El exalcalde de Santa Pola niega el «enchufe» de afines en una clínica

Miguel Zaragoza, quien fuera alcalde de Santa Pola por el PP entre 2003 y 2015, se sienta desde ayer en el banquillo de la sección XI de la Audiencia, junto a otras siete personas, entre ellas los exconcejales Loreto Cascales y Jorge Perelló, que lo fueron en su mandato de las áreas de Gran Alacant y de Personal, para aclarar dos cuestiones fundamentales. Una es si «enchufó» a familiares y afines en un consultorio público que pagaba una clínica como fórmula de concesión porque la empresa estaba en suelo municipal. Y dos, por qué si por ese acuerdo la concesionaria debía satisfacer 10.920 euros anuales a las arcas públicas y gestionar servicios sanitarios básicos, como urgencias de los vecinos de Gran Alacant o bajas de funcionarios, nunca abonó cantidad alguna.

La Fiscalía Anticorrupción, representada por Pablo Romero, le acusa de los delitos de prevaricación en relación concursal con fraude y de cohecho o, subsidiariamente, en el caso de no ser contemplando este último, de prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios. Hasta 8 años y medio de prisión para que el fuera regidor le solicita la acusación pública, que se quedó sola cuando el Ayuntamiento de Santa Pola se retiró de las actuaciones tras la llegada a la Alcaldía de Loreto Serrano (PP), en 2019. 

Fiscalía

Considera la Fiscalía que los acusados estaban en connivencia para todas estas irregularidades, quizá la más llamativa, que colocara como administrativos en distintas etapas y sin selección a tres personas con vínculos con el PP o a un familiar directo. Dos de ellos saltaron de la clínica a la política, uno a asesor y el otro a concejal; mientras el tercero era la hermana de Zaragoza, quien tenía relación con Perelló. Estos tres supuestos beneficiados también se sientan en el banquillo.

Fue un juicio amargo cuando el alcalde en su defensa tuvo que declarar que no se habla con su hermana desde años antes de ser regidor. «Somos once hermanos y no sabría explicar los motivos», dijo. Ella, a pocos metros de él, lloraba desconsoladamente, lo que obligó a parar la vista un instante. «Me pueden decir tonto por no saber que mi hermana estuvo mucho tiempo de baja (en el consultorio), pero es que ella ni quería que yo lo supiera», añadió. Sobre los otros dos contratados dijo que los conocía, pero que en un municipio donde el PP sacaba el 62 % de votos, «eso es lo normal». 

Sumario

El que fuera alcalde testificó por más de una hora negando una tras otras las aseveraciones de la Fiscalía, que tiene que tejer una relación entre los hechos y las declaraciones para probar sus acusaciones. La primera jornada del juicio deja en el aire una pregunta, ¿sabe un alcalde todo lo que pasa en su Ayuntamiento?, ¿toma él todas las decisiones?. Anticorrupción cree que así era con Zaragoza, que era perfectamente conocedor de lo que pasaba y daba las órdenes.

Este, en cambio, en varias ocasiones durante la testifical contestó que «lo que conozco de la clínica es por la lectura del sumario». 

Reuniones

El fiscal tiene que conseguir probar que el regidor y el responsable de la clínica, también procesado, estaban de acuerdo y que ese desconocimiento que este alega es falso. De hecho, Zaragoza dijo no haberse reunido con él más que una vez y que lo hicieron en el Ayuntamiento a petición de Perelló porque no le justificaban las bajas laborales y necesitaba de informes. Eso dio pie a uno de los dos momentos más tensos del interrogatorio. Cuando el fiscal aseguró que ese día había llamado «necios» a los responsables de la clínica, algo que Zaragoza negó de forma taxativa:«Si usted me conociera un poco sabría que yo no diría eso nunca». La segunda fue cuando Romero citó a la mujer del procesado como trabajadora del consultorio, hecho que nada tiene que ver con la causa. Zaragoza estaba visiblemente enfadado por la frase del fiscal y precisó que su esposa es personal estatutario de Sanidad.

Concesión

Una cosa curiosa que se supo ayer es que el convenio nació porque cuando Zaragoza llegó a la Alcaldía se encontró con un problema heredado de la anterior corporación, del PSOE, que antes del cambio de alcalde reconoció en una junta de gobierno que existía allí una clínica sobre suelo público y que no pagaba nada a las arcas municipales. Zaragoza heredó ese problema, buscando una solución a través de un convenio de concesión al cual solo se presentó esta empresa. La que estaba y ganó.

La Fiscalía no entiende cómo de la concesión no aparece liquidación alguna del canon o al menos compensaciones y lo eran con periodicidad anual. Por qué la empresa no pagaba o el Ayuntamiento no le exigía el pago pero sí se cambiaron las condiciones del acuerdo. Y de todo ello ve claramente una trama organizada entre los acusados con Zaragoza como supuesto «cabecilla». El alcalde durante 12 años dejó la vida pública en 2018.