Urbanismo activa la legalización de cinco viviendas en el Camp d’Elx pero aún hay un centenar de peticiones atascadas

 Las Cortes Valencianas aprobaban a principios de 2019, con el Consell del Botànic, una reforma de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, más conocida como Lotup, que permitía la legalización de en torno a unas 350.000 viviendas construidas de forma irregular en toda la autonomía. Entre las condiciones, que la construcción fuera anterior a agosto de 2014, que tuvieran uso residencial y que careciera de una orden de demolición confirmada.

Ahora, cinco años después, los propietarios de cinco viviendas construidas fuera de ordenación y situadas en el Campd d’Elx, en concreto en las pedanías de Torrellano Alto, Matola, Algoda, Valverde Bajo y La Hoya, pueden por fin beneficiarse de esta modificación legislativa. Todo después de que el Ayuntamiento haya activado el proceso para legalizar estas cinco construcciones. 

Bloqueo

Sin embargo, como explicó el edil de Urbanismo, todavía queda un centenar de peticiones en algunos casos registradas desde 2021, y que todavía permanecen atascadas. «A partir del 1 de enero de 2022 se podría haber empezado con este procedimiento que se va a poner en marcha, pero desconozco los motivos por los que no se iniciaron los trámites», señaló el edil de Urbanismo, Francisco Soler. «Lo único que podemos hacer nosotros es, conforme vemos algo, ponernos a actuar», añadió.

Sea como fuere, el caso es que estos primeros cinco expedientes de viviendas unifamiliares pasarán por el pleno municipal que se celebra este lunes, para lograr una declaración de situación individualizada de minimización de impacto territorial. Cinco por ahora, señaló el concejal, porque en estos casos no eran necesarias aclaraciones adicionales para activar el procedimiento. 

Segunda fase

Recibido el visto bueno por parte de la Corporación, se iniciará una segunda fase en la que el propietario debe solicitar la licencia de minimización de impacto territorial y de ocupación, con su correspondiente estudio de integración paisajística, el análisis de las afectaciones y riesgos ambientales, o las medidas correctoras propuestas para evitarlos, entre otras cuestiones. «Una vez aprobados los expedientes por el pleno, las cinco parcelas tendrán que cumplir una serie de requisitos: tener unas condiciones edificatorias básicas, justificar la presencia de un vertido de aguas residuales legal, como una depuradora, un depósito estanco o un alcantarillado, y disponer de vegetación alrededor de las construcciones», señaló el responsable municipal de Urbanismo. Eso es lo que permitirá legalizar el inmueble. Ya en una tercera fase, y cumplidas las dos anteriores, llegará el momento de solicitar la cédula de habitabilidad.

Próximos plenos

La intención es ir dando salida al resto de expedientes en los plenos de los próximos meses, para tratar de desbloquear la situación de ese centenar de expedientes pendientes lo antes posible. Lo que no se atrevió a cuantificar Francisco Soler es el número de construcciones que podrían acogerse a esta «amnistía urbanística», más allá de las peticiones presentadas hasta la fecha en el Ayuntamiento de Elche, aunque el anterior equipo de gobierno -PSOE-Compromís- siempre mantuvo en el anterior mandato que el término municipal ilicitano es uno de los que más construcciones fuera de ordenación registra, hasta el punto de que las situó en unas 20.000.

Sí sentenció Francisco Soler que «este Ayuntamiento cumple con la ley, ejerciendo el derecho que se les da a los ciudadanos y, en este caso, a los propietarios de estas viviendas».

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