamente un año no han recibido ninguna novedad «y presumimos que nos pasaremos otro verano más sin tener solución encima de la mesa sobre la regulación del fondeo y más en tiempo preelectoral», sostiene Pascual Orts, presidente del club. 

Recuerda que en las alegaciones reclamaban más atraques porque veían insuficientes los proyectados, de la misma forma que se ofrecían a gestionar el funcionamiento del campo de boyas. Sin embargo, podría ser finalmente la Cofradía de Pescadores de Santa Pola y Tabarca las que se encarguen de la gestión al tratarse de entidades de carácter social y ubicarse el campo de boyas en zona competencia de la Secretaría de Pesca. 

 En aquellas primeras reuniones la Conselleria trasladó a la institución náutica que se impondría una tasa para amarrar en la isla y que los propietarios de barcos tendrán que reservar espacio por turnos por una aplicación, todo para proteger la reserva, la primera de España, así como las praderas de posidonia oceánica.

Incertidumbre

Desde la asociación de vecinos de Tabarca confiesan que tienen gran desconocimiento sobre los planes del Consell con los amarres e indican que han solicitado que les informen en qué afectará la regulación a los residentes que tienen barco, pero no han obtenido respuesta, según la versión del colectivo. 

En aquellos primeros contactos al club náutico le transmitieron que se habilitarían unas 150 boyas, repartidas entre la playa de Tabarca y el entorno detrás del puerto. Unas 110 irían en exclusiva para embarcaciones de recreo y el resto para las tabarqueras, como las que vienen de Benidorm o Torrevieja, que sí que fondean, o barcos de la Guardia Civil o el servicio de Aduanas.

Tarifas

No han trascendido las tarifas, cuantía que posiblemente dependerá de la eslora de la embarcación y que esperan que no sea cuantiosa con afán recaudatorio, siguiendo, así, modelos similares como el balear donde se establecen unas tasas que van de los 18 a los 45 euros.

También se anunció entonces que se estaba desarrollando una aplicación para que el usuario pueda reservar su amarre, un sistema digital que incluiría una cartografía marina que remarque lugares permitidos. Con ello se evitaría uno de los mayores conflictos, porque se delimitaría el tipo de barco y las horas que pueden usarse para evitar momentos de tensión entre propietarios, ya que por el simple movimiento de las olas han llegado a chocar buques porque no se respetaban las distancias mínimas.