Una plataforma nacional estudia medidas judiciales y elevar al Ministerio la supresión del carril bici en Elche

Una plataforma nacional integrada en la Federación Europea de Ciclistas está estudiando elevar la batalla contra el desmantelamiento de los carriles bici de Elche y de otras ciudades de España hasta el Ministerio de Transportes. La batería de medidas que ConBici contempla para tratar de revertir la decisión del equipo de gobierno de PP y Vox en la localidad incluye además denuncias administrativas y judiciales o requerimientos al defensor del pueblo por «vulnerar un servicio para la ciudad y un espacio seguro», según su gerente Laura Vergara.

Contrainforme

La Coordinadora en defensa de la bicicleta, en apoyo a Margalló Elx-en Bici, ha elaborado un «contrainforme» en respuesta a la justificación que ha dado la Policía Local de Elche para eliminar el carril bici de la calle Juan Carlos I. Según su portavoz, la entidad está abierta a estudiar acciones más contundentes con todas las ciudades afectadas en la defensa de la movilidad sostenible. El colectivo que representa a 70 asociaciones de toda España, ha advertido de que el informe de la Policía Local «ha obviado todas y cada una de las oportunidades» que ha generado la infraestructura ciclista y rechaza que este informe justifique una acción que consideran desproporcionada. Es más, tilda de «sesgado» y» elaborado con el objetivo de justificar un compromiso electoral y partidista» el documento firmado por el jefe policial.

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Diez páginas

La coordinadora en defensa de la bicicleta ha argumentado en un documento de diez páginas que el desmantelamiento de los carriles bici está basado «en un falso mito de la disonancia contradiciendo la responsabilidad del conductor definida en la Ley de tráfico, si el problema son los coches mal aparcados, la solución no puede ser retirar una infraestructura ciclista».

En primer lugar, esta plataforma contradice los argumentos de la Policía Local sobre el peligro de la bidireccionalidad de los carriles de Juan Carlos I, José María Buck, avenida de Alicante y de Pedro Juan Perpiñán para la circulación. Según la asociación, se está «culpabilizando a los usuarios más vulnerables que son los que caminan o circulan con la bicicleta, como si los conductores no tuvieran la responsabilidad en los siniestros que se han detectados en los carriles bici».

Además, el colectivo indica que el informe policial insinúa un posible problema de bloqueo de la vía debido a la falta de atención de los conductores de vehículos a motor a la hora de aparcar. Sin embargo, el contrainforme advierte de que «ese riesgo no es tal, puesto que la anchura del carril bici permitía el acceso de los servicios de emergencia como se demuestra en la siguiente imagen». Esto demuestra, según ConBici, «un intento por parte del informe de la Policía Local de responsabilizar a la infraestructura ciclista de un problema que sin embargo, podía resolver con una eficacia impecable puesto que es capaz de acoger la circulación de vehículos de grandes dimensiones como furgonetas de reparto, así como de ambulancias y otros servicios de emergencias».

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Alternativas

Como sugerencia, ConBici apunta a que si el Ayuntamiento hubiera convocado un encuentro y la Mesa de la Movilidad como corresponde antes de llevar a cabo acciones como esta, se habrían sugerido medidas como la retirada del cordón de servicio para aparcamiento o el refuerzo de la señalización del límite con una campaña de sensibilización y promoción del transporte público. Respecto a la fluidez del tráfico y los vehículos de grandes dimensiones, Conbici ha detectado que se ha obviado el verdadero problema: la ocupación de la infraestructura ciclista. La plataforma nacional se pregunta: ¿cuántas sanciones a vehículos a motor parados o estacionados en el carril bici se han interpuesto?

Además, los defensores de la bici defienden que para solucionar el problema del reparto de mercancías se podría haber propuesto espacios para carga y descarga en calles perpendiculares a la infraestructura, plazas de aparcamiento de rotación. Por último, contradicen a la Policía Local en su argumento de que el estrechamiento de carriles genera estrés para el conductor. La plataforma defiende que la «Norma de carreteras 8.3-IC Señalización de Obras desde 1989» recoge el estrechamiento de carriles es una estrategia para limitar la velocidad de los vehículos.