Benidorm remite a la Generalitat la contrata de basura para resolver las discrepancias entre sus técnicos

La falta de acuerdo entre distintos departamentos técnicos del Ayuntamiento de Benidorm para desbloquear de una vez por todas la nueva contrata de limpieza viaria y recogida de basura ha llevado al alcalde de Benidorm, Toni Pérez, a recurrir a València para que medie en este conflicto e indique qué criterio debe primar.

Así, el Consistorio benidormense ha remitido a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico el expediente completo del nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria para que sea este departamento autonómico quien resuelva las discrepancias técnicas existentes.

Así lo ha trasladado el alcalde Toni Pérez a los grupos de la Corporación en una junta de portavoces celebrada este martes y, posteriormente, lo ha dado a conocer a la opinión pública a través de un comunicado.

Como ya contó hace semanas este diario, el Ayuntamiento de la ciudad turística se ha quedado sin tiempo para licitar esta megacontrata, cuyo coste superará los 330 millones en un periodo de 15 años, antes de finalizar el año, lo que obligará a establecer una nueva prórroga del contrato, la quinta, con Fomento de Construcciones y Contratas, que está caducado desde 2018, a pesar de las deficiencias que desde hace tiempo arrastra el servicio.

Para intentar poner fin a este culebrón que enfrenta a Intervención con el resto de departamentos municipales, entre ellos Secretaría, Ingeniería o Contratación, el Ayuntamiento ha solicitado a la Dirección General de Presupuestos de la Secretaría Autonómica de Hacienda que “emita los informes previos a la resolución de discrepancias”, para de este modo “avanzar, con la máxima transparencia y con todas las garantías, en la tramitación de este contrato que es clave para Benidorm”, según ha apuntado Toni Pérez.

Para ello, se han remitido a este órgano cerca de 130 ficheros, entre los que se incluyen los pliegos de condiciones y los numerosos informes emitidos a lo largo del expediente por los departamentos de Ingeniería, Secretaría, Contratación e Intervención.

El alcalde ha indicado que “en toda la tramitación de este expediente se ha actuado siempre con rigor y transparencia. Ahora además, y aunque no es preceptivo, queremos dar aún más garantías y reclamamos el dictamen de una instancia superior que se pronuncie sobre este contrato”, que ya cuenta con el visto bueno de la Junta Superior de Contratación Administrativa, dependiente también de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.

A pesar de ese visto bueno, las discrepancias técnicas se han mantenido y “por eso recurrimos a la Dirección General de Presupuestos de la Secretaría Autonómica de Hacienda, que es el órgano competente, para que establezca qué criterio debe primar y, a partir de ahí, seguir adelante con la licitación de este contrato”.

Como ya señalara el pasado mes de julio, Toni Pérez ha incidido en que la recogida de residuos y la limpieza viaria del espacio público “es uno de los grandes e importantes servicios de la ciudad”; y de ahí que de cara al nuevo contrato –de 15 años de duración– “hayamos consultado a todos los órganos superiores correspondientes” acerca del pliego de condiciones y de los pasos administrativos a dar en todo momento.

Un pliego, ha recalcado de nuevo, “absolutamente técnico, muy trabajado, que ha gozado de una amplísima participación de todos los agentes de la ciudad, y que atiende y cubre las necesidades del Benidorm de hoy y del futuro”. Asimismo, el primer edil ha hecho hincapié en que el nuevo contrato está adecuado a las leyes autonómica y nacional de residuos y a la directiva europea; normativa de “obligado cumplimiento” y que contempla sanciones para aquellos municipios que no cumplan.

“Queremos cumplir con la normativa de residuos, queremos mejorar la imagen de la ciudad, queremos contribuir a mejorar el medio ambiente y avanzar en sostenibilidad; y para todo ello es indispensable contar cuanto antes con un contrato adaptado a la realidad y con proyección de futuro, ya que el actual no cubre las necesidades ni los estándares de calidad que exige una ciudad y un destino turístico como Benidorm”, ha agregado.

El origen de las discrepancias

 Aunque las disputas entre los técnicos municipales con respecto al nuevo pliego de las basuras vienen de largo, el origen del nuevo bloqueo del expediente debido a las discrepancias deriva del último informe emitido el pasado mes de julio por el Interventor, incorporado al expediente minutos antes de iniciarse un pleno extraordinario convocado por el alcalde para aprobar los pliegos de este contrato, donde alertaba de que la nueva contrata podía poner en peligro la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del Consistorio, al prever un notable aumento en los costes del servicio pero sin especificar las fórmulas con las que se pretende elevar los ingresos o reducir los gastos.

Y, en el peor de los casos, cifraba ni más ni menos que en 130 millones de euros el desajuste que se podría llegar a producir a lo largo de los 15 años en los que estaría previsto prolongar el servicio. Igualmente, el funcionario reprochaba a los redactores de los pliegos que no habrían hecho los deberes, al no haber incorporado un anexo concretando las medidas para obtener estos ingresos extra, entre los que mencionaba, inevitablemente, un incremento de la tasa de basura, que ahora asciende a 112,74 euros por vivienda, «para su completa financiación».

Además, el técnico destacaba también otros aspectos del pliego, como los 15 años de duración prevista y que no deberían exceder de los 8 o 10 años; la construcción de una base logística; la falta de un anteproyecto de explotación; la composición de la mesa de contratación o los criterios de adjudicación, entre otras cuestiones, aspectos que, a su juicio, beneficiarían a la actual empresa sobre el resto de licitadores. 

Pese a la contundencia de sus afirmaciones, fuentes municipales respondieron que todo lo que mantenía el informe de Intervención ya se había apuntado en otros informes previos de este mismo departamento y que se trataba de afirmaciones que ya habrían sido resueltas o contestadas por otros técnicos, como el secretario municipal o los responsables del órgano gestor del contrato, del que forman parte también técnicos de las áreas de Ingeniería o Contratación, por lo que consideraban que el mismo no venía más que a buscar una nueva paralización del expediente.

Sin embargo, desde entonces, ni se ha vuelto a convocar el pleno ni se han producido avances, lo que ha llevado ahora al gobierno local, del Partido Popular, a poner el asunto en manos de la Conselleria de Hacienda para que sea ella quien diga qué criterios deben primar.