La excúpula de Interior de Cataluña da un espaldarazo al exconsejero Buch en el juicio por el escolta de Puigdemont

El exdirector general de la policía de la Generalitat de Cataluña Andreu Joan Martínez, el exsecretario general de la Conselleria de Interior Brauli Duart y el exjefe de gabinete de este departamento Pere Ferrer han dado este jueves un espaldarazo al que fue su 'conseller' Miquel Buch en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona por haber fichado como asesor al sargento de los Mossos, Lluís Escolà, que, según la fiscalía, hizo de escolta de Carles Puigdemont en Bélgica cuando este había abandonado España. El fiscal reclama seis años de prisión y 27 años de inhabilitación para el 'exconseller' por los delitos de malversación y prevaricación, así como cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación para el agente investigado.

Duart no solo avaló el procedimiento seguido para contratar a Escolà como asesor, sino que aseguró que le había visto en numerosas ocasiones en el departamento, más que otras personas, mientras que el jefe de gabinete de Interior de la época explicó que el sargento iba a la sede de la Conselleria y siempre estaba disponible, de forma presencial o telefónica, cuando se le requería, en contra de lo que sostiene la fiscalía. Este último testigo precisó que el agente acusado había realizado y entregado por correo electrónico o personalente informes sobre varios asuntos para que llegaran a Buch. Tanto él com otros exaltos cargo de Interior dijeron desconocer que Escolà hiciera servicios de protección a Puigdemont. "Yo no tengo constancia de esos viajes porque los haría a titulo personal y no pidió nada al departamento", recalcó el exsecretario general.

La carta al Ejecutivo español

Duart y el director general de la policía aclararon, además, que una carta remitida en julio de 2018 a la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella Gómez, para que se procediera a activar un servicio de protección para el expresidente en Bélgica se hizo por orden de la Conselleria de Presidència y no por indicaciones de Buch, tal y como señala la fiscalía en su escrito de acusación provisional. El director general insistió en que no le comunicó de forma oficial al entonces 'conseller' la remisión de esa misiva porque entraba dentro de sus competencias, aunque no descartó que le hiciera algún comentario. "No tiene porque saberlo mi superior jerárquico", recalcó.

Este testigo también desvinculó su resolución de concluir el expediente a Escolà por haber ayudado a Puidemont a salir de España en el 2017. "No recibí ninguna indicación para hacerlo", subrayó. La tramitación de ese expediente, a su entender, se hizo en los términos habituales. En su opinión, las medidas impuestas al sargento, como el tralado a una comisaría de Sabadell o la pérdida de puesto en el área de escoltas, "eran letales profesionalmente hablando", descartando que fueran benevolas.

Las prerrogativas como expresidente

La declaración de Duart era una de las más esperadas en el juicio, al haber sido secretario general en Interior con Buch. El testigo explicó que en la Conselleria se tenía la convicción que igual que se le había otorgado otras prerrogativas como expresidente a Puigdemont, también se le debía aplicar un servicio de seguridad. De ahí, la carta que el director de la policía remitió en julio de 2018 a la secretaria de Estado de Seguridad. El exsecretario general precisó que Buch si conocía que se había realizado esta solicitud. "Todos teníamos claro que se le tenía que dar si se podía hacer", declaró el exalto cargo de Interior. "Nos dijeron que no, pero continuamos insistiendo, pero el Ministerio no modificó esa situación y no se envió a ningún mosso", aseveró.

Duart relató paso a paso los trámites que efectuaron para hacer asesor del 'conseller' Buch a Escolà. Así, especificó que se aplicó el sistema ordinario del departamento y se supervisó el nombramiento siguiendo las indicaciones de Buch, que quería para ese puesto a un experto en seguridad. "Buch quería un perfil que hubiera pasado por el cuerpo de Mossos y sondeaba a peersonas que conocía de su trayectoria político-personal", añadió. Concretó que normalmente los agentes de policía son "reticentes" a aceptar el escargo porque tienen una carga política. A preguntas de la defesa, el exsecretario general justificó la elección de Escolà como asesor porque su perfiel era "perfectamente adecuado" y rechazó que esa elección tuviera que ver con la negativa de Gobierno español de ejecutar el protocolo de seguridad a Puigdemont, porque la única vía era las "legalmente establecidas". El juicio continuará este viernes y está previsto que declare por videoconferencia el expresidente catalán.