El interventor advierte de otros 31 contratos o servicios municipales sin fiscalizar en 2022 en Elche

El equipo de gobierno aprobó el pasado año 31 expedientes sin la fiscalización del interventor municipal que correspondía, según ha contabilizado el fedatario público en un informe anual del que el equipo de gobierno va a tener que rendir cuentas en el pleno del próximo lunes junto al de control interno referente al año 2021 que ha puesto en evidencia 628 facturas sin fiscalizar (de 10.500 que se analizaron). 

El técnico ha descartado, de nuevo, hechos susceptibles de irregularidades administrativas y de responsabilidades penales o contables, pero ha reiterado al ejecutivo local recomendaciones para mejorar la contratación, la gestión de los contratos menores o la ejecución de las inversiones. En 2019 el PP utilizó uno de esos informes para denunciar al ejecutivo local por fraccionamientos de contratos, pero el asunto fue archivado por la Fiscalía y por Antifraude.

Entre los 31 expedientes de 2022 señalados por intervención por haber omitido el control estipulado se encuentran servicios y suministros cuyo procedimiento de contratación se encontraba en trámite. Fue el caso de la limpieza de dependencias municipales y centros escolares, teleasistencia, vales de emergencia, servicios auxiliares para eventos culturales, tratamiento contra plagas, telecomunicaciones, entre otros, que se siguieron prestando de forma provisional con la omisión de los pertinentes trámites de contratación. 

También destacan dos expedientes de contratos menores que sobrepasaron el importe adjudicado y otro que, por error, no quedó formalizado a pesar de haberse tramitado electrónicamente (caseta de la Ciudad Deportiva, la calefacción de instalaciones deportivas y la Cabalgata). Asimismo, hubo expedientes (que sumaron un valor total de 740.234,60 euros) que sobrepasaron el límite establecido para las compras simplificadas, un límite para evitar, entre otras cosas, fraccionamientos de contratos. Igualmente, el interventor ha advertido sobre servicios prestados por empresas municipales, consorcios o concesionarias públicas para los que no existía suficiente consignación presupuestaria (1.023.428,32 euros); de servicios contratados o prestados mediante convenio que sobrepasaron los importes o plazos previstos (247.949,33 euros); de expedientes de concesión de ayudas acordadas en 2022 que correspondían a convocatorias de ejercicios anteriores (126.735,56 euros).

La barraca municipal de agosto, otra vez señalada

A estas incidencias se suman otros tres expedientes que obtuvieron reparos del interventor. Uno fue por la adjudicación del contrato para reparar la cubierta del colegio El Palmeral, pese a que la empresa licitadora no había superado el 50% del umbral de la puntuación exigida. Otro fue por el contrato del montaje de la barraca municipal de las fiestas de agosto que va a ser elevado al Consell Jurídic Consultiu, después de adjudicar a una mercantil que no estaba inscrita en el Registro Oficial de Licitadores, el contrato y el tercer reparo del interventor fue por los 600 servicios extra que realizó la Policía Local el pasado año que supuso un incremento retributivo de los servicios superior al límite del 2% previsto. 

La edil de Gestión Tributaria, Patricia Maciá, explicó que todas estas advertencias van a ser comunicadas al Tribunal de Cuentas y aseguró que respecto a las recomendaciones lanzadas por el interventor se han puesto más medios aunque siguen necesarios más. En cuanto a los 31 expedientes señalados, la concejala socialista explicó que el funcionario público ha indicado que los departamentos justificaron los motivos por los que se omitió la fiscalización, certificaron que los servicios y suministros fueron llevados a cabo de buena fe y que los precios se ajustaban al del mercado. 

Además, los departamentos informaron de que la suspensión de dicho hubiera supuesto un perjuicio para el interés general.