Cuatro años más

Una vez puesto en marcha un nuevo Gobierno progresista de coalición y prometidos su cargos los ministros y ministras del Reino de España, el inicio de una nueva legislatura comienza a tomar forma. Son muchas las leyes que quedaron pendientes de aprobación tras el parón de la convocatoria de elecciones generales tras el batacazo que para la izquierda supusieron las elecciones autonómicas. Contra todo pronóstico, Pedro Sánchez volvió a resurgir cual Ave Fénix en unas elecciones generales adelantadas y tras la investidura fallida de Alberto Núñéz Feijóo, el presidente consiguió armar una mayoría estable para poder gobernar cuatro años más. La derecha española continua en shock incapaz de haber asumido que a pesar de que todas las encuestas que encargaron les deban por ganadores con capacidad para formar Gobierno, los electores les dieron con la puerta en las narices cuando ya se veían atravesando los jardines de la Moncloa. ¿Y que creía el Partido Popular, me pregunto, que iban a augurar las empresas demoscópicas, algunas de ellas simples chiringuitos, a las que pagaron generosas sumas de dinero por hacer encuestas de dos o tres mil personas?

La gran duda que se irá resolviendo a medida que la legislatura avance es si Feijóo va a poder permanecer en la presidencia del Partido Popular o si Isabel Díaz Ayuso dará el hachazo definitivo para hacerse con las riendas del PP. Las salidas de tono de ambos dirigentes expresa la desesperación en la que andan sumidos los principales rostros del PP que ya se veían de ministros y en direcciones generales. Los españoles, tozudos ellos, han rechazado de manera mayoritaria que el ultraderechista Santiago Abascal fuese vicepresidente del Gobierno. Los insultos de Ayuso, normalizando en el Congreso de los Diputados lo que antes se decía en la barra de un bar, que Feijòo diga del presidente que está trastornado, ahondando en la campaña de despersonalización de Pedro Sánchez dirigida por la extrema derecha español, así como las manifestaciones de franquistas a las puertas de las sedes del PSOE en ciudades de toda España, son producto de la escasa capacidad de digerir que tiene la derecha y la ultraderecha al cerciorarse de que no van a gobernar España. Recomiendo que se les medique un medicamento digestivo de amplio espectro.

Las peticiones de auxilio de la derecha ante las instituciones europeas y la masiva publicación de mensajes en las redes sociales alertando de una supuesta inminente llegada de una dictadura a España enternecen por su inanidad y por su carácter infantil. La ley de amnistía, si produce los efectos que realmente busca, supondrá el fin de las tensiones en Cataluña provocadas por los independentistas que representan algo menos de la mitad de la población catalana. Su efecto principal traerá la paz social a Cataluña para varias generaciones y resolverá en el ámbito político lo que nunca debió ser enjuiciado por jueces poco proclives al diálogo y a los acuerdos. La transición democrática en España se cimentó gracias a la concordia, a la ausencia de venganza y al establecimiento de unas normas que fueran respetadas por todas las tendencias políticas. Con esta ley de amnistía se pretende, y creo que se va a conseguir, que el independentismo se integre de manera definitiva en el Estado español. Las ideas pueden convivir unas con otras por muy distintas que sean. La derecha española con su política de odio y rencor puesta en marcha durante los gobiernos de Mariano Rajoy y las medidas y comentarios racistas expresados por políticos madrileños, como fue la ridícula campaña para que de dejasen de comprar productos catalanes, alentó el enfrentamiento entre españoles de una manera que recordó a los años previos a la Guerra Civil española.

El Partido Popular debe asumir el resultado de las últimas elecciones generales y que la formación del actual Gobierno cumple con todos los requisitos legales y constitucionales que los españoles nos dimos tras el fin de la dictadura franquista. Podrá gustar más o menos pero el Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar es legal y no tiene nada de dictatorial ni de ilegítimo. Lo que sí que es anticonstitucional e ilegal es la negativa del Partido Popular de renovar el Consejo General del Poder Judicial desde hace cinco años. Eso sí que es un flamante incumplimiento de la Constitución. Se estuvo a punto de llegar a un acuerdo en la anterior legislatura, cuando aún se dejaba entrar en la sede del PP de la calle Génova a Pablo Casado y a Teodoro García Egea, pero unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso echaron por tierra este último intento. Sorprende que todas esas brillantes mentes, todos esos catedráticos, todas esas asociaciones conservadoras de jueces y fiscales, todos esos empresarios que se mostraron contrarios a una ley de amnistía sin haberla leído, no hayan dicho ni una sola palabra de la negativa del PP a renovar el CGPJ.