De las dilaciones de la Justicia no siempre tiene la culpa quien la administra. Buena prueba de ello es lo que ayer ocurrió en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde estaba señalada la deliberación de los recursos interpuestos contra las condenas en uno de los procesos de la CAM, el de las dietas del expresidente Modesto Crespo. Una sesión que tuvo que suspenderse por el incidente de recusación a una de los miembros del tribunal presentado por la defensa del exdirector general Roberto López Abad el día antes cuando de la composición del tribunal se tenía conocimiento desde hacía al menos diez.
Además de Crespo, que admitió haberse embolsado indebidamente los 600.000 euros que la caja le pagó como dietas sin serlo, y de López Abad, quien según la sentencia ideó la fórmula de esa remuneración encubierta, en esta causa están condenadas otras cuatro personas: los tres miembros de la comisión de retribuciones que dieron el visto bueno a los emolumentos (Antonio Gil-Terrón, Martín Sevilla y Luis Esteban), y quien fuera secretario del consejo de administración de la caja, José Forner. Año y medio de prisión para los cuatro exconsejeros, dos años y medio para López Abad y nueve meses para Crespo, quien el último día hábil antes del juicio pactó con la Fiscalía admitir los hechos y devolver el dinero en cómodos plazos a cambio de no ingresar en la cárcel.
Contra el fallo todos los condenados presentaron recursos que ayer habrían quedado deliberados de no haber instado la defensa de López Abad la recusación de la magistrada Carmen Lamela, cuya «imparcialidad objetiva» cuestiona por haber tenido conocimiento de otras piezas de las siete abiertas por la gestión de la CAM en la Audiencia Nacional.
El incidente de recusación se presentó anteayer, un día antes del señalado para la vista, cuanto la composición del tribunal se conocía desde hace más de una semana. Presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, de él formaban parte Pablo Llanera, Eduardo Porres, Vicente Magro, que además es el ponente, y la cuestionada por la defensa de López Abad Carmen Lamela.
La instrucción de la pieza de las dietas de Modesto Crespo, en la que se llegó a encausar a la totalidad del consejo de administración de la caja hasta sumar el proceso 21 acusados (de los que quince fueron absueltos), la inició el entonces titular del juzgado Central número tres y hoy abogado ejercicio Javier Gómez Bermúdez. Pero la investigación se trasladó de Madrid a Alicante antes de que Lamela ocupara el juzgado de Bermúdez tras ser nombrado juez de enlace en Francia.
A instancias del fiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol, que fue quien lo planteó, la pieza viajó hasta el juzgado de Instrucción número cinco de Alicante. Y fue su titular, el magistrado Manrique Tejada, quien concluyó la investigación y dejó el caso listo para su enjuiciamiento. El juicio se celebró en la Audiencia de Alicante entre mayo y junio de 2018, la sentencia se conoció en noviembre de ese año y ayer, de no haberlo impedido la recusación de Lamela, habría quedado visto para sentencia en el Supremo.
Los negocios del Caribe, pendientes también de los recursos
La de las dietas de Modesto Crespo no es la única causa de las abiertas por la gestión de la CAM que se encuentra pendiente de la decisión del Tribunal Supremo. Ahí también está recurrida la sentencia que condenó a los exdirectivos Roberto López Abad y Daniel Gil y a los empresarios Juan Ferri y José Baldó a dos años de prisión a cada uno por los negocios de la CAM en el Caribe. La absolutoria de las relaciones con Hansa no se ha apelado.
