La lengua como discriminación

Decía Vázquez Montalbán que la lengua, salvo la estofada, es siempre un negocio. Y lo es, claro que lo es. Basta ver y entrar un poco a considerar lo que subyace detrás de reivindicaciones de apariencia toda, para entender que hay más en lo que se tapa que en lo que se expone. La semana pasada Casado y Sánchez, cada uno por su lado, lanzaron dos propuestas que han pasado casi desapercibidas, pero que tienen una incidencia importante en la vida de las personas, siendo la del primero casi silenciada ante el ímpetu irresistible de lo políticamente correcto. Propone Sánchez que los trabajadores que conozcan las lenguas cooficiales cobren un poco más que aquellos que solo dominen el español, aunque lo sea a niveles cervantinos y tengan en su haber un premio nacional de literatura. Si otro, analfabeto en la lengua castellana, chapurrea el vasco o el catalán, cobrará más que el ilustre y universalmente reconocido por su prosa o verso. Pura ortodoxia. Por su parte, Casado ha planteado la necesidad de suprimir el conocimiento de las lenguas cooficiales como requisito para el acceso a la función pública en toda España, argumentando la discriminación que supone para los solo castellanohablantes respecto a los que conocen las lenguas vernáculas de sus territorios. Estos últimos pueden concurrir a cualquier plaza de España en los lugares donde no hay lenguas cooficiales, mientras que los primeros solo a aquellas ofertadas en sitios donde no existan tales lenguas. Los más favorecidos son los que hablan cualquier modalidad de catalán, que pueden concursar en todas partes, menos en Galicia y País Vasco. Los vascos, en toda España, menos Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Los gallegos, igual que estos últimos, salvo Galicia. Y, en fin, dentro de poco, los asturianos se verán en parecida situación si el bable alcanza el rango de lengua cooficial. Un galimatías. Pedir a un español de los territorios que no hablen una lengua cooficial que aprenda todas es tan absurdo como imposible. Y negar a los españoles en general que sufran las prohibiciones de acceso a la función pública en casi la mitad de España, parece un disparate difícilmente justificable cuando el español es la lengua oficial del Estado y todos tienen el deber de conocerla. Que a algunos les guste más utilizar la cooficial, vale, pero que ese gusto impida a varios millones de ciudadanos acceder a la función pública, vulnerando el artículo 23 de la CE, debería ser abordado a conciencia. Si a todo eso unimos que en las comunidades con lengua propia, esta es utilizada de forma muy diversa y que muchos ciudadanos no la conocen, resultará que, por ejemplo, los valencianos bilingües tienen una posibilidad mucho mayor de ser funcionarios que los que no saben más idioma que el español. Un valenciano no bilingüe es igual que un andaluz. Y, a su vez, un valenciano bilingüe, tiene muchas más posibilidades de ser funcionario en España que otro. Vistas así las cosas y la imposibilidad de que se solucione este asunto, por ser muchos los intereses en juego, propongo que se equilibren las exigencias. Por ejemplo, en Andalucía no hay lengua propia, aunque algún obtuso quiso introducir el árabe. ¡País! Pero, sería justo que cuando vayan a Andalucía un catalán, vasco o gallego, se examinen de todos los acentos y hablas de cada zona, dominándolos a la perfección, sin faltar ni uno. Que hable como los cordobeses, malagueños o gaditanos. Y si no, a la calle. Cuando lo hagan a Extremadura, que sepan chapurrear el castúo. Si a Murcia, el panocho. Si van a Castilla León, como no conozco lengua propia, acreditar quince anualidades de cofrade en las procesiones de Zamora. Y todo a nivel superior y con título acreditativo, como hacen los demás. Dicen que los jóvenes españoles se tienen que marchar fuera para trabajar y que la culpa es del sistema. No dudo de que la tenga, pero también y mucho, la sandez revestida de derechos históricos o histéricos, según el caso. Porque es más fácil a un joven universitario ir a Francia que a Bilbao si no sabes euskera y tienes ocho apellidos vascos como poco. Encima les exigen movilidad geográfica, pero la imposibilitan si no conoces el idioma del lugar. Tela los ideólogos. Los jóvenes españoles, si quieren ser funcionarios en este país en condiciones de igualdad con otros, deben estudiar todas las lenguas cooficiales, las vigentes y las que se anuncian en el futuro. Tal vez, las nacionalidades, regiones, naciones oprimidas y demás modalidades paridas en eso de la identidad sacada de madre que carecen de lengua propia, por unificar, podrían establecer como cooficial el latín. Y que vascos, catalanes y gallegos tuvieran que enfrentarse a tan hermosa lengua para ser bedeles en Murcia o Madrid. Reivindico el latín, por tanto, como lengua cooficial a los efectos de acceder a las plazas funcionariales para todos aquellos que tienen la suya. Justo es y equitativo. Deben comprenderlo los que parten con ventaja. Eso de la discriminación positiva, que es discriminación, se soluciona con otra también positiva. Y son ya tantas que lo de la igualdad parece un chiste.

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