La limitación de destinar un máximo del 3% del suelo no urbanizable común de cada municipio para ubicar plantas fotovoltaicas sería suficiente, en términos globales, para poder desarrollar el 80% de los proyectos que se están tramitando actualmente en la provincia de Alicante. Así lo indica la mayoría de expertos en energías renovables, técnicos municipales de Urbanismo, representantes políticos y colectivos ecologistas consultados por este diario.
Pero hay excepciones. El tope del 3% podría resultar insuficiente en aquellas localidades que hayan recibido solicitudes para acoger centrales solares de grandes proporciones -las que superan los 50 megavatios- y que, sin embargo, tengan clasificado como suelo no urbanizable común una superficie muy reducida de su término municipal.
Son los casos, por ejemplo, de Monóvar, Salinas y Orihuela. En la capital comarcal de la Vega Baja hay diferentes proyectos en tramitación para instalar paneles fotovoltaicos en un total de 140 hectáreas. Sin embargo, en función de la nueva normativa solo se podrían destinar a tal fin 27 hectáreas porque el suelo no urbanizable común es exiguo.
También en Monóvar los planes de las compañías energéticas para ubicar sus instalaciones excede del 3%. Este municipio del Medio Vinalopó dispone de 8.500 hectáreas de suelo no urbanizable por lo que únicamente se pueden utilizar 176 hectáreas para desarrollar plantas solares. Sin embargo, las peticiones exceden con creces esa superficie. Únicamente las dos centrales fotovoltaicas de mayor potencia ya ocuparían 320 hectáreas. A lo que habría que añadir otras tres de menor tamaño que ocuparían 30 hectáreas más. Y lo mismo ocurre en la vecina localidad de Salinas.
Por su parte Xixona, una de las poblaciones de l'Alacantí con mayor presión, ronda el límite del máximo permitido. No obstante en el conjunto de esta comarca no se supera en ningún caso la limitación impuesta por el Gobierno valenciano a pesar de que son 1.000 las hectáreas solicitadas dentro de los términos municipales de Xixona, La Torre de les Maçanes, Busot, Alicante, San Vicente del Raspeig, Agost y Mutxamel.
El caso de Villena resulta paradigmático porque, para la instalación de paneles fotovoltaicos, se acota un máximo de 500 hectáreas de un término municipal que alcanza las 34.500 hectáreas, de las que 16.000 corresponden a suelo no urbanizable común. Aunque el número de peticiones que las compañías han presentado en el Ayuntamiento durante los dos últimos años han llegado a superar la treintena, en estos momentos solo hay sobre la mesa siete proyectos y la Conselleria de Medio Ambiente ya ha rechazado una decena, mientras que en al menos otros cinco pesan informes sectoriales negativos. En este contexto también la ciudad que ostenta la capitalidad de Alto Vinalopó podría asumir las instalaciones de energía solar sin exceder el máximo del 3%.
Cabe puntualizar al respecto que los cinco términos municipales con mayor superficie en la provincia son los de Orihuela con 365,36 kilómetros cuadrados; Villena con 345,38 km; Elche con 326,5 km; Alicante con 201,27 km y Xixona con 163,76 kilómetros cuadrados.
La modificación que el Consell ha introducido en la normativa vigente, a través del Decreto Ley 1/022 de Medidas Urgentes en respuesta a la Emergencia Energética y Económica originada en la Comunidad Valenciana por la Guerra de Ucrania, busca clarificar la situación a la que se enfrenta la Comunidad Valenciana ante la avalancha de solicitudes de instalación de plantas fotovoltaicas en sus respectivos municipios.
Los grupos ecologistas valoran de forma positiva que se otorgue a los ayuntamientos más herramientas legales y administrativas para poder revisar los proyectos solares, pero también consideran que el 3% es una cantidad muy elevada ya que, en el conjunto de la Comunidad Valenciana, supone ocupar 12.000 hectáreas con paneles solares.
La proporción autonómica alcanza por tanto las 20 hectáreas reservadas para captar la energía fotovoltaica por cada uno de los 600 municipios que hay aproximadamente en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Sin embargo no todos los términos son susceptibles de acoger plantas solares por diferentes razones. Entre ellas orográficas, urbanísticas, ambientales, técnicas, económicas y territoriales. Precisamente por eso la proporción supera las 20 hectáreas por localidad.
"Decreto trampa"
Entre esos motivos hay uno nuevo, que viene recogido en el propio Decreto Ley 1/022, y que se refiere al suelo con capacidad agrológica elevada o muy elevada. Es decir aquellos terrenos que permiten el cultivo de una amplia gama de cultivos, o cualquier otro tipo de aprovechamiento con una alta productividad.
Pues bien, el Gobierno valenciano ha decidido "blindar" este tipo de suelo para evitar la implantación de instalaciones solares. Las zonas que gozan de tal consideración se encuentran, básicamente, en la costa valenciana y la comarca de la Vega Baja. Por lo tanto, el interior de la provincia de Alicante queda al margen de tal protección y eso implica que la proporción de las 20 hectáreas por población experimenta un nuevo incremento.
Es uno de los motivos por los que los ecologistas califican a la nueva normativa como "decreto trampa". Y también advierten de que, a partir de ahora, las promotoras van a ejercer un presión mucho más intensa sobre los municipios porque, precisamente, se enfrentan a una menor disponibilidad de terreno para llevar a cabo sus planes energéticos.
Para Antonio Martínez, presidente del grupo naturalista Heliaca y portavoz de la Plataforma Stop Plan Solar Vinalopó, el horizonte que se ha marcado la Generalitat Valenciana para llegar a producir 6.000 Megavatios en 2030 se puede conseguir perfectamente colocando paneles fotovoltaicos en las cubiertas de las empresas de los polígonos industriales, así como utilizando los espacios que quedan libres en infraestructuras urbanas como canalizaciones, embalses, vías, conducciones y carreteras. "De este modo también se evitaría dañar el paisaje y generar problemas de salud con las líneas de alta tensión que se necesitan para evacuar la energía desde las centrales solares hasta las subestaciones eléctricas", apunta Martínez.
Los grupos verdes también cuestionan la celeridad con la que el Consell está tomando decisiones en materia de energías renovables. Mantienen que todavía queda margen de tiempo para actuar y recuerdan que la situación actual tiene su origen en el impuesto del sol del PP, que frenó los planes de muchas familias de comenzar a realizar instalaciones en sus hogares para conseguir la ahora ansiada autosuficiente energética.
