Altea llevará a la Fiscalía Anticorrupción la concesión de la zona azul firmada en el año 2000

El Ayuntamiento de Altea ha dado un paso importante para anular la concesión de la gestión integral del servicio público de aparcamientos (ORA o zona azul, grúa municipal y depósito de vehículos) que, para un periodo de 60 años, se le otorgó el 29 de diciembre de 2000 a la empresa Asterita Inversiones, S.L., mercantil que desde el 10 de diciembre de 2020 se denomina con el nombre de Asa Parkings, SL.

El pleno de la corporación municipal celebrado este jueves ha aprobado, con los votos favorables de Compromís, PSOE, Altea amb Trellat, y Ciudadanos, y la abstención del PP, presentar ante la Fiscalía Anticorrupción “todos los hechos relativos al contrato de la concesión administrativa”, además de “declarar la concurrencia de culpas de las dos partes con el fin de depurar posibles responsabilidades”, según ha indicado el concejal de Infraestructuras y Escena Urbana, Diego Zaragozí Llorens. El edil ha aseverado que si el Ministerio Fiscal “hace firme la sentencia, se procederá a la liquidación del contrato de la grúa y el depósito de vehículos, además de liquidar y suspender la ejecución del contrato en lo relativo al abono de los gastos por grúa y depósito en donde la concesionaria nos reclamaba 25 millones de euros, de los que hemos pagado ocho”.

Altea inicia la caducidad del contrato de la zona azul, la grúa municipal y el depósito de vehículos

Zaragozí ha recordado la sesión plenaria del pasado 27 de abril en donde se dio cuenta del dictamen emitido ocho días antes por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana (CJCCV) que consideraba “la nulidad del contrato y convenio firmados en 2000, pues es injusto y abusivo en cuanto a que favorece a una de las partes en perjuicio de los intereses públicos y de la Hacienda Municipal, además de ser ilegal y leonino”, y ha aseverado que el informe del CJCCV “nos obliga por el bien del pueblo de Altea a presentar y denunciar el expediente ante el Ministerio Fiscal”.

Desde el PP, Pedro Barber ha indicado que la concesionaria “reclama 17 millones de euros por la grúa y el deposito de vehículos. En 2019 tuvo unos ingresos de 630.000 euros con unos beneficios de 370.000 euros, un margen de beneficio del 60% que ha producido un desequilibrio económico a favor de la mercantil y en contra de los intereses del Ayuntamiento”. Diego Zaragozí le ha agradecido a Barber la aportación de esos datos y ha hecho hincapié en que “somos el único Ayuntamiento que paga por tener grúa, zona azul y depósito de vehículos, en vez de cobrar estos servicios”

En cuanto a la denuncia ante Fiscalía, el concejal popular ha manifestado que “no entendemos que se remitan todos los hechos al Ministerio Fiscal, sobre todo a diez días de las elecciones municipales, por lo cual nos parece un acto electoral que no tiene mucho sentido”. Barber ha añadido que “no sabemos si se van a trasladar los hechos que se entienden como punitivos de los concejales que adoptaron el acuerdo de adjudicación en el pleno del 29 de diciembre de 2000 [entre 1995 y 2007 el PP gobernó con mayoría absoluta], ni sabemos si se va a denunciar al secretario municipal o al técnico de contratos del año 2000”, y ha vuelto a remarcar que “trasladarlo todo al Ministerio Fiscal responde a un interés electoral”.

Zaragozí ha respondido que “el hecho de que se lleve la concesión ante Fiscalía no responde a una decisión electoralista ni política. Es una decisión que no tomamos nosotros, sino que es el Consell Jurídic Consultiu quien dictamina claramente que hay culpabilidad por las dos partes y que hay posibles irregularidades en la concesión. Nos dice que la empresa concesionaria fue en principio la menos preparada. Y el hecho de que haya caído esta cuestión en estas fechas es casual”.

El edil de Compromís ha añadido que “defendemos los intereses de nuestro pueblo. No vamos contra ninguna persona. Se trata de un asunto lo suficientemente grave como para que todos estemos de acuerdo en que se ha de solucionar, porque a nadie tiene que olvidársele que a la concesión aún le quedan 37 años de vigencia y la reclamación por parte de la empresa de más de 20 millones de euros, además de que ya se le han pagado 7 millones, supone el gasto de los presupuestos municipales de un año en Altea”.

Descubriendo irregularidades en la concesión

Zaragozí Llorens ha afirmado en el pleno que “cuando entramos a gobernar el Ayuntamiento en 2015 detectamos presuntas irregularidades en el contrato de concesión. Y ha medida que se ha escarbado en estos años hemos visto que todo era más extraño y dañino para los alteanos, y por ello en junio del año pasado trasladamos toda la documentación al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana para que dictaminase al respecto. Dictamen que recibimos el pasado 19 de abril, y del que hablamos en el último pleno”.

Respecto al acuerdo plenario de la concesión en diciembre de 2000, Diego Zaragozí ha dicho que “al parecer, el acuerdo del pleno fue correcto, pero parece ser que las incorrecciones vinieron a posteriori con contratos que se hicieron fuera del pleno. Hay una concesión del año 2000 y unos tratos de 2003 y 2004 que han perjudicado sobremanera al pueblo de Altea. Y si se ven indicios de un posible delito, se llevan ante la Fiscalía. No se llevan nombres y apellidos porque no los hay. Hay un hecho, y si el CJCCV nos recomienda presentarlo ante el fiscal anticorrupción, no podemos evitarlo”.

El edil de Infraestructuras y Escena Urbana ha insistido en que el tema de la concesión “ha perjudicado a Altea porque no tenemos los cinco aparcamientos públicos acordados en el contrato que tenían que hacer, y porque nos piden 25 millones de euros, de los que ya hemos pagado 7 y que a lo mejor no teníamos que haber abonado. Todo esto es muy grave. Y los concejales en su totalidad debemos defender los intereses de los alteanos y no estar aquí para mirarnos el ombligo”.

Antes de la votación, Diego Zaragozí ha aseverado que “deberíamos de estar de acuerdo todos en este pleno para desatarnos de unas ligaduras que, no lo olvidemos nadie, le quedan 37 años de vida todavía a este contrato leonino”. Finalmente el PP ha votado abstención, mientras que el resto de grupos políticos han votado a favor de trasladar ante la Fiscalía Anticorrupción la patata caliente de la zona azul.